En el proceso de revocación de mandato, el gobierno de la 4T traicionó a la democracia directa, ya que incurrió en violaciones tan grandes y sistemáticas a la Constitución y a la normatividad legal, que acreditan la anulación de la consulta. Estas infracciones son tan extendidas, que hasta podrían afectar las elecciones de gobernador de seis estados, cuyas campañas iniciaron a principios de este mes.
La Constitución deja sujeta la validez de los resultados de la revocación de mandato a que participe más del 40 por ciento de los inscritos en las Listas Nominales Electorales (artículo 35, Fracción IX). Esta regla implica una condición de invalidez en el caso de que participe un porcentaje menor de electores, como será el caso, pues hasta los cuatroteístas más delirantes descartaron que la votación del 10 de abril alcance los 37.2 millones de participantes.
Pero en el remoto caso de que se supere ese porcentaje, la propia Constitución dice que los resultados de la revocación de mandato que emita el INE podrán ser impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que es el encargado de garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de este tipo de procesos. El texto constitucional dispone que procederá la nulidad de una elección o de una consulta de revocación de mandato “por violaciones graves, dolosas y determinantes” cuando se demuestre la utilización de ”recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas”, entre otros casos (artículo 41, Fracción VI).
En sintonía con el mandato constitucional, la Ley que reglamenta los medios de impugnación en materia electoral dispone que las elecciones (en este caso las consultas) serán nulas por “violaciones graves, dolosas y determinantes”. Detalla esta ley (artículo 78-Bis) que son violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales y pongan en peligro el proceso electoral y sus resultados. También, que son dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito, llevadas a cabo con la intención de obtener un efecto indebido en los resultados del proceso.
En el caso de la revocación de mandato del 10 de abril, es claro que el Presidente de la República, todo su gobierno y las y los gobernadores de los estados de su movimiento afectaron sustancialmente los principios constitucionales. Una y otra vez pisotearon la legalidad, atacaron la autonomía del INE y del Tribunal Electoral y reincidieron en una conducta parcial, sesgada, contraria a la imparcialidad que debe regir a la administración pública, pues violaron la veda, hicieron promoción personalizada en la propaganda gubernamental y utilizaron indebidamente recursos públicos para ello.
Desde la presentación de firmas para solicitar la convocatoria a la consulta, que el gobierno realizó a través de una asociación fantasma y que en realidad se llevó a cabo coaccionando a los beneficiarios de los programas sociales y a la burocracia federal y estatal. Luego, para torpedear el trabajo del órgano electoral, la mayoría morenista en la Cámara de Diputados redujo arbitrariamente el presupuesto solicitado por el INE para la realización de la consulta, en tanto que la Secretaría de Hacienda se negó a hacer la ampliación presupuestal requerida.
Una vez emitida la convocatoria, el Presidente, sus secretarios de despacho, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, otros 17 gobernadores y hasta los mandos del ejército y la Guardia Nacional, con descaro y retadoramente, llamaron a votar “por la ratificación de AMLO”, al tiempo que los mal llamados servidores de la nación y otros empleados de gobierno se desplegaron en las calles para coaccionar el voto.
Aparte de que el resultado de la consulta será un fracaso al no alcanzarse el 40% de participación (eso, a pesar del acarreo de dimensiones bíblicas), en su momento deberá resolverse la nulidad de sus resultados por violaciones graves, dolosas, determinantes y sistemáticas a los principios democráticos, muchas de las cuales están ya acreditadas en resoluciones del INE y en sentencias del TEPJF. Los responsables de esta traición a la democracia participativa debieran ser sancionados legal y políticamente, comenzando por López Obrador.
Cincelada: El Primer Magistrado y Comandante Supremo, mandamás del Legislativo y Judicial, “Encarnación de la Nación, la Patria y el Pueblo”, lloriqueando porque una señora “me dijo el kks”…
Twitter: @rafaelhdeze
