“Justicia que no es pronta no es justicia” dice un apotegma del Derecho que desnuda la morosidad del Tribunal electoral federal en el caso “Servidores de la Nación”. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no solo ha omitido dictar sentencia en el expediente SRE-PSC-071/2019, que ha estado en la congeladora durante más de un año, sino que ahora el “Comité de Transparencia” de ese órgano jurisdiccional lo clasificó como información reservada.
Ante el cúmulo de pruebas (más de 5 mil evidencias debidamente certificadas con fe pública) que demostró la existencia de esa estructura burocrática del gobierno federal y su operación inconstitucional, la mayoría de los magistrados de la Sala Superior ha incumplido su obligación de impartir justicia pronta, completa e imparcial, violando en forma flagrante el artículo 17 de la Constitución. Esta omisión no es por descuido o desconocimiento, sino que se trata de un caso más que muestra la falta de autonomía en que incurre solícitamente la mayoría de los magistrados para complacer los designios presidenciales.
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El expediente mencionado contiene la sentencia que la Sala Regional Especializada del propio Tribunal emitió hace poco más de un año, el 27 de diciembre de 2019. Esa resolución concluyó que es fundada la queja que el PRD había presentado y declaró que los “Servidores de la Nación” y sus jefes, conocidos como los superdelegados, violaron el artículo 134 constitucional al hacer “uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada”. La sentencia señaló con nombre y apellido a 56 servidores públicos como responsables de la violación constitucional, del desacato a las medidas cautelares del INE y/o de la violación de los derechos de la niñez (hubo superdelegados que se hicieron propaganda ostentándose con menores de edad).
Pese a que fue declarada fundada la queja perredista y a pesar de las indudables evidencias aportadas, la sentencia exoneró al presidente López Obrador, a los integrantes de su gabinete directamente involucrados y al partido Morena, razón por la cual el PRD la impugnó. También la impugnaron los superdelegados aludidos, quienes reclamaron sin vergüenza su “libertad de expresión” para seguir violando la Constitución.
A un año de interpuestas, las impugnaciones no han sido resueltas. Encima de ello, el “Comité de Transparencia” del tribunal (las comillas son a propósito), en una sesión de solo 5 minutos realizada el 22 de diciembre pasado, tomó el acuerdo de reservar por dos años el expediente SRE-PSC-071/2019. En el colmo de la burla, el órgano garante de la transparencia, presidido por el Secretario General de Acuerdos del TEPJF Carlos Vargas Baca, no se ha dignado publicar el acuerdo de reserva ni la sesión en que se aprobó (no lo ha hecho hasta el 9 de enero de 2020). Imposible no percibir que es muy poco transparente ese “Comité de Transparencia” del TEPJF.
Tampoco se puede ignorar la impudicia y el servilismo al que se ha entregado la parte mayoritaria de la Sala Superior de dicho tribunal. Al no impartir justicia en el caso “Servidores de la Nación”, el TEPJF ha obsequiado impunidad a los infractores señalados en la sentencia original. Algunos de los superdelegados han logrado la candidatura a gobernador de Morena, como Víctor Castro (Baja California Sur), Juan Carlos Loera (Chihuahua), Indira Vizcaíno (Colima) y Lorena Cuéllar (Tlaxcala), en tanto que la infractora Delfina Gómez fue promovida por el favor presidencial a la Secretaría de Educación Pública. Pero también han quedado impunes los gobernantes a quienes apunta la denuncia perredista, comenzando por López Obrador, la ex Secretaria de Bienestar (que hoy despacha en la Semarnat) y Gabriel García Hernández, quien es superior jerárquico de la estructura denunciada, en su carácter de Coordinador General de Programas para el Desarrollo. Además de encabezar el operativo de clientelismo electoral en toda la República, este funcionario también participa cómodamente de las designaciones por dedazo de los candidatos de Morena (encubiertas como inexistentes encuestas).
Cincelada: Cada vez queda más claro que se esfuma el mayoritario respaldo que los usuarios de las redes sociales otorgaban a AMLO. Primero TW, ahora FB.
