Digamos lo obvio: en un Estado moderno la publicidad oficial no debería existir y los medios de comunicación tendrían que buscar anuncios en la iniciativa privada y en las audiencias su fuente de ingreso. El gobierno no puede ni debe ser responsable de su permanencia.
La administración de Enrique Peña Nieto gastó más de 50 mil millones de pesos en publicidad; la suma es enorme y un insulto frente a la pobreza que hay en país. Hace bien el actual gobierno en reducir a la mitad el monto.
Junto con lo anterior esperamos que el actual gobierno reporte los ingresos de todos los medios y sus columnistas en la administración pasada y los que haya en la actual, en vez de amagar con frases generales. Si hay irregularidades debe procesar lo que corresponda con la ley.
Salvo un puñado de medios, todos dependen del erario para existir, lo que históricamente ha delimitado sus contenidos en favor de la versión oficial del gobierno. Por ello es clave que haya una ley que defina reglas, regule la asignación publicitaria y la transparente.
La asignación de publicidad no puede ser arbitraria ni premiar o castigar a los medios según su contenido, deben existir parámetros claros para su asignación, al menos en una norma que, además, afiance la prohibición de la propaganda embozada o la que promueve a una persona.
Mientras haya presupuesto de publicidad, los medios tenemos derecho a recibirla si cumplimos con la norma; no debe haber discriminación: nuestro portal continuará con la crítica al actual gobierno y su compromiso con la calidad de sus contenidos es con las audiencias.
