La derrota electoral en el DF parece tener un efecto liberalizador para el jefe de Gobierno. Esta semana ajustó su gabinete. Miguel Ángel Mancera remacha que la remodelación corresponde a sus valoraciones y, en efecto, tiene un sello más personal que el anterior, aunque no viene acompañado de los criterios para evaluar su desempeño que ofreció cuando pidió la renuncia a todos. Pero logra diferenciarse de la parálisis del gobierno federal y la especulación mediática sobre el significado del gabinete como cara visible de su política y de las alianzas de gobierno.
De los nuevos rostros, pero sobre todo de los que permanecen, se advierte la construcción del proyecto personal de Mancera, que ya había adelantado su interés de ir por la Presidencia, incluso como independiente. Pero cualquier aspiración hacia 2018, por mínima que sea, pasa por mantenerse como interlocutor con los partidos tras la debacle electoral y la pérdida de la hegemonía del PRD en la capital los últimos 17 años. En efecto, las elecciones dejaron una nueva geografía política en el DF y Morena, como vencedor de ellas, ahora tiene la mirada puesta por encima de la administración local.
El desdén de Morena y confrontación por denuncias de apoyo irregular al PRD debieron pesar en la definición de alianzas. En medio del conflicto postelectoral en varias delegaciones decide reubicar a la titular de Desarrollo Social, Rosa Icela Rodríguez, a la que el PRD señala de actuar a favor de Morena, y sustituirla por uno de sus hombres más cercanos, el exconsejero jurídico José Ramón Amieva, sin experiencia en esa materia, pero ubicado ahora en una plataforma hacia la sucesión en 2018. Sobre todo, retiene en el gabinete a uno de su gran confianza, al exsecretario de Gobierno Héctor Serrano, cuya cabeza ha pedido Morena tras acusarle de operar fraudes en la elección. Y lo ha puesto en un sector, el de movilidad, importante para la obtención de recursos de áreas donde tradicionalmente permea la corrupción con el transporte público y taxistas.
Las señales revelan una política de contención del avance de Morena en su principal zona de influencia y plataforma hacia 2018. Esta estrategia le ofrece diversos aliados en la ALDF, donde ahora Morena es la primera mayoría con 22 diputados, uno más que el PRD. El PAN y el PRI apoyarían la política de frenar a Morena con el PRD, en virtud de su negativa a pactar con sus antiguos compañeros de partido. En ese esquema destaca la llegada de Patricia Mercado a la Secretaría de Gobierno, con formas distintas de hacer política de su antecesor, dialogante y capaz de incluir a la diversidad de intereses de los partidos y llegar a acuerdos. A la vez que también es un mensaje a Morena porque en 2006 tuvo los votos en la elección en la que López Obrador cree que le habrían dado el triunfo. Y tiene en su historial la defensa de causas como la despenalización del aborto o la igualdad de derechos de la diversidad sexual, temas que le disgustan a López Obrador y que le sirven al PRD para diferenciarse del antiguo líder.
El PRD responsabiliza a Mancera de su derrota en el DF, pero no puede permitirse el fracaso de su gobierno al que llevó al poder en 2012. Va en el mismo barco y, por eso, tiene que apoyarlo hasta el final, aunque ya no lo vea como su opción para 2018. Pero hoy otra vez comparte el objetivo común de parar a Morena, aunque implique reconfigurar alianzas en el interior del PRD e incluso abrirse a acuerdos con el PRI y el gobierno federal.
Del ajedrez de Mancera lo que está por verse es si, en efecto, reconstruye una alianza para recuperar la mayoría en el DF y los resultados de sus nuevos rostros, como la excandidata priista Laura Ballesteros o el exdiputado Jorge Gaviño de Nueva Alianza, en áreas y servicios que afectan a la ciudadanía como el transporte o el Metro. Al final, del éxito de esas políticas públicas para el ciudadano dependerá la gobernabilidad y su destino.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 20 de Julio de 2015, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
