Es excelente la idea del dirigente panista, Ricardo Anaya, al considerar “paquete de impunidad” las medidas que preparan los actuales gobernadores de los estados donde el PAN ganó para “protegerse” de acusaciones de corrupción.
Pero debería ser un paquete integral para que también sean procesados exgobernadores y exfuncionarios panistas que fueron solapados por los acuerdos del Pacto por México, como, por ejemplo, quien lo condujo a él hasta la dirigencia nacional, su antecesor en el cargo: Gustavo Madero.
Madero hizo diputado al exalcalde de Monterrey Fernando Larrazabal, cuyo hermano, Manuel Jonás, visitaba casinos de esa ciudad y recibía 400 mil pesos, poco antes de que sicarios quemaran vivas a 52 personas en el Casino Royale para presionar a los dueños a pagar más dinero por extorsión.
Esos casinos de Monterrey financiaron en 2006 con cinco millones de dólares las campañas panistas a alcaldes y diputados, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que además identificó a los hermanos Rojas Cardona, los zares de los casinos, como financieros del PAN.
Madero la libró gracias al Pacto por México, que también barrió bajo la alfombra:
—Que el IMSS gastó tres mil millones de pesos en equipamiento que jamás pudo ser usado, por inservible; y el ISSSTE compró medicamentos con sobreprecio de 430 millones de pesos.
—Que para los festejos del Bicentenario se destinaron tres mil 750 millones de pesos, de los cuales únicamente fueron justificados 500 millones.
—Que la Estela de Luz debió costar 497 millones 500 mil pesos y tuvo un sobrecosto de 678 millones.
—Que Ismael Pérez, exalcalde de Celaya, reveló que a cambio de asignaciones presupuestales legisladores panistas le dieron un presupuesto de 160 millones de pesos a condición de que les otorgara una comisión de 35 por ciento y contratara a determinada constructora: son los famosos “moches”.
—Que Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato, sólo en sus primeros cinco años de gobierno creció la deuda en 287 por ciento: de mil 972 millones de pesos a siete mil 632 millones, o sea 50 por ciento de las participaciones federales y 41 por ciento de los ingresos del gobierno.
—Que el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés es investigado por presunto desvío de más de mil millones de pesos y un depósito de tres millones de dólares de un empresario beneficiado con contratos por 20 millones de dólares.
La aspiración de Anaya para ser candidato presidencial en 2018 crecería en simpatías entre todos los mexicanos si es congruente e incluye en su aguerrida y contagiosa lucha contra la impunidad los casos de corrupción de su propio partido, que son muchos y contundentes.
Por aquello de que la ley… tiene que empezar por casa.
Este artículo fue publicado en La Razón el 29 de junio de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
