Hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿Morena y sus aliados aceptarán un resultado que no les favorezca? ¿El presidente López Obrador estará dispuesto a colaborar con una Cámara de Diputados en la que la mayoría le corresponda a la alianza del PAN, PRI y PRD?
López Obrador nunca ha reconocido una derrota. Él cree que los descalabros electorales sólo son posibles porque se trucó el resultado y se hizo fraude.
En 2006 y en 2012 perdió. El primer caso resultó el más polémico por lo cerrado de la contienda y por los niveles de polarización que tuvieron su cresta más importante cuando se montó un plantón en las avenidas Reforma y Juárez hasta el Zócalo que tenía como propósito presionar al Tribunal Electoral respecto a la calificación de la elección.
En 2012 la diferencia con Peña Nieto hizo que los reclamos no tuvieran efecto, además de que, como ocurrió seis años antes, no se presentaron pruebas sobre las supuestas irregularidades que habrían modificado los resultados.
En 2018 no hubo problema alguno, porque el margen de victoria de López Obrador resultó contundente y porque las autoridades, el INE y el Tribunal Electoral, hicieron su trabajo de manera adecuada.
¿Esto será posible en junio próximo? Hay dos escenarios: Si Morena mantiene el margen de control en San Lázaro o lo aumenta, lo que puede ocurrir, todo transcurrirá conforme a lo estipulado en las leyes.
La otra alternativa, que sean los opositores los que logren cambiar el control del congreso y es ahí donde todo se vuelve incierto, porque es muy probable que entremos en una zona de conflicto, inédita porque ahora los que suelen quejarse están en el poder.
¿Qué ocurriría en una situación similar a la de 2006, aunque esta vez se trate de una contienda intermedia? ¿El Tribunal Electoral resistirá las presiones? ¿ Quién será capaz de garantizar la gobernabilidad democrática?
La coyuntura no es sencilla, y por eso resulta indispensable, desde la lógica democrática, el fortalecer a las instituciones que se crearon, entre otras cosas, para permitir las alternancias dentro de la legalidad y para pacificar la disputa por el poder político.
Por eso preocupa, aunque sea del todo inviable, el amago de juicio político contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama que pretenden entablas las bancadas de Morena y el Partido del Trabajo.
En el fondo, la acusación contra los integrantes del Consejo General del INE es porque el partido mayoritario no quiere que se respete la Constitución en lo que respecta a la prohibición de una sobrerrepresentación del 8 por ciento en la Cámara. Recordemos: en la actualidad Morena y sus satélites controlan el 61 por ciento, cuando en las urnas solo recibieron el 44 por ciento.
No se están cambiando las reglas, más bien se está previendo que no se viole la Constitución. En los hechos, ningún partido estará en riesgo de perder posiciones ganadas en las urnas, sino más bien, lo que no podrán es obtener lo que no les corresponde.
Ojalá y nuestra democracia tenga la fortaleza para enfrentar la crisis que ya está en camino y que se puede profundizar después del 1 de julio. Es momento de demostrar el talante democrático que todos los partidos han dicho defender, antes y ahora.
