La vida de los ex presidentes no suele ser sencilla y la de Enrique Peña Nieto tampoco lo será. Hasta hace unas semanas parecía que sus desvelos serían los de las revistas rosas, pero más bien tendrá que litigar en la arena política y acaso en algún momento en el terreno jurídico.
Por ahora los señalamientos en su contra, sobre supuestos sobornos para la compra de una empresa de fertilizantes, son producto de testigos encubiertos y vienen desde Estados Unidos, lo que abre muchas dudas sobre su fiabilidad.
Pero esta situación se inscribe dentro de las indagatorias que se siguen a Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, y que en cualquier momento pueden derivar en la trama de Odebrecht, aunque hasta el momento no haya ocurrido.
Por otro lado, la resolución de la Suprema Corte que permite que Peña Nieto sea indagado por la fiscalía de Chihuahua, es apenas una pequeña rendija, que se circunscribe a delitos de índole local.
El propio gobernador, Javier Corral, ha reconocido que hasta el momento no tienen pruebas contra el ex mandatario en lo que sería el problema central: la transferencia de recursos públicos para ser utilizados por el PRI con fines electorales en aquel estado del norte del país.
Para nada es un tema menor, porque inclusive tiene en calidad de prófugo de la justicia a César Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016.
Si Peña Nieto tiene suerte, y de algún modo impera la lógica, todo puede quedar en escaramuzas mediáticas, pero hay que tener en cuenta que existen otras coordenadas políticas y que las redes de protección pueden dejar de funcionar en cualquier momento.
Lo interesante será ver cómo procesan estas historias quienes lo acompañaron en su mandato y que hasta el momento no han hecho una defensa contundente de quien fue su jefe.
En nuestro país los ex presidentes son muchas veces víctimas del escarnio público pero muy pocas objeto de la justicia. José López Portillo enfrentó señalamientos por su riqueza, pero estos nunca se tradujeron en investigaciones serias y realizadas por las autoridades competentes.
La excepción a la regla es Luis Echeverría, quien fue sujeto a prisión domiciliaria por casos relacionados con la guerra sucia y la persecución a los opositores, disidentes y guerrilleros.
Las investigaciones sobre Echeverría las realizó la PGR por medio de la Fiscalía del Pasado y ello ocurrió justo dentro de un gobierno alternancia.
Esto es, Echeverría de algún modo resultó dañado por la llegada del PAN y un nuevo grupo al poder. Es difícil imaginar que hubieran prosperado acusaciones sobre violación a los derechos humanos, en un gobierno priista.
Ahora es un tiempo similar y por ello las licencias que se dan las autoridades son superiores a las de un relevo entre un mismo partido.
Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que no quiere empeñarse en la persecución del pasado, también lo es que esta posibilidad no ha salido de la agenda en ningún momento y que existen grupos que la impulsan.
Más valdría a Peña Nieto abandonar la zona de confort para defenderse, en el terreno mediático, antes de lo que vayan a buscar y ya sea tarde.
