El pasado domingo el Consejo nacional de Morena dio a conocer su Acuerdo por el que definirá a la o él encargado de la “Coordinación de Defensa de la Transformación”, con ese eufemismo disfraza su verdadera intención: iniciar su proceso interno de selección de su candidata o candidato presidencial para la elección de 2024.
Se trata de un acto más de violación a las leyes que rigen la materia electoral de nuestro país, como ya lo han hecho las “corcholatas” durante más de dos años, pero esta vez, de una manera más descarada y cínica, pues los envían a realizar “recorridos” (precampaña) por todo el país del 19 de junio hasta el 27 agosto, lo cual implica necesariamente, el uso de recursos para la realización de dichas “asambleas informativas”.
Por orden de su jefe, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, iniciarán un recorrido ilegal, pues esta decisión viola claramente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida como LGIPE, la cual establece que el arranque de precampañas debe iniciar la tercera semana de noviembre (Art. 226), así como también, señala que los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, no podrán realizar actividades de proselitismo por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas (Art. 226), a riesgo de perder su registro.
Esta decisión del partido oficial, lleva a un nivel mayor la presión sobre las autoridades electorales pues ante la Comisión de Quejas del INE, distintos partidos han interpuesto durante los últimos dos años, cerca de 200 quejas contra las “corcholatas” morenistas, pero si ahora se confirma a alguna de ellas como precandidata o precandidato oficial, sería claro que su argucia legal de nombrar una “Coordinación de Defensa de la cuarta transformación”, sólo es un ardid para violar la ley.
La misma LGIPE, en su artículo 227 señala: “Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular.” Así, podemos ver claramente que justo eso son las “corcholatas” y esa es la intención de todo este proceso para supuestamente elegir a su “Coordinación de Defensa de la cuarta Transformación”.
Por otra parte, igualmente escandaloso es el hecho de que el Acuerdo morenista, diga que sus aspirantes “Deben comportarse de manera austera, sin derroche de gastos publicitarios ni propagandísticos”, con lo cual asumen que, aunque no haya derroche, sí requerirán de recursos económicos, la duda es de dónde saldrán o si serán erogados por los propios candidatos o los pagará Morena, ya que en cualquier caso, se trata de una acción contraria a la ley, porque si las corcholatas utilizan recursos, así sean propios, para promocionarse, violan la ley, y si Morena destina recursos partidarios para actos de precampaña, hace lo mismo. Así, esto viola las más elementales reglas de fiscalización que contempla la legislación en la materia.
Como era de esperarse, al hacer oficial el inicio de su proceso, el partido gobernante ha provocado todo tipo de reacciones en su contra, logrando que nuestra atención se centre en la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien fue elegida apenas hace poco más de dos meses.
De por sí la atención estuvo centrada en ella debido a que, por falta de consensos parlamentarios, fue elegida por sorteo e, inmediatamente después, por su cercanía familiar al partido Morena, ya que su primo, Jorge Luis Taddei Bringas, es delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, de donde ella es originaria y su sobrino, el hijo del súper delegado, Pablo Daniel Taddei Arriola, es el director de la empresa LitioMx.
Desde su llegada a la presidencia, la consejera Taddei ha entablado una relación cordial con el titular del Ejecutivo, lo cual es deseable en un sistema democrático, sin embargo, como quedó expuesto en la marcha en defensa del INE del 26 de febrero pasado, hay cientos de miles de mexicanas y mexicanos preocupados por la autonomía de este instituto y el respeto a nuestra democracia, por lo cual en la reunión que sostuvieron todas las y los consejeros con el presidente en Palacio Nacional, Guadalupe Taddei debió exigirle al presidente respetar las leyes electorales y la autonomía de las instituciones electorales, porque sí, en un país que se pretende democrático, “la ley es la ley”.
