Además de exhibir el marcado sesgo informativo de un sector de la prensa y evidenciar al menos una imprudencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el litigio Infraiber-OHL se ha constituido en un caso más donde los típicos errores de actuación y comunicación de funcionarios públicos con interés específico en el tema, han contribuido a la creencia generalizada de que se está frente a otro ejemplo emblemático de la corrupción nacional.
Los elementos aportados a la opinión pública como una bien planteada estrategia de desgaste de OHL, que incluye desplegados, un inusual activismo en medios y filtración de llamadas telefónicas grabadas ilegamente, han tratado de desvirtuar el debate y las investigaciones de este asunto tratando de crear estas percepciones:
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· La empresa española es la dueña de las concesiones de las autopistas en el Estado de México;
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· La empresa se niega a auditar el paso del flujo vehicular y por eso promovió quitarle el contrato a Infraiber.
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· La empresa ya recuperó su inversión y sin embargo, seguirá cobrando una “rentabilidad garantizada” al gobierno hasta 2050 y,
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· Por si fuera poco, la empresa falsea información a sus accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores.
El gobierno federal y el propio Presidente de la República, que han sido vinculados a un supuesto y sospechoso crecimiento de los negocios del corporativo, no se han ocupado de delimitar ante la opinión pública qué tantas cosas son ciertas y cuáles falsas en los señalamientos que no de manera desinteresada, ha planteado el empresario Pedro Topete y su abogado, socio y vocero, Paulo Díez, a través de la empresa Infraiber.
La intervención de la Comisión Nacional de Valores, que ha abierto una investigación por el tema de la presunta falsedad en los informes a la Bolsa; así como las auditorías que realizan el gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Función Pública a las obras públicas que ejecuta OHL, serán en los próximos días o semanas, una oportunidad para que se llegue a conclusiones en torno a si existen o no ilegalidades.
Sin embargo, hay que admitir que cualquiera que sea el sentido de las resoluciones va a ser motivo de dudas y descalificación, porque el caso está lleno de prejuicios y de percepciones sesgadas que a estas alturas parecen bastantes consolidadas respecto de la culpabilidad de la empresa ibérica.
Casi es seguro, por cómo funciona la opinión pública, que de nada valdrá explicar ahora que OHL en realidad sólo tiene 2 de las 12 autopistas concesionadas del estado de México.
Tampoco valdrá como argumento para equilibrar el debate, que el gobierno mexiquense asuma que la auditoría del flujo vehicular en esas autopistas no la maneja OHL, y que si se rescindió el contrato a Infraiber fue porque el llamado Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular (SIVA) creado en 2011, era un negocio multimillonario entregado al empresario Pedro Topete, a través de una empresa creada apenas 90 días antes, que ni siquiera se había instalado y que sin embargo ya le estaba generando ingresos multimillonarios.
Esta última versión sería muy poco creíble porque Infraiber ha logrado posicionarse mediáticamente como una empresa víctima de una mala decisión gubernamental para beneficiar a OHL (a quien según ésta historia no le conviene auditar el flujo vehicular) y porque además, la justificación de las autoridades mexiquenses para rescindirle el contrato, publicada en el diario oficial, sólo cita como argumento que el representante legal “no fue localizado en el domicilio” proporcionado por la empresa.
Otro error de definición y actuación institucional frente a este tipo de asuntos, lo documenta el periodista Salvador Camarena en su columna “La Feria” publicada el 12 de octubre en el diario El Financiero.
Dice el columnista que en el caso Infraiber contra OHL hay varios implicados cuyas explicaciones no convencen, y cita al actual secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Gerardo Ruiz Esparza, quien ejercía el mismo cargo en el gobierno del Estado de México cuando se autorizó a Infraiber un contrato sin licitación de por medio.
“Cuando Ruiz Esparza dejó el cargo, para irse al gobierno federal, dejó autorizado un contrato por el monitoreo del tráfico vehicular en las autopistas mexiquenses, a una empresa que fue creada tres meses antes de la firma del convenio, que no contaba con experiencia en ese trabajo, y a la que se le otorgaban todos los beneficios, es decir, a Infraiber”, expone.
Como aquí se ha señaado, el contrato fue firmado en marzo y consideraba pagarle a Infraiber 25 centavos por cada automóvil monitoreado. Cinco meses después, el propio Ruiz Esparza o sus funcionarios, promovieron un incremento de 25 a 50 centavos y ampliar el plazo de vigencia del contrato de 20 a 30 años. Eran los tiempos de la buena estrella de Infraiber.
Cuando estalló el problema y se canceló el multimillonario contrato valuado en 4 mil millones de pesos, según estimaciones del periodista Raymundo Rivapalacio, el empresario Pedro Topete optó por hacerse la víctima y lanzar la feroz campaña mediática contra OHL que todos hemos visto, para presionar al Gobierno del estado de México a fin de que le devolvieran el contrato.
En los momentos más duros de esa crisis que ha terminado por afectar no sólo la imagen gubernamental sino la de las inversiones españolas en nuestro país, el propio Ruiz Esparza dijo: “Se sabe que la razón principal del rechazo y por lo tanto de la no suscripción del contrato, era el cobro de hasta 50 centavos por cruce vehicular, costo fuera de mercado, sin justificación alguna, que hubiera tenido que ser pagado por los usuarios de las autopistas”.
Lo interesante del caso es que ese contrato con tarifas “fuera de mercado” y “sin justificación alguna” (incluso lo llamó, en una carta al diario Reforma, “inequitativo para los usuarios” del sistema de autopistas mexiquense) fue aprobado por el propio Ruiz Esparza cuando estaba preparando maletas para irse al gobierno federal.
De acuerdo con Salvador Camarena, el convenio otorgado a Infraiber está firmado por Manuel Ortiz García, en su momento director general del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares de Estado de México (SAASCAEM), organismo dependiente a la SCT, es decir, lo firmó un subordinado de Ruiz Esparza.
El periodista remata así su columna: “¿Se entregó directamente un contrato de cientos millones de pesos y Ruiz Esparza nada supo? Faltan explicaciones creíbles”.
Otro columnista, Raymundo Rivapalacio citó en su columna de fecha 11 de noviembre pasado, una pista que explicaría por qué el gobierno federal se ha tardado en poner a cada quien en su lugar en este caso: Jorge Iván Ortiz Blancarte, coordinador de Proyectos en Viabilis Holdings (otra de las empresas de Pedro Topete) es hijo de Manuel Ortiz García, el subordinado de Ruiz Esparza que entregó el contrato a Infraiber.
Ello explicaría por qué un negocio de ese tamaño se asigna a una empresa nueva, y la molestia de Infraiber cuando se sintió traicionado, o al menos no defendido, por quienes meses antes le habían dado a ganar tanto dinero de la noche a la mañana.
