El clientelismo electoral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contará el año entrante con 432 mil millones de pesos. Alejado de una política pública tendiente a erradicar o mitigar la pobreza y la pobreza extrema en nuestro país, el proyecto presupuestal que el gobierno presentó a la Cámara de Diputados incluye la estratosférica cantidad, con la que busca reforzar la operación política del gobierno de la 4T a través de los llamados Servidores de la Nación.
Ya está demostrado que el presidente López Obrador creó una estructura burocrática organizada no en función de la política de desarrollo social y su tarea de atender a la población en situación de pobreza y de pobreza extrema. La regionalización de los también llamados “vividores de la nación” tiene como base no las zonas de asentamiento de los sectores marginados, sino la delimitación de los distritos electorales federales y a cada brigadista se le asignan determinadas secciones electorales. Así quedó demostrado en la segunda edición de mi libro Servidores de la Nación. La operación política del gobierno de la 4T y así consta en diversas sentencias de los tribunales electorales del país.
La operación clientelar, que no sufrió mengua alguna por la pandemia de Covid-19 ni por la crisis económica que se profundizó durante la emergencia sanitaria, se ha venido reforzando desde el punto de vista presupuestal. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2022 contempla un incremento importante del presupuesto destinado a sus programas sociales, particularmente a los que están a cargo de esa burocracia dorada. En el año 2019, esta manejó un monto presupuestal de 220 mil millones de pesos, que era ya escandaloso. En 2020, el monto se elevó a 292 mil y a 323 mil en el ejercicio 2021. Para el ejercicio del año 2022, los “vividores de la nación” manejarán 432 mil millones de pesos. ¡Casi medio billón de pesos destinados anualmente al clientelismo electoral…!
Tal incremento no deviene de un fortalecimiento de las finanzas públicas que redunden en más recursos del erario para favorecer la igualdad social. Tampoco se origina en una evaluación de los éxitos y obstáculos de la política de desarrollo social. En realidad, este desmesurado incremento presupuestal, alejado de toda responsabilidad hacendaria, no responde a la lógica del abatimiento de la desigualdad, sino que se deriva solo de la lógica de la rentabilidad del clientelismo electoral.
Puesto que las encuestas muestran que las personas que se ubican en el segmento poblacional de los adultos mayores son propensas en un 60 por ciento a simpatizar con López Obrador y que, entre los beneficiarios de programas sociales ese porcentaje alcanza el 74%, la política asistencialista con fines de clientelismo electoral determinó el dramático incremento del presupuesto destinado a los apoyos destinados a quienes incursionan en la tercera edad (pensión, le dicen). Ello, en aras de la ampliación de la cobertura de ese programa en particular, con un costo presupuestado de 100 mil millones de pesos adicionales al monto asignado para ese fin en el año que corre.
La crítica desde la izquierda a esta maniobra no consiste en despotricar contra los apoyos a las personas marginadas o discriminadas, mucho menos para demeritar los destinados a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema. La denuncia debe respaldar los derechos de los marginados, pero también demandar que la política de desarrollo social se apegue al objetivo de mitigar y erradicar la desigualdad y no a las metas clientelares del gobierno en turno.
Cincelada: Leyendo tuits inventados, el inquilino de Palacio Nacional personifica cada vez con mayor fidelidad al chismoso del barrio… Sería cómico si no fuera el Presidente de la República.