Cuando se aprobó el diseño constitucional de la elección consecutiva de legisladores en la reforma de 2014, especialistas, intelectuales y sus propios creadores presumían que se trataba de un nuevo ejercicio de rendición de cuentas, en el que se facilitaría la profesionalización parlamentaria y la rotación pacífica de las élites en el Congreso de la Unión.
Seis años después de su entrada en vigor, la reelección legislativa sigue sin una reglamentación clara y precisa que regule este derecho de la clase política; por lo que los diputados electos en 2018 podrán contender para permanecer en su cargo por tres años más sin que hasta ahora haya más reglas que las que se aprobaron a sí mismos el pasado 26 de noviembre.
En ese escenario, Morena, como el nuevo partido dominante, tendrá la oportunidad de beneficiarse de la reelección -con ayuda de sus reglas flexibles- para perpetuar a sus liderazgos en el Poder Legislativo y así construir su “nueva casta”.
Se identifican tres mitos de la reelección legislativa que, contrario a lo que justificaban sus creadores, facilitarán a Morena mantener la mayoría en 2021:
PRIMERO. La lealtad partidista es primero, luego van los votantes. Desde la Constitución, la reelección legislativa es un privilegio al que pueden acceder los senadores y diputados que permanecen en el partido o partidos que los postularon.
Contrario a lo que se argumentó en la defensa de la reforma de 2014, las dirigencias de los partidos nunca perdieron el control para premiar y castigar a sus liderazgos locales porque son ellas quienes avalan o construyen las listas de candidatos. Son y siguen siendo, en sentido estricto, los primeros votantes.
Según lo dispuesto en el artículo 59 constitucional, los diputados electos por Morena, PT y (el ahora extinto) PES en 2018 podrán aspirar a quedarse en su cargo, al menos, tres años más, sólo si cuentan con el apoyo la dirigencia de sus partidos y, por supuesto, del Presidente de la República.
En los hechos, ningún miembro de la coalición tiene grandes incentivos para abandonar su militancia o renunciar a formar parte de “la histórica mayoría parlamentaria”, con la cual se facilita presidir comisiones legislativas, presentar iniciativas de reforma de importancia nacional, espacios en tribuna, medios de comunicación y por supuesto, recursos públicos.
Los perfiles más leales y cercanos a las élites podrán competir por tres años más de su cargo, incluso hacerlo antes de que inicie formalmente la campaña porque formarán parte de la inauguración de obras de infraestructura del Gobierno Federal, la repartición de programas sociales y la presencia en actos públicos en sus respectivos territorios.
SEGUNDO. La tentación del uso de recursos públicos para fines electorales. Los diputados que aspiren a reelegirse tendrán la posibilidad de mantenerse en sus funciones durante la campaña electoral. De acuerdo con el artículo sexto del Acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados, tendrán la posibilidad de seguir cobrando su dieta y demás subvenciones por su trabajo legislativo cumpliendo algunos requisitos, en ventaja frente a los otros candidatos que no gozan de un cargo público.
Si bien en la Constitución no existe ninguna disposición que los obligue a separarse de su cargo para la reelección -como sí lo hace para quienes compiten por primera vez al cargo, en el artículo 55-, no puede perderse de vista que los diputados de Morena y su coalición tendrán la tentación de utilizar esos recursos extras a los que tienen derecho por la naturaleza de su cargo, los cuales se combinarán con los recursos materiales y humanos que les proveerá su partido –cuyo presupuesto es, por mucho, superior al de otros- y el aparato del Estado que opera a su favor -secretarios, “superdelegados”, gobernadores, siervos de la nación y un largo etcétera-. Lo que hará muy difícil la competencia para los candidatos de oposición y pone en duda la pluralidad política para el próximo año.
El reto para las autoridades de la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será vigilar que los legisladores no utilicen a sus asesores legislativos, asistentes personales, secretarios técnicos, personal de comunicación social, e incluso papelería con cargo al erario en beneficio de su campaña.
Se trata de evitar el uso imparcial de los recursos públicos en una situación de inéditas dimensiones, en la que quizá la mayoría de los legisladores (251) se encuentre en actividades parlamentarias y al mismo tiempo de candidatos en el territorio.
TERCERO. La profesionalización legislativa como obstáculo para la 4T. Otro argumento común para justificar la elección consecutiva de los legisladores es que el periodo de tres años es insuficiente para impulsar iniciativas de reforma que den respuesta a las demandas de sus representados. Un periodo más largo, supuestamente, facilitaría la acumulación de experiencia legislativa, así como la capacidad y el cuerpo de apoyo técnico para cumplir este propósito. No obstante, hay suficientes indicios para afirmar que los legisladores de Morena podrían ser una excepción.
A dos años de su elección, la mayoría legislativa logró la aprobación de muchas prioridades legislativas del Presidente de la República, como la nueva Ley de Austeridad, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley de la Guardia Nacional, entre otras; las cuales están sujetas a revisión constitucional por la Suprema Corte por errores técnicos, abuso de competencias, violaciones al pacto federal y probables contradicciones con las disposiciones de la Constitución.
El resultado más evidente de esta LXIV Legislatura es que el avance de la llamada “Cuarta Transformación” depende de la sumisión del Congreso de la Unión. No se puede esperar que los legisladores cambien su ceguera ante los errores y abusos de la agenda legislativa del Ejecutivo si de ello depende también su carrera política, menos aún que tengan una agenda propia. Lo más lógico es esperar que la mayoría legislativa siga dejando en manos de una sola persona la responsabilidad de legislar.
En estas condiciones, ¿el INE será capaz de garantizar una elección con “piso parejo” para todos los candidatos en beneficio de los votantes? En los próximos días el árbitro electoral deberá presentar los lineamientos para salvaguardar el derecho de elección consecutiva para 2021, a falta de una ley reglamentaria y una sentencia del Tribunal Electoral. Lo que está en juego es la posibilidad de competencia entre las opciones políticas y la pluralidad democrática en medio de ambiente polarizado y una crisis económica y de salud históricas.
