Hay razones de peso para revisar y atender la decisión que tomó el Congreso de Baja California.
Dos elementos generan controversia e incertidumbre. El primero es el rompimiento de un orden, al cambiar un proceso electoral definido. Los ciudadanos fueron convocados para votar por candidatos a la gubernatura para un periodo de dos años.
El cambio de reglas se dio sobre situaciones que ya estaban definidas, los ciudadanos votaron bajo leyes diseñadas y aprobadas bajo consenso. La decisión del Congreso local, sin pasar por alto su autonomía, cambió las reglas bajo circunstancias que son profundamente confusas.
A partir del día en que se tomó la decisión hemos entrado en un sinfín de acusaciones entre los actores políticos. De manera simple, la presidenta de Morena argumentó que alargar el mandato del morenista Jaime Bonilla era una petición popular, porque en dos años no se podía hacer casi nada como gobernador.
Además, de manera cuestionable, dijo que no se puede, ni se debe, gastar tanto dinero para las elecciones; en el exceso terminó por decir que los ciudadanos no iban a saber ni por quién votar. El objetivo de que sean dos años es adecuar los procesos electorales en el país.
El tema también adquiere relevancia porque se rompe el orden constitucional en la Federación. La Corte ha rechazado, por ser “notoriamente improcedentes”, las controversias constitucionales presentadas por los alcaldes de Tijuana y Mexicali.
Es importante atender las razones de la Corte, como la última instancia de definición de controversias, porque la puerta sigue abierta. La reforma no ha sido publicada en el periódico oficial del estado; define la Corte “son actos que no son definitivos por derivar de un proceso legislativo inconcluso, al no haberse publicado la norma general”.
El otro elemento a considerar tiene que ver con el antecedente que se puede establecer a partir de la decisión. En el diagnóstico que ha venido haciendo el Presidente sobre el tema, se puede interpretar que ha tomado distancia; en el caso Bonilla no ha establecido de manera tajante su posición.
En la mañanera ha insistido en que no se va a reelegir y que firmará la carta en que se compromete a ello ante notario público. Como sea, el documento ha sido solicitado ante el INAI y apenas estos días ha sido presentado por la Presidencia.
En medio de la concentración tan abrumadora que se ha dado del poder político, este tipo de lances se convierten en escenarios de justificada atención y preocupación por parte de un sector significativo de la sociedad.
Lo que se cuestiona respecto al caso Bonilla, es el hecho mismo y también lo que puede provocar en medio de una gran concentración de poder y con Congresos cada vez más controlados por el partido hegemónico.
El Presidente ayuda al insistir que no se va a reelegir, pero debe hacer una declaración tajant, que con su influencia y peso podría haber llevado las cosas por derroteros diferentes.
Su actitud, quizá involuntariamente, alentó la decisión, y más tratándose de uno de sus superdelegados y de un personaje que es público y cercano a él. Es cierto que la forma en que se tomó la decisión está cargada de irregularidades; es cierto también que hay una alta dosis de hipocresía de los partidos políticos.
Sin embargo, a pesar de todo lo que ha rodeado la decisión, lo que incluye presumibles entregas de dinero a los legisladores, está en tiempo de revertirse un hecho que tiene que ver con un rompimiento de un orden legal, y que puede provocar antecedentes que, como se ven las cosas, será difícil frenar y luego querer revertir.
RESQUICIOS.
Dice el Presidente que la decisión de destituir al destacado Gonzalo Hernández Licona, al frente del Coneval, la tomó hace un mes. Sería grave que, tomando en cuenta la importancia del papel que juega la institución, se quiera, a través de ella, producir aquello de “yo tengo otros datos”; a finales de agosto empezaremos a saberlo.
Este artículo fue publicado en La Razón el 25 de julio de 2019, agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
