El 1 de septiembre pasado fue un día memorable por la cantidad de muinas provocadas por las contradictorias aseveraciones del Segundo Informe de Gobierno. Sí, eso ya está muy hablado, pero precisamente por el cuento de la lucha frontal contra la corrupción, traigo a colación que ese mismo día el DOF publicó un ACUERDO por el que se deja insubsistente otro Acuerdo del 2 de mayo de 2016, por el que se destinó al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 538,762.20 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en Isla Grande, Holbox, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, para uso de protección, sólo en relación con la moral quejosa Desarrollos Inmobiliarios Xunaan, S.A.P.I. de C.V., exclusivamente en la parte en que existe traslape entre los predios identificados como parcelas 19, 20, 21, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 205 y 214, ubicadas en la zona uno del Ejido Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Lo pongo completo para explicar. En 2016 la superficie fue adjudicada a la CONANP para la protección, justamente, de esos 538,762.20 m2 de zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT). En el sitio web con apellido gob.mx se nos dice que la verificación del uso, aprovechamiento y explotación de la ZOFEMAT, playas marítimas y terrenos ganados al mar, resulta estratégica por la gran extensión de litorales con que cuenta el país, así como por la riqueza de sus recursos naturales y la importancia de los ecosistemas que alberga.
Bueno, pues resulta que tras un amparo que consiguió en enero, la empresa recuperó el dominio de los terrenos al argumentar que se había violado su derecho de audiencia en 2016, cuando aseveró que eran de su propiedad. Sí, gracias al mentado Acuerdo.
Lo chistoso es que en enero, la SEMARNAT informó a la preocupada población su intención de continuar los procesos adecuados para preservar los 20 metros que corresponden a la ZOFEMAT en las 2.5 hectáreas que revisaría por el traslape con terrenos privados, pero en lugar de eso, el Gobierno Federal no defendió la soberanía en ese territorio dentro de la ZOFEMAT.
Salió el peine. La SEMARNAT entregó parte de la franja de playas pú-bli-cas, patrimonio nacional, en lugar de reponer el proceso como lo había ofrecido, y peor aún, solo basado en el amparo y no en una sentencia definitiva, a una inmobiliaria cuyo representante legal es Carlos Álvarez de Alba, también accionista de Cava Energy, donde trabaja Carolyn Adams, nuera del presidente López Obrador, ese señor que pregona: Nadie por encima de la ley.
Súmele pues otra raya más al tigre, no solo por consentir la corrupción, sino también por propiciar el despojo a las personas mexicanas de su patrimonio público, y por dejar desprotegidos los recursos naturales y los ecosistemas, como planea que ocurra con el Tren Maya o Dos Bocas, otros emblemáticos ejemplos de escala superior.
Evoca además su falta de compromiso por garantizar un medio ambiente sano: el presupuesto planteado para 2021 en protección ambiental, de la diversidad biológica y del paisaje; inspección y vigilancia del medio ambiente y recursos naturales; conservación del desarrollo sostenible y la política sobre el uso de energías renovables y disminución de contaminantes, viene ya con una alarmante reducción.
A ver si alguien le dice que en nuestra ley, el artículo cuarto constitucional dicta que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Exacto. Nadie por encima de la ley.
