Pocos temas tienen la importancia para la agenda pública mexicana como la corrupción por el daño que causa, por su carácter extendido, por su persistencia y por la manera en que ha corroído la democracia en el país.
Como han dicho sus principales investigadores, se trata de un problema sistémico, no es un asunto de unas cuantas personas incrustadas aquí o allá, de tipos aislados sin escrúpulos, sino del establecimiento de una red, de un fenómeno que exige operadores, alianzas, complicidades profesionales o profesionalizadas.
Por ser uno de los principales males de nuestra vida pública su combate ha adquirido una enorme centralidad en la discusión académica y política. Así, en la última década se crearon estructuras administrativas novedosas como el Sistema Nacional Anticorrupción (27 de mayo de 2015); programas, centros de estudios especializados (como el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de la Universidad de Guadalajara, en octubre de 2020) y, no menos importantes, organizaciones dedicadas al escrutinio, la documentación y la difusión pública de eventos, redes y casos completos de malversación, desvío de los recursos públicos en beneficio de la apropiación privada.
El rally persecutor
En marzo de 2024, sin notificación alguna de por medio, la doctora Casar se llevó la primera sorpresa: la pensión a la que tiene derecho en Pétroleos Mexicano (Pemex) por viudez tras la muerte de su esposo (el economista Carlos Márquez Padilla, que allí trabajaba) le fue abruptamente suspendida, luego de ¡19 años!
Así, de la nada, repentinamente y sin mediar aviso ni explicación institucional, Casar vio conculcado un ingreso al que tiene derecho dada la responsabilidad y el contrato de su marido. ¿Por qué?
El atropello coincide (es en realidad un eco convertido en medida del gobierno) de la publicación del libro de AMLO, anunciado por él mismo el 7 de febrero de 2024,1 en cuya página 100 se lee:
“Ahora trato un asunto muy penoso porque involucra a la señora María Amparo Casar Pérez, quien ahora sustituyó a Claudio X. González hijo en una organización que lleva el nombre, con mucho cinismo, de Mexicanos Contra la Corrupción. Resulta que el 7 de octubre de 2004, el esposo de la señora Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla García se suicidó tirándose desde un edificio de Pemex en la Ciudad de México. Como es de rigor, el perito en materia criminalística dio fe de los hechos exponiendo en el acta que «el occiso realizó maniobra de suicida para privarse de la vida».
“Por este lamentable caso, la señora Casar, acompañada de Héctor Aguilar Camín, se entrevistó con el procurador Bernardo Bátiz para pedirle que cambiara el acta, modificando lo de suicidio por accidente para de esa manera podía (sic) cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. Bernardo contó sobre esta petición y coincidimos en que eso era incorrecto. Sin embargo, el infuyentismo se impuso”.
Carlos Márquez Padilla, por su nivel como funcionario y de acuerdo con su salario (entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de la petrolera), había plasmado en su contrato que la aseguradora —no Pemex— pagaría los gastos del seguro de vida, mientras que la empresa asumía la pensión de viudez vitalicia, así como una ayuda de educación para sus dos hijos “en tanto demuestren que estén estudiando y máximo, hasta los 25 años de edad”.
Cuando ocurrió el fatídico suceso, la Procuraduría del entonces Distrito Federal, encabezada por Bernardo Bátiz, descartó por completo que el hecho se tipificara como homicidio. Cerró la carpeta de investigación al afirmar, oficialmente, que no puede determinar si la muerte fue por accidente o por suicidio.
Insisto: hablamos de un suceso ocurrido hace casi dos décadas, durante las cuales la doctora Casar recibió una pensión de manera continua, sin problemas de ningún tipo, sin retraso o contratiempo administrativo o jurídico, hasta la segunda quincena de febrero de 2024. Fue en el cruce de esos meses cuando comenzó la verdadera persecución.
En la conferencia matutina del 3 de mayo de 2024,5 el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y AMLO acusaron a Casar de haber sido cómplice de alteración y falsificación en contra de la empresa petrolera por 31 millones de pesos. Como en su libro, el presidente afirmó que ella, con Aguilar Camín, hicieron gestiones ante Bátiz para alterar el acta de defunción.
Si había una acusación legal fundada y seria, tanto el mandatario como el director de Pemex tenían sus propios cauces y amplias avenidas jurídicas para transitarlas. Pero, sin más motivo que su propio encono, ventilaron una suposición (una calumnia) públicamente, con lo que violaron el debido proceso.
Tal acción —claramente ilegal, pero también infame por sus implicaciones personales, vitales y familiares— provocó una onda de choque en la opinión pública desde el primer momento.
Este es un fragmento del texto María Amparo Casar: “No puede quedar inmaculada”, que es parte del libro Difamados y perseguidos de la 4T, de Editorial é. A la venta.
