Hay dos formas de enfrentar un problema público, la primera de ellas es identificar uno o bien crearlo, con el tema de la reforma electoral lo que ha buscado el gobierno de la 4T es inventar un problema público donde no lo hay. Han insistido en que el INE es un instituto caro y promotor de fraudes, pero no han podido probar sus dichos, lo que sí han provocado con el plan B es que los procesos electorales en el futuro se realicen con mucha incertidumbre.
En las primeras horas del 7 de diciembre la bancada de Morena se quedó sola en el recinto de San Lázaro, habían consumado los cambios que apenas unas horas antes habían presentado, después del rechazo a la reforma electoral por parte de la oposición, la iniciativa tenía como eje principal que los consejeros electorales fueran electos por el voto ciudadano.
En un proceso sumamente desaseado que incluyó la dispensa del trámite legislativo, de una densa iniciativa de más de 300 páginas que el oficialismo aprobó sin siquiera revisar y permitir la discusión de los puntos principales, donde la deliberación de cara a la sociedad estuvo ausente, es como se aprobaron las reformas que debilitarán al árbitro electoral y permitirán sacar ventajas indebidas a los actores que se encuentren en las posiciones de gobierno.
Las razones para actuar de esa forma eran evidentes, mucho de lo que ahí se aprobó al único que beneficia es el partido en el poder. La principal virtud que presume la reforma según el presidente son los ahorros por más de 3500 millones de pesos, sin embargo, el precio que tuvo que pagar el oficialismo para obtener ese supuesto ahorro fue perpetuar la presencia de los partidos políticos pequeños en el sistema electoral.
Una de las mayores falacias con las que el oficialismo ha tratado de justificar los recortes al INE es que el voto es más caro en México que en países como Brasil o Estados Unidos con más habitantes, en sus argumentos no se toma en cuenta que Estados Unidos no cuenta con un organismo central para organizar las elecciones, de ahí los problemas que enfrenta cada uno de los estados al recibir y contar votos, por otro lado, la credencial de elector es un documento único, no solo sirve para votar, también sirve como identificación oficial. Además, el INE realiza labores de fiscalización, es decir, el INE realiza más funciones, además de la organización de las elecciones.
La reforma establece que un partido perderá el registro sino alcanza el 3 por ciento de la votación, pero abre la posibilidad de que si ese porcentaje lo alcanza por lo menos en 17 estados del país podrá conservar el registro a nivel nacional, aunque no haya alcanzado el porcentaje de votación del 3 por ciento.
También el plan B permite la transferencia de votos entre partidos en los convenios de coalición, de tal forma que ante la falta de votos para alcanzar el registro de un partido pequeño el socio mayor se los puede transferir, esta medida también permite asegurar la presencia de los partidos pequeños en el sistema. Dos de los partidos que se verán beneficiados por estas medidas son el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados del oficialismo, partidos poco representativos, franquicias familiares, que han sobrevivido por las alianzas que han hecho en diferentes momentos con distintas fuerzas políticas.
El elemento clave del plan B es limitar las facultades tanto del INE como del Tribunal Electoral para no poder sancionar las conductas indebidas tanto de funcionarios como de partidos. Con la reforma no se podrán cancelar candidaturas, el oficialismo quedó profundamente dolido por la cancelación de la candidatura de Feliz Salgado. También se le quitan atribuciones a la Sala Superior para sancionar a servidores públicos que aspiran a una candidatura por recurrentes faltas como es el criterio de modo honesto de vivir. Claudia Sheinbaum ha sido obligada a deslindarse de la propaganda colocada en bardas en diferentes zonas de la Ciudad de México, también la autoridad electoral ha frenado diferentes actividades de la Jefa de Gobierno al considerarlos actos anticipados de campaña.
Otra de las reformas aprobadas pretende que los servidores públicos puedan opinar durante los procesos electorales, actualmente los servidores públicos tienen prohibido opinar o apoyar a algún candidato o hacer promoción de las consultas ciudadanas, con esta medida el presidente puede utilizar la mañanera para ser promotor de su propio partido, utilizando recursos y espacios del Estado para favorecer a la fuerza política a la que pertenece.
El presidente se dice demócrata, pero no lo es, alguien que no acepta el juego democrático, que no acepta la derrota, que no es capaz de aceptar que el Estado debe de estar fuera de las contiendas electorales, es una persona que será recordado por su talante autoritario. La elección que ganó en 2018 López Obrador es señal de un sistema democrático fuerte y confiable en la organización de elecciones, lo que el presidente pretende heredar con sus reformas, son las elecciones de Estado, en donde la fuerza política que se encuentre en el poder podrá sacar una ventaja indebida respecto al resto de los competidores, esa persona y esa fuerza política no puede ser considerada demócrata.
La iniciativa que seguramente será aprobada en el Senado y es altamente probable que libre la acción de inconstitucionalidad por parte del poder judicial, esta es una prueba más de que los actores que ayer se quejaban de la inequidad de la contienda hoy pretenden generar un sistema a modo, debilitar al árbitro electoral y aprovechar los espacios de poder desde el gobierno para seguir haciendo campaña, el plan B es una señal inequívoca de que México está entrando en una fase de retroceso democrático.
Iván Arrazola es analista político y colaborador de Integridad Ciudadana. @ivarrcor
