Norma Piña Hernández: querella por una república

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tal como la conocemos, como la conocimos, celebró su última sesión ordinaria este 12 de agosto de 2025. La llamada “reforma judicial” terminó con esta institución. En memoria de este oscuro hito histórico, publicamos este texto.


El 8 de agosto de 2018, un presidente electo exultante y elocuente, dio su discurso solemne luego de recibir la constancia de mayoría por parte de los magistrados del Tribunal Electoral Federal. Enunció sus compromisos y su visión en estos términos:

Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen…

En el nuevo gobierno, el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes, y habrá respeto absoluto por sus veredictos…

El Ejecutivo no será más el poder de los poderes, ni buscará someter a los otros. Cada quien actuará en el ámbito de su competencia y la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerá a la República, y el Estado democrático de derecho transitará del ideal a la realidad…”1.

¿Podrían los lectores estar más de acuerdo con esas palabras del presidente electo? ¿Alguien podría confrontar la concepción y la disposición democráticas expresadas? Es más, para un sector amplio de la ciudadanía –para los que veían con recelo y desconfianza al candidato López Obrador– no solo fue un discurso tranquilizador, sino que parecía disipar dudas que seguían flotando en el ambiente, dada la histórica y peculiar relación con las leyes y las instituciones que el político ha mantenido a lo largo de su borrascosa trayectoria.

Las palabras del futuro presidente, no podían estar mejor ceñidas a los cánones que manda la institucionalidad y lo hacía en presencia de toda la cúpula del poder judicial mexicano, especialmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No habré de entrometerme en las resoluciones que a ustedes competen”, resonó republicano en los oídos de esos y de los demás jueces del país.

Parecía que todo se acomodaba al libreto de un país democrático, en plena normalidad pues un turno antes, la entonces magistrada presidenta del tribunal, Janine Otárola, había afirmado:

Los jueces debemos fungir como contrapesos a las decisiones tomadas por las mayorías, para asegurarnos que estas no impliquen afectación indebida o excesiva a los derechos de las minorías o a los principios fundamentales de una democracia”2.

Entre los invitados y asistentes especiales se encontraban Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Piña Hernández, los próximos presidentes de la sala superior de la SCJN, actores centrales del desenlace que estaba por venir, en palabras del catedrático Roberto Gargarella: “una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”3.

¿A QUÉ REGLAS SE ATIENE LA NACIÓN?

La profesora de educación primaria, licenciada y doctorante en derecho, dueña de una carrera judicial que data de 1988, secretaria proyectista, secretaria de estudio y cuenta, jueza, magistrada de tribunal colegiado y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la primera mujer de nuestra historia que asumió la presidencia de la Sala Superior, el 2 de enero de 2023.

El hecho no era esperado y aunque los enterados sabían de su capacidad jurídica, de su calidad argumental y de su vasta experiencia en la impartición de justicia, en verdad eran otros los nombres de ministras y ministros que aparecían con mayores posibilidades para suceder al colega que se retiraba: Arturo Zaldívar. Así lo mostró la propia elección de Piña, que esperó hasta tres rondas para obtener seis votos, entre los once posibles.

Fue un acontecimiento que confirmó el descontento al interior de la Corte con la presidencia saliente y confirmaba también la trayectoria de una desavenencia continua, a veces áspera, entre el presidente López Obrador, la SCJN y diversas áreas del poder judicial. Sea por su activismo para reformar a la Constitución (desde mediados de 2018), por la frenética reforma a las leyes o por la manía de gobernar por decreto4, el gobierno se embarcó tempranamente en un cauce de inestabilidad constitucional y también legal, suscitando una catarata de impugnaciones jurídicas interpuestas ante el sistema judicial, en todos sus niveles5.

En ese contexto, con dificultades, el poder judicial se erigió como un baluarte que eventualmente podía poner freno a los cambios obradoristas; pero lo haría caso por caso, sentencia por sentencia, en un forcejeo continuo y desgastante.

La controversia por las remuneraciones a los servidores públicos; la ley de austeridad republicana; las reformas en materia de extinción de dominio; en materia de prisión preventiva oficiosa; la reforma a la naturaleza de la Guardia Nacional; la del uso de la fuerza pública; la que derogó la reforma educativa de 2013; la que modificó el régimen de delitos fiscales; la de registro de detenciones y un largo etcétera cuya cúspide conflictiva se escenificó en torno a la ley que modificaría la condición del sector eléctrico.

Toda esta cascada de cambios fue promovida al poco tiempo de la toma de protesta del presidente en la que formuló una promesa difícilmente olvidable:

Yo, en la campaña, aclaré que… nosotros no íbamos a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con lo fiscal, en esta primera etapa de gobierno. Y para ser más precisos: en los primeros tres años, ninguna modificación…6.

Como hemos visto la realidad tomó un curso muy distinto. Entonces, la Suprema Corte y los jueces de la república tuvieron que hacerse cargo de un número indeterminado de amparos, impugnaciones, controversias o acciones de inconstitucionalidad para nueve reformas a la carta magna, más de 62 cambios en las leyes y otros 16 ordenamientos nuevos. Casi ninguno quedó fuera del litigio constitucional.

Es esta situación –este apresurado y contrahecho frenesí constitucional y legal– la que explica más que cualquier otra cosa, la creciente y tirante relación entre poderes de la Unión en esos años.

No obstante, para fortuna del presidente López Obrador, existía una pieza clave dentro del máximo tribunal que “ayudaba” eficientemente a otros tantos de sus proyectos prioritarios: el diligente Arturo Zaldívar.

No es este el espacio para exponer o reseñar la gestión de quien se revelaría después como un activo militante del partido en el gobierno, baste decir, que su conducta –no sólo en la Corte sino también en el Consejo de la Judicatura– y su disposición a conceder y “ayudar” al Ejecutivo, fueron el cultivo de la desconfianza entre sus propios compañeros y de una crítica cada vez mas intensa dentro del poder judicial y en la opinión pública7.

De manera paralela, en el lapso que va de 2020 a 2022 (es decir, durante su presidencia), poco a poco, Norma Piña –antigua amiga de Zaldívar– se convirtió en una voz disonante que respondía a los arrebatos y arbitrariedades lo mismo en privado como en público.

Un ejemplo muy elocuente de su oposición fue la sesión en la que se discutió y votó la Ley Eléctrica, una ronda confusa en la que “se contaron mal los votos”. Fue Piña quien, directa y abiertamente, cuestionó al entonces presidente de la Corte por su errática conducción de la sesión pública8.

El acercamiento burdo al oficialismo también se reveló en la deliberación donde Zaldívar formuló una laberíntica “redacción alternativa” para salvar la pregunta que el electorado debía responder en el fallido experimento electoral de la “revocación de mandato” en 2022 (asunto que resultaba muy caro a López Obrador).

Pero el momento de divorcio sin retorno al interior del colegiado de la SCJN, parece haber sido la discusión acerca de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Corte, proveniente del Senado, más concretamente la discusión de su artículo 13 transitorio que prolongaría el mandato de Zaldívar por dos años más9. A esa iniciativa (que no fue rechazada por el beneficiario sino mucho tiempo después), se conoció por eso como “Ley Zaldívar”.

Pero de toda su gestión, lo más grave fue la administración conveniente de los casos y las sentencias que tenía que resolver el pleno de la SCJN10 y que eran pospuestos, sin mayor explicación por su presidente. En tales condiciones, Piña se convirtió en vocera y defensora del trabajo profesional del máximo tribunal del país.

Al iniciar el año 2021 la anomalía no podía ocultarse. Era insólito el momento constitucional que vivía México:

Lo insólito es esto: prácticamente todas las nuevas leyes emitidas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido cuestionadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación… prácticamente todas… La Corte no ha resuelto ninguno de los cuestionamientos mayores a las nuevas leyes de este gobierno, por lo que puede decirse que México tiene ahora un gobierno sujeto, literalmente, a revisión constitucional”11.

Y esto era (junto con el debilitamiento de la independencia judicial) lo que más pesaba y determinaba el ánimo de la mayoría de ministras y ministros. De modo que Norma Piña decidió a hacer pública su intención de presidir  la sala superior de la Suprema Corte12… y lo lograría.

Los tiempos de la presidencia de Zaldívar serían evocados por López Obrador, quien lo confesó con claridad y transparencia apenas un mes y medio después de que el ministro dejara el cargo, en febrero de 2024.

Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’…

Él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del poder judicial, o sea es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”13.

A partir de ese momento el litigio del presidente contra la Suprema Corte y el poder judicial no haría más que agudizarse, justo porque la gestión de Piña arrancaría con el propósito inverso: resolver el cúmulo de asuntos cruciales que habían sido intencionalmente relegados o diferidos por el añorado Zaldívar.

FORCEJEO Y DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN.

La decisión de la nueva ministra presidenta de poner orden en los asuntos de la casa, en el fondo, rescataba un principio fundamental y fundador de la república: el de la independencia, la división de poderes, las estrategias y los tiempos del Poder Ejecutivo no pueden determinar la agenda del Poder Judicial.

Esto significó algo especialmente importante para el conjunto de ministras y ministros, pues la vida del Pleno, sencillamente, regresó a su vida colegiada. Para tal fin, Piña creó una “comisión de listas” con la que renunció a una facultad oficiosa, exclusiva del presidente para seleccionar qué asuntos y cuando ha de resolver el Pleno (y cuales no) y pasar a ser definida en conjunto con otros dos ministros. Solo por esa nueva mecánica procesal, en pocos meses la SCJN estaba resolviendo muchos de los asuntos que se mantuvieron congelados por Zaldívar. Esta sencilla reforma, sin embargo, representó un cambio drástico que no encajaba con los intereses del gobierno que hasta entonces, por decreto o de facto, había avanzado merced a esa omisión.

En tanto presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, Piña propició otro cambio procedimental, pero crítico para devolver su vida institucional al poder judicial: el Consejo volvió a sesionar de forma presencial. Otro alto contraste frente a la presidencia anterior, que procuraba reuniones en “zoom”, verticales, cuyas decisiones se tomaban todas por unanimidad, sin formato o formalidad normativa.

Otro cambio político mayor en la Suprema Corte y en el conjunto del poder judicial fue más discreto pero más decisivo: respetar a la estructura de manera estricta, la autonomía de jueces y magistrados, lo que se tradujo en mantener una política de no interferencia y de distancia con el trabajo diario de los jueces.

No intervenir, no llamar para disuadir, no dar instrucciones al personal de las escalas inferiores. Piña había sido jueza y magistrada de carrera y entiende –porque lo vivió en carne propia– la implicación que tiene cualquier “sugerencia” de la presidenta de la Corte a los juzgadores. No hay registro de que Norma Piña lo haya hecho y esto permeó y fue bien valorado por el conjunto de la estructura judicial de todo el país.

Una vez más, el alto contraste se convirtió en un universo aparte, pues al poco tiempo, fue difundida una denuncia anónima en la que se expuso el modus operandi durante la presidencia anterior, en el que jueces y magistrados fueron intimidados para resolver, a pie juntillas, tal y como como se los “sugería” precisamente, Arturo Zaldívar14. La confesión retórica de López Obrador en febrero, se convertía así en vivo testimonio de esa misma trama.

Más que críticas, los señalamientos y el desprecio contra el poder judicial se multiplicaron y cada vez más personalizados, en torno a la ministra presidenta, Norma Piña.

El 21 de abril de 2023, a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo que la ministra y otros de sus colegas había pedido negociar el plazo para que la Guardia Nacional pasara a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Dijo que su gobierno había rechazado la oferta y que pidió a sus secretarios de Gobernación y de Seguridad que “ni les contesten el teléfono”.

Pero, por otro lado, imagínense el Poder Judicial y, en particular, la Suprema Corte que está completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto, al grado que ayer me llegó una información acerca que la presidenta de la Suprema Corte… No es eso del chat, no, no, no, eso es…

¿Qué pasa? Bueno, nosotros por el voto de los mexicanos, de la mayoría, llegamos aquí, pero el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto, es el Poder Judicial de siempre, que hay que renovarlo…

Entonces, como obedece a los intereses del antiguo régimen es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?15.

Ninguna crítica sobre el contenido mismo de la sentencia o el razonamiento jurídico que la respalda. No, la ofensiva se volvió frontal, total y cada vez más personal.

La Sala Superior había declarado inconstitucional la ley que le otorgaba el control de la Guardia Nacional (estructura civil) a la Secretaía de la Defensa, es decir, al ejército, propósito muy importante para el proyecto de militarización del presidente.

López Obrador siguió durante casi una hora hablando del asunto. Casi al final de su conferencia, afirmó:

“…empezaron (la Presidenta y varios ministros)… mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después…

No, le dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: No, nada de negociación…

“…y les dije: Ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono”16.

Los términos de una necesaria relación y comunicación entre poderes se resquebrajaban con rapidez, no solo por las diferencias de fondo y por la defensa de la Constitución que hacía la Corte, sino porque, en pocos meses el máximo tribunal estaba resolviendo muchos de los asuntos que se habían mantenido en el cajón por el anterior presidente del órgano.

Durante los siguientes días, en varias de las apariciones del presidente, el asunto sería mencionado una y otra vez. El 19 de mayo de 2023 fue especialmente duro:

“…el Poder Judicial se heredó del antiguo régimen y está prácticamente intacto, es el Poder Judicial de siempre, hay que renovarlo.

“…obedece a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo, y para defender a delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada; entonces, ¿cuándo van ellos a resolver de conformidad con la ley, con apego al Estado de derecho, si forman parte de un grupo de intereses creados, si existe una relación de componendas, de complicidades y los miembros del Poder Judicial forman parte de ese agrupamiento conservador, corrupto?”17.

Pero las represalías contra las decisiones de la SCJN no solo eran verbales, sino que fueron escaladas, extendidas. Organizaciones del partido en el gobierno realizaron un plantón de activistas y simpatizantes obradoristas a las puertas del inmueble donde trabajan y sesionan los magistrados. Desde el domingo 23 de abril y gran parte de mayo de 2023, quienes conformaban esa movilización no solo corearon consignas, sino que cercaron y agredieron a los automóviles del personal de la Corte, durante todo el día.

El llamado “mega plantón” acaparó notas y artículos de prensa desde su inicio y convocó a algunas decenas de personas. Se repartieron panfletos, recabaron firmas, dieron entrevistas repitiendo de memoria el libreto dictado por el presidente en contra de la Corte y contra Norma Piña.

El discurso del plantón fue un eco casi exacto del que estaba desplegando el presidente en sus conferencias mañaneras. Los movilizados no se ahorraron insultos, invectivas, mantas, caricaturas y monigotes para quemar con la figura de la ministra presidenta, en una demostración de explícita inquina, porque a decir de ellos “es terrible tener un poder judicial en contra del pueblo”18.

La sucesión de embates ya sea políticos ya fueran mediáticos contra la Corte no cesaría en el resto del sexenio.

Otro episodio de agudo desencuentro ocurrió en junio de 2023 con la resolución del Pleno que canceló por completo el segundo intento de reforma electoral promovida presurosamente por el presidente y Morena desde principios del año, otra de las obsesiones más subrayada y deseada en el proyecto del gobierno. Con mayoría de 9 votos el máximo tribunal informó que:

“…existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento… las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados… Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad… Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras… Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta…”19

Con la invalidez del “Plan B”, recuperaron su vigencia las leyes y dispocisiones constitucionales previas. El mismo comunicado concluye:

La Suprema Corte ha sostenido, desde hace más de 15 años y en más de 30 ocasiones, que el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa”.

MOMENTO DES-CONSTITUYENTE.

A la reiterada crítica del presidente, al plantón en las escalinatas de la Suprema Corte, a la repetición de las consignas por parte de militantes, se agregó una nueva amenaza, esta proveniente nada menos que del ex ministro presidente, Arturo Zaldívar.

En efecto, luego de que se diera a conocer una investigación en su contra y en contra de ciertos colaboradores suyos durante su gestión, acusa a Zaldívar de vulnerar la autonomía e independencia de los jueces y magistrados “con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”, falta de imparcialidad y abuso de funciones en el Poder Judicial20.

Entonces, Arturo Zaldívar, acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó a Norma Piña de “ejercer un uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial”. En plena militancia, el colaborador de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, anunció que presentaría denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Electoral (FISEL), el Instituto Nacional Electoral (INE), el INAI y el Consejo de la Judicatura Federal.

Por su parte, Mario Delgado, respaldó a Zaldívar:

La solicitud de juicio político contra Norma Piña será una prioridad para las y los diputados del partido, aun cuando esté próximo el fin del periodo ordinario…. tiene todo nuestro apoyo y por supuesto, la demanda de juicio político la vamos apoyar… desde el Congreso, porque hay elementos suficientes. Nunca habíamos llegado a este nivel de degradación que se esté utilizando a la Corte con fines electorales”21.

La operación consistía en insinuar que la indagatoria abierta por el poder judicial, buscaba distorsionar el curso de la campaña de Sheinbaum de la que Zaldívar formaba parte protagónica y sí el expediente sería abierto en una instancia, la respuesta era contratacar a Piña en otras cinco.

Las cosas subieron de tono y en tropel senadores y diputados se sumaron a ella, funcionarios del gobierno, el partido Morena y su presidente, candidatos, comunicadores y hasta periodistas deportivos reenviaron mensajes y posteos22, potenciando a todo público la campaña contra la ministra.

La Corte seguía trabajando y desahogando los asuntos más difíciles, incluso pasadas las elecciones federales de junio. El cúmulo de discusiones, sentencias y controversias procuraron cumplir con la obligación constitucional (proporcionar certeza a los ciudadanos, gobiernos, particulares, empresas) pero en esa misma medida, seguían alimentando la animadversión de la coalición gobernante y de su líder, quien había hecho explícito su programa de cambio de régimen desde el 5 de febrero de 2024, con la destrucción del poder judicial en el núcleo.

A pesar del clima político tan desfavorable, en ese periodo, la corte dio ejemplos notables en sentencias que procuraron protección de los derechos humanos, control de regularidad constitucional y fungió como contrapeso entre los poderes del Estado en todos sus niveles. Al concluir el 2025 y luego de que los ministros electos asuman la función en nuestro máximo tribunal, podremos evaluar la gestión de Piña en su conjunto pero podemos decir, desde ahora, que su periodo fue el de la recuperación y defensa de la independencia judicial. Ni más, ni menos.

En diciembre de 2024, la propia ministra presidenta haría un balance preliminar de esos años:

“… cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo; cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido… fue entonces que algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna. Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes…

¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional…

“… el decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios, (mayo de 2023)…23 Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este Decreto, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el “escudo de seguridad nacional”, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal…

En tercer lugar, me refiero al denominado “Plan B”. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos… invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad24.

Para entonces, la suerte ya estaba echada. La presidenta electa había abrazado completamente los propósitos, los cambios y varias demoliciones lanzadas por López Obrador como arietes de campaña desde febrero de 2024.

En mi opinión, en ese momento López Obrador dio “el” paso que estaba haciendo falta a su obra populista y propuso claramente, otro régimen constitucional (sin matices, concentrador del poder y autoritario) a través de su paquete de reformas convertidas por Sheinbaum en documentos de campaña y puestas en la orden del día del poder legislativo desde entonces.

Se trató de un cúmulo de 21 iniciativas. Sin embargo, en el centro estaban 4 que opacan a todo lo demás por su dimensión destructiva y su carácter disruptivo. Representan, un cambio de régimen, un desmantelamiento de componentes clave de la democracia mexicana tal y como la conocemos y en la que todavía hoy vivimos.

Hablamos por supuesto de la eliminación de la representación proporcional en el congreso federal; de la votación de los consejeros electorales del INE y de la extinción de la autonomía de organismos e instituciones clave como el INAI o el CONEVAL. Por supuesto la elección de ministros, magistrados y jueces, en lo que constituye la demolición más colosal y más antidemocrática de todas: la del del poder judicial.

Veamos los números.

En 2025 y hacia 2027, siete mil 539 titulares de órganos jurisdiccionales de México serán destituídos. Mil 689 de ellos son federales y cinco mil 757 son locales. Hablamos, en conjunto, de la totalidad del poder judicial, sin excepciones: jueces y magistrados locales (5,025); magistrados de tribunales colegiados (910); juzgados de distrito ordinario (737); tribunales superiores de justicia (603); consejeros de las judicaturas estatales (129); salas regionales del Tribunal Electoral (18); ministros de la Suprema Corte (10); sala superior del Tribunal Electoral (7) y siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Este hecho emparenta a México con los autoritarismos de Venezuela o de Hungría o la intentona de Netanyahu en Israel y su “constitucionalismo abusivo”, es decir, esos gobiernos que utilizan reformas constitucionales para erosionar contrapesos y eliminar controles a su propio poder. Deconstruir para perpetuarse en él.

Nuestro momento “desconstituyente” ha transitado por distintas etapas, cualitativamente distintas: atacando continuamente -a través de la propaganda oficial- a las instituciones autónomas (llámese Suprema Corte, magistrados y jueces, Instituto Nacional Electoral, Comisión Reguladora de Energía, INAI y un largo etcétera). Amagando con desaparecerlos o con limitar su autonomía. Recortando sistemáticamente sus presupuestos. Capturando -parcial o totalmente- a esos mismos organismos. Persiguiendo o amenazando a funcionarios responsables. Bloqueando nombramientos para su funcionamiento e integración completa y al final, disolviéndolos, desapareciéndolos del mapa o remodelándolos de modo conveniente.

Como se sabe, la coalición oficialista se hizo de una hipermayoría inconstitucional (ajudicándose el 74 por ciento de las curules, cuando habían obtenido no más del 54 por ciento de los votos) y todo ese esquema de agobio o acoso dio un paso mas allá para expresarse en la constitución.

La elección universal de los juzgadores de México (presentada por la propaganda oficial como una gran lección de nuestro país para el mundo) se desplegó con requisitos mínimos para acceder a las candidaturas. Como apuntó la magistrada Emilia Molina en un foro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) en febrero de 2025, se exigen menos requisitos para ser juez que para convertirse en cajero de un Oxxo (y no fue una broma).

Así, en la primera mitad del año presenciamos un proceso abstruso y estrambótico. Según las reglas aprobadas para la deconstrucción judicial, los partidos políticos no podían participar en ninguno de los procesos de elección, no habría financiamiento del Estado para las campañas, los ciudadanos tienen prohibido pronunciarse a favor o en contra de alguna candidatura y quienes estarán en las boletas no podrán usar dinero de su propio bolsillo para darse a conocer.

Vimos desfilar a 5 mil 300 candidatos para elegir 464 magistrados de tribunales de circuito, 386 jueces federales, nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 magistrados de las salas electorales regionales de la CDMX, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Jalapa, además de otros miles para ocupar los cargos de los poderes judiciales de algunas entidades federativas que decidieron implicarse rápidamente a este experimento. Y esto, votado de manera diferenciada, con ciudadanos de primera, segunda, tercera, pues el número de juzgadores que cada quien pudo elegir fue muy diferente según el lugar en el que se ejerció el voto.

Todo estuvo diseñado para que Morena se haga de la mayoría en los órganos clave, especialmente en la Suprema Corte y en el Tribunal de Disciplina (los comisarios políticos que observarán a los jueces), espacios nucleares para la consumación de este, momento “des-constituyente”.

Es importante cobrar conciencia del trayecto: intentos de intromisión en el poder judicial y en la Corte; acoso mediático y propagandístico; amenaza de juicio político en el Congreso; marchas y mitines intimidantes y el señalamiento permanente del presidente mismo y como final catastrófico, ya no la remoción de los ministros o reforma del poder judicial, sino su destrucción lisa y llana.

En ese tiempo convulso, la ministra presidenta Norma Piña encabezó una gestión como corresponde a una profesional de la carrera judicial, de una forma coherente, comprometida en su trabajo y con altos costos personales con una de las máximas apiraciones de cualquier república democrática que se respete: un poder judicial independiente.

Su postura demostró algo adicional, acaso tan importante: que en la vorágine del autoritarismo, en medio de la adversidad y de la que quizás fue, la mayor y más dura ofensiva política contra las instituciones emprendida por López Obrador, es posible, fue posible, defender la autonomía (y la decencia) en nuestra deteriorada vida pública.

2 TEPJF. íbid.

3 Véase, López Noriega, Saúl y Javier Martín Reyes (compiladores). La tormenta judicial, Nexos-IIJ-UNAM, 2025. https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/wp-content/uploads/2025/05/la-tormenta-judicial.pdf

4 Véase, “Gobernar por discurso”, El Universal, 27 de abril de 2020. Garza Onofre, Juan Jesús; López Ayllón, Sergio; Luna Plá, Issa; Martín Reyes, Javier; y Salazar Ugarte, Pedro. https://bit.ly/Gobernar_Discurso.

5 Véase, López Ayllón, Sergio, Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes “Todo por la razón y el derecho (hasta que estorben). La tensión entre Constitución, reformas y gobierno”, en Becerra Ricardo y José Woldenberg. Balance temprano (desde la izquierda democrática). IETD-Grano de Sal, 2020.

6 Conferencia de prensa, 9 de noviembre de 2018, (https://bit.ly/Audio_AMLOnoReformas) y Comunicado núm. 76 del presidente electo, “En los primeros 3 años del sexenio no se promoverán modificaciones legales en materia económica o fiscal: AMLO” (disponible aquí: https://bit.ly/Comunicado_AMLOnoReformas).

7 Una lectura técnica, sintética y crítica de la reforma de Zaldivar se encuentra en el libro “La reforma judicial de 2021” de J. Antonio Caballero. Véase http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/59641

8 Versión taquigráfica de la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 7 de abril de 2022. https://bit.ly/4l4IKXc

10 Véase: Casar, María Amparo y Saúl López Noriega, Los pendientes de la Suprema Corte. Ediciones Cal y Arena, 2021.

11 Como lo expuso Héctor Aguilar Camín, en Milenio (27 de enero de 2021). https://bit.ly/44eMakx

12Véase, El País. Entrevista de Elena Reina, 11 de noviembre de 2022. https://bit.ly/4jSQWca

13 Véase, El Financiero (21/febrero/2024). AMLO revela complicidad con Arturo Zaldívar http://bit.ly/43Hs1Ua

14 Véase, Denuncia anónima contra Arturo Zaldívar. https://bit.ly/45GC79p, https://bit.ly/4kFtiRA

15 Conferencia matutina 21 abril2022. https://bit.ly/4e98iR1

16 Íbid.

17 Conferencia matutina 19 de mayo 2023. https://bit.ly/3HGWUQ1

18 Véase El País https://bit.ly/44jgoD8

20 El País. https://bit.ly/4jXsaHV . A su vez el abogado Miguel Alfonso Meza interpuso también otra denuncia similar en febrero de 2024. Meza Más tarde, el 18 de diciembre el Consejo de la Judicatura cerraría el expediente por votación de 4 contra 3, dada la nueva mayoría de integrantes oficialistas.

22 Entre otros, Eduardo Trelles y Carlos Albert.

23 Conviene recordar que, como consecuencia de ese decreto de “seguridad nacional”, el gobierno de López Obrador buscaba suspender automáticamente todos los mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales, entre otros. Derechos en paréntesis.

24 Palabras de la Ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández en su segundo informe de labores. 10 de diciembre de 2024. Ver https://bit.ly/460Jvw7

Autor

  • Ricardo Becerra Laguna

    Economista. Fue subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad luego de los sismos de 2017. Presidente del Instituto para la Transición Democrática.

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