Históricamente, el sistema democrático ha sido reconocido como el óptimo y eficiente para la protección de los derechos humanos porque se sustenta en la participación ciudadana, en el voto, en el derecho a decidir y, sobre todo, porque el poder no se debe centralizar en una solo persona o en un solo grupo. En México, por tanto, nuestra democracia está en riesgo.
Hoy es posible comprender y atender la multiplicidad de necesidades y demandas que se generan por los diferentes contextos que conforman el Estado. No obstante, ha sido un proceso largo el que se ha recorrido para que en México nuestro modelo democrático asegure la participación de todas y todos quienes constituimos una nación; la nación no es no es una sola ideología, no es un solo partido, y –de ninguna manera- es un solo personaje. La nación la integramos todos los grupos, todas las personas, todas las razas, todas las ideas y pensamientos. Intentar imponer una única doctrina nos encamina a la dictadura.
El llamado Plan B de la reforma electora impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador limita al Instituto Nacional Electoral (INE) para emitir acuerdos y lineamientos para establecer acciones afirmativas a favor de personas históricamente discriminadas, además reduce los espacios de representación legislativa por esta vía a 25, advirtió la Consejera Carla Humphrey Jordan.
Al participar en el Conversatorio Acciones afirmativas en favor de las personas en situación de discriminación y reforma electoral, organizado por el INE y la Librería U-Tópicas, afirmó que “estamos ante un riesgo inminente de un retroceso en los derechos humanos, los derechos político-electorales, el derecho de participación política de las personas en situación de discriminación”.
Humphrey estimó que reducir los espacios por acciones afirmativas de los 65 logrados por la autoridad electoral a 25, implica una “clara regresión e incluso violación a los derechos humanos de las personas pertenecientes a estos grupos”.
La igualdad formal, insistió la Consejera, no alcanza para cubrir los espacios necesarios para la representación política y los accesos al escenario público, por lo tanto, “tenemos que ir a la igualdad sustantiva, es decir, hacer iguales a los iguales y abonar para que las personas en situación de desventaja puedan tener acceso a estos cargos”.
Por años, hombres y mujeres hemos trabajado para configurar legislaciones y marcos normativos que instituyan, orienten y delineen el actuar del Estado y de las y los ciudadanos para que exista una democracia participativa, equitativa y justa. En este sentido, los derechos político-electorales han sido la columna vertebral de la democracia, pues han definido los mecanismos y alcances de la participación ciudadana, han determinado quién y de qué manera puede ser parte de la ciudadanía. Por lo que, revisar cómo se ha desarrollado el proceso de construcción de estos derechos a lo largo de la historia, también nos permite observar la relación entre la democracia, el estado y determinado grupo, como es el caso de las mujeres mexicanas, quienes no lograron el derecho al voto hasta 1953. Sin embargo, se ha avanzado no solo en el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, sino en aspectos relevantes que pueden fomentar o en su defecto dificultar la participación de las mujeres.
En el caso de México se pueden señalar dos aspectos relacionados con la participación de las mujeres, uno es la violencia política que han vivido especialmente en los espacios de elección popular, lo que ha dificultado su acceso a puestos de toma de decisiones. Este obstáculo se ha atendido a través de mecanismos como el reconocimiento de las brechas presentes en diferentes puestos y posiciones dentro de las estructuras del Estado, legislaciones específicas para atender y perseguir la violencia, así como las cuotas de género como medida para incentivarla. En esta investigación se abordará cómo la participación ciudadana se ha modificado de acuerdo con los modelos de gobierno a lo largo de la historia, así como las formas de participación que se han instaurado en los diferentes modelos de gobiernos democráticos. Posteriormente, se revisará cómo las mujeres han accedido a sus derechos políticos, logrando constituirse como parte importante de la sociedad y de la toma de decisiones del país, así como los derechos que se han logrado a través de las luchas y acciones que han emprendido las mujeres, con el objetivo de mejorar su entorno y bienestar.
Myriam Prado, en su libro “Las mujeres y la democracia en México” estructura lo anterior de la siguiente manera: en nuestra actual democracia hay “aciertos, obstáculos y las estrategias relacionadas con derechos de las mujeres y su participación ciudadana”. En este sentido son innegables los avances de los derechos electorales de las mujeres en México: como se ha mencionado el país ha transformado la percepción sobre la incapacidad de las mujeres para participar en la vida política del país, esta transformación se ha acompañado de legislaciones que promueven dinámicas sociales más equitativas, desde el reconocimiento de la necesidad de educar a las mujeres hasta la protección de las mujeres que son objeto de violencia política por razones de género.
Sin embargo reformas como la que se pretende no sólo son un retroceso en los derechos y alcances de las mujeres en nuestra democracia, sino que se incentiva Violencia política contra las mujeres por razones de género, pues se observa en todo el proceso electoral, desde la designación del o la candidata, hasta el momento de las elecciones, pues también está relacionado con las representaciones de género que otorgan mayor confianza en los varones para desempeñar cargos políticos, mientras que se asume que las mujeres deben permanecer en el espacio doméstico.
Hoy más que “planes B” nuestro país necesita estrategias para impulsar la participación de las mujeres: El aumento de la participación de las mujeres en el poder legislativo ha permitido que las modificaciones o los proyectos de ley que están relacionados específicamente con las mujeres sean aprobados más rápido, por lo que es importante que esta paridad se muestre en todos los órdenes y espacios de la estructura de gobierno.
