Preocupa que el INAI recule en la apertura de información del caso Tlatlaya.
El gobierno mexicano ha recibido abundantes señales de organismos internacionales de derechos humanos, que no quitarán el dedo del renglón de la crisis en el país, aunque implique tensiones hacia fuera y al interior de las instituciones nacionales. Los casos graves que atrajeron su atención hacia la problemática, como Ayotzinapa o Tlatlaya, no desaparecerán de la agenda mientras estén abiertas las investigaciones y haya castigo para los culpables, incluidos militares en el combate al crimen. Así le sería difícil apostar al olvido.
Eso último también lo sabe. Tendrá que aceptar la sanción a militares implicados en más de 200 expedientes sobre violaciones a derechos humanos en organismos y tribunales internacionales, a pesar del malestar que causa entre las Fuerzas Armadas y el impacto en su imagen al ser señaladas en casos de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, en el último informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EU.
La protección de derechos humanos, como recordaba un alto funcionario de la OEA, está fuera de discusión de la agenda de las democracias del siglo XXI. En todo caso, el tema es cómo garantizar su plena vigencia. Y la primera condición es el derecho a saber sobre la investigación de crímenes y averiguaciones de los presuntos culpables, especialmente por los bajos índices de juicios y condenas, así como la dificultad para obtener información.
Esta semana, en una inusual ofensiva en medios, el general Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, salió a defender el prestigio de la institución y llamó a acelerar el juicio a los ocho militares acusados de la ejecución de, al menos, 11 de los 22 muertos en Tlatlaya. En el primer aniversario de la matanza, expresó el desagrado del Ejército de hacer labores de policía y acusó golpes a la imagen institucional, a pesar de tener que estar en la calle sin contar con el marco legal apropiado. No es difícil advertir su malestar cuando, además, adelanta que el Ejército permanecerá en las calles para garantizar el orden ante insuficiencias de la policía.
Pero su responsabilidad contra la inseguridad —que prevalece tras casi una década de guerra contra las drogas—, no hace a la Sedena ajena al derecho a saber de la ciudadanía y la transparencia como cualquier otra institución democrática. Por eso, preocupa el reclamo de la comisión especial del Congreso por el caso Tlatlaya, que no pudo llegar a conclusiones por falta de acceso a la información del proceso en tribunales militares de los soldados acusados de desobediencia; y que es paralelo al juicio civil por homicidio que lleva la PGR. Al INAI también le fue negado el acceso a información clasificada del proceso, que es fundamental para conocer la cadena de mando y deslindar responsabilidades de la matanza.
Si inquietan los obstáculos de Sedena, es más preocupante que el INAI recule en la apertura de información en torno al caso Tlatlaya, a pesar de contar con la valoración de la CNDH sobre la violación grave a derechos humanos que se requiere para abrir la averiguación previa. Su pleno se plegó a las argucias técnicas de la Sedena, que adujo que los cargos contra los soldados en sus tribunales nada tienen que ver con derechos humanos para negar la información, pues se tratarían de transgresiones a normas internas. Pero sin tener acceso al expediente clasificado por la Sedena para hacer una valoración de la negativa y dar respuesta al ciudadano que solicitó la información, como permite la reciente reforma constitucional en transparencia.
El INAI no puede olvidar que el sentido de su reciente autonomía está en poder responder al ciudadano, sobre todo cuando se trate de sus derechos humanos. Si inhibe el ejercicio de su autoridad, la autonomía será papel mojado en los próximos recursos que aún debe resolver sobre Tlatlaya.
Este artículo fue publicado en Excélsior el 02 de Julio de 2015, agradecemos a José Buendía Hegewisch su autorización para publicarlo en nuestra página
