Al menos el 40.9% de las personas encarceladas en México están en prisión sin que ningún juez haya emitido una sentencia en su contra. A este porcentaje debe sumarse el de aquellas personas que están presas y tienen sentencia en contra (14.4%) pero ésta no es definitiva, lo que eleva el porcentaje a un 55.3%. Estos datos, basados en reportes oficiales, indican que a más de la mitad de la población carcelaria se le vulnera el derecho a la presunción de inocencia e ilustran parte del desastre en que se encuentra la procuración e impartición de justicia en nuestro país: muchos inocentes en las cárceles, mientras que a los criminales los libera el presidente.
Las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Congreso en 2019, en lugar de limitar la prisión preventiva a lo estrictamente necesario, incrementaron el catálogo de delitos que la determinan, lo que da lugar a terribles injusticias e, incluso, a actos de venganza personal de los fiscales o de represión gubernamental contra los opositores.
En las leyes mexicanas, la prisión preventiva puede ser de dos tipos: la “justificada” y la “oficiosa”. La primera es una medida cautelar que consiste en la privación temporal del derecho a la libertad personal con el fin de asegurar el desarrollo de la investigación penal, así como la integridad de víctimas o de testigos. Para que proceda este tipo de prisión preventiva, el fiscal debe justificar su pertinencia ante el juez.
El segundo tipo de prisión preventiva es la “oficiosa”, que está prevista en el artículo 19 de la Constitución a partir del año 2011, cuando se incluyeron seis delitos que ameritan que el juez dicte oficiosamente esta medida contra quienes son sujetos a un proceso penal acusados por dichas faltas. Gracias a las reformas al sistema penal que privilegiaron el principio de presunción de inocencia, el porcentaje de personas encarceladas sin sentencia se redujo paulatinamente a partir de 2014: del 42.8% pasó al 38.2% en 2019. El gobierno de la 4T, actuando en sentido contrario a esta tendencia decreciente y en contra de los postulados de la izquierda, en lugar de acotar esta medida violatoria de los derechos humanos, amplió en 2019 el número de delitos que ameritan prisión preventiva para incorporar 11 a los seis delitos originales.
Las consecuencias de la ampliación de la prisión preventiva cuatroteísta están a la vista en las estadísticas de Personas Privadas de la Libertad (PPL) que se encuentran internadas en las cárceles federales y estatales. Conforme a los datos de Haydé Gómez y la consultoría Intersecta (publicados en Nexos el 01/11/2021), basados en reportes oficiales, después de cinco años consecutivos de reducción, en 2020 hubo un aumento porcentual de las personas en prisión preventiva (42.2%) y para el corte de julio del presente año se alcanzó el 42.7%.
Cifras similares contiene el Censo Nacional de Sistema Penitenciario 2021 del INEGI (CNSPFE-21) según el cual, al cierre de 2020, eran 211 mil las personas internadas en los penales federales y estatales del país, cifra que representó un incremento del 6.2% respecto del año anterior. De ellas, 86 mil (40.9%) se encontraban bajo prisión preventiva sin sentencia, 30 mil con sentencia no definitiva (14.4%) y 94 mil con sentencia definitiva (44.7%). El INEGI también reporta que las PPL sin sentencia se incrementaron un 21.5% comparadas con el año 2019. De acuerdo a estas cifras, el 55.3% del total de las PPL se encuentran detenidas sin que sobre ellas pese una sentencia definitiva.
Forman parte de esta estadística casos conocidos como el de Rosario Robles, víctima de una venganza presidencial; el de Alejandra Cuevas Morán, la sobrina del fiscal Gertz Manero quien es a la vez la víctima de su desquite personal; así como el del diputado federal Rogelio Franco Castán, preso político de Cuitláhuac García, el desgobernador de Veracruz. Tanto estos como todos los demás casos de la estadística referida, muestran que las frases “construcción de la paz”, “respeto a los derechos humanos”, “amnistía”, tan reiteradas en los discursos de la 4T, son tan solo palabrería hueca: la presunción de inocencia de la mayoría de quienes sufren cárcel en México es cotidiana y crecientemente pisoteada.
Cincelada: Los corifeos de la 4T acusaron de “golpe blando” a los trabajadores de Dos Bocas, quienes demandaron el pago de tiempo extra y fueron reprimidos por la policía.
