Por Cristhian Jahel Hernández*
En noviembre pasado, cuando asumió como consejero de la Judicatura Federal con el objetivo de que el Poder Judicial acompañe al Ejecutivo en el compromiso contra la corrupción, el maestro Bernardo Bátiz dijo que al país le urge remontar la percepción de que la justicia mexicana se maneja en la opacidad y que es un coto impenetrable de actitudes contrarias no sólo a la ética sino a la ley.
Y es que la realidad, que en un país como el nuestro se construye a base de percepciones, ha golpeado muy duro la imagen de jueces y magistrados, a los que la ciudadanía califica como una clase distinta, que no rinde cuentas a nadie y que decide en base a intereses y no como debe ser, en base a la norma jurídica y al espíritu de la justicia.
Si bien, los hay funcionarios ejemplares como Uriel Villegas Ortiz, el juez asesinado el 16 de junio en Colima y quien llevaba los juicios de personajes ligados con del Cártel Jalisco Nueva Generación, también hay enquistados en el Poder Judicial Federal un gran número de jueces y magistrados ligados a complejos entramados de intereses entre grandes firmas de abogados y poderosos grupos empresariales.
Es evidente que el presidente López Obrador y el ministro presidente Arturo Zaldívar han sumado esfuerzos para transformar al Poder Judicial de la Federación y que ambos van muy en serio para tratar de cambiar la imagen que los ciudadanos tienen de los juzgadores, y sobre todo, para que México empiece a ser un país de leyes.
Entre los ejes presentados por Zaldívar para lograr el cambio, está apuntalar al Consejo de la Judicatura Federal, el órgano que vigila las acciones de jueces y magistrados, mientras que en la reforma anterior se proponía que el Senado asumiera un papel protagónico en la fiscalización y designación de jueces. Lo que se busca es acabar con las decisiones discrecionales en el ámbito judicial, donde se han concentrado denuncias de acoso sexual, corrupción, nepotismo, venta de plazas y tráfico de influencias durante décadas.
La tarea de cambiar al Poder Judicial de la Federación no es fácil, pero con la suma de esfuerzos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, parece que es cosa de tiempo que empecemos a ver resultados concretos, como se ha empezado a ver en los casos de “El Mochomo” y de los familiares de “El Marro”, delincuentes que con su actuar, ahora público, confirman que los grupos criminales están acostumbrados a comprar la ley.
En este esfuerzo transformador hay tres funcionarios claves de la 4T para empezar a limpiar la casa: Bernardo Bátiz, Consejo de la Judicatura; Alejandro Gertz, Fiscalía General de la República y Santiago Nieto, en la Unidad de Inteligencia Financiera. La articulación de estos tres operadores del presidente López Obrador, acompañados de un eficiente sistema de denuncia ciudadana, pondrían muy rápido en aprietos a los jueces corruptos y su margen de maniobra para torcer la ley se verá, muy pronto, reducido.
Según nos informan fuentes ligadas a la Comisión de Vigilancia del Consejo de la Judicatura hay tres jueces de distrito que estarían ya en el ojo de esta triada de funcionarios de la 4T. Estos jueces, al parecer, han ayudado a poderosos grupos económicos ligados a políticos de Atlacomulco y Metepec. Los jueces adscritos en Naucalpan, que según las fuentes consultadas están bajo investigación son: Alberto Ramírez Ruíz, René Ramos Pérez y José Álvaro Vargas Ornelas.
La batalla contra la corrupción en el Poder Judicial es inaplazable, fundamental y necesaria, pero a diferencia de la que se lleva a cabo desde el gobierno federal, debe estar exenta de los intereses políticos y electorales, o de una agenda de gobierno pensada en la próxima elección. Nada de sacar pañuelos blancos a destiempo, cuando la corrupción se sigue dando en la asignación de contratos, en la creación de empresas al vapor, en el influyentismo y en el compadrazgo que vemos todos los días.
Si se lleva a cabo con profesionalismo, se logrará rescatar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. Y eso sería un gran logro para México.
*Cristhian Jahel Hernández es abogado, experto en redes sociales para campañas electorales y activista por los derechos humanos.
@CristianJHV
