La propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que fue desechada en la Cámara de Diputados, evidenció las grietas dentro del oficialismo: conflictos internos, pérdida de incentivos para mantener cohesión sobre sus aliados y, sobre todo, la debilidad política de la mandataria.
Tal como se dibuja el panorama político, parece que el círculo con que gobierna la presidenta es cada vez más reducido, sin operadores políticos y dependiendo en gran medida de quienes mantienen contacto directo con Andrés Manuel López Obrador.
Sin mayoría para una reforma constitucional, Sheinbaum intentará revivir el proyecto por la puerta trasera a través de cambios a leyes secundarias que Morena podría aprobar con disciplina partidista, en un intento por avanzar hacia un modelo de control político del sistema electoral sin pasar por la negociación constitucional.
Control institucional
El Plan B mantiene la lógica del proyecto original: reducir el peso de actores que equilibran el sistema democrático —partidos, gobiernos locales y organismos electorales— mediante recortes presupuestales y cambios administrativos.
La iniciativa que prevé enviar al Congreso el 16 de marzo plantea entre otras cosas, reducir gastos y compensaciones en los tres niveles de gobierno, establecer un tope al número de regidores en los ayuntamientos y fortalecer mecanismos de democracia directa como las consultas populares.
En apariencia, algunas de estas propuestas apelan al discurso de la austeridad. Sin embargo, muchas son jurídicamente inviables. Los presupuestos de estados y municipios, así como su organización política interna, dependen de legislaciones locales, no federales. Intentar regularlos desde el Congreso implicaría vulnerar el principio de soberanía estatal establecido en la Constitución.
Pero la verdadera apuesta del Plan B no está ahí. El objetivo central es el árbitro electoral.
La mira puesta en el INE
El verdadero cambio se dirige al Instituto Nacional Electoral, organismo que desde la reforma de 1996 logró autonomía frente al gobierno federal.
Las propuestas incluyen recortar en un 25% los presupuestos del INE, de los organismos públicos locales electorales (OPLES) y del financiamiento público a los partidos políticos. También se plantea fijar un tope salarial para los funcionarios electorales y revisar la distribución de funciones entre el INE y los OPLES para reducir lo que el gobierno denomina “duplicidades”.
Uno de los puntos más polémicos es la posible desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sistema que permite conocer tendencias electorales la misma noche de la jornada.
Aunque la iniciativa mantiene la estructura central del INE, impacta directamente el servicio profesional electoral y la presencia territorial, debilitando la capacidad técnica del organismo.
Detrás del discurso de austeridad se esconde una estrategia ya conocida: reducir recursos, desmantelar capacidades institucionales y concentrar el control político de los comicios.
Un árbitro cuestionado
La elección de 2024 ya dejó señales preocupantes sobre el funcionamiento del sistema electoral. En la Ciudad de México, donde se concentra cerca del 20 por ciento del padrón, el PREP fue cancelado por un supuesto hackeo.
En al menos 15 estados, el sistema comenzó a operar hasta la madrugada del día siguiente por fallas que se atribuyeron a conectividad o problemas de carga de información en los comités distritales.
Para quienes observan con atención la evolución del sistema electoral, estos episodios levantaron sospechas sobre la transparencia del proceso y trajeron viejos fantasmas de manipulación electoral.
A esto se suma la creciente cercanía política de integrantes del Consejo General del INE con Morena. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, enfrenta cuestionamientos debido a que miembros de su familia militan en Morena.
No es la única, también han sido señalados Carla Astrid Humphrey Jordan, esposa de Santiago Nieto, actual titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y aspirante a la gubernatura de Querétaro por Morena.
En este contexto, el Plan B aparece como el paso final para completar un proceso de captura institucional que ya avanzó en la integración del Consejo Electoral.
Sin embargo, el panorama político no es nada sencillo para la presidenta. La derrota de su iniciativa evidenció fracturas: tres diputadas de Morena votaron en contra y otros optaron por abstenerse o ausentarse.
Peor aún para el oficialismo, sus aliados tradicionales —el PT y el PVEM— han mantenido señales de distanciamiento y no garantizan respaldar el nuevo intento legislativo.
El resultado es una presidencia políticamente debilitada, que lanza advertencias contra quienes no respaldan su proyecto y amenaza con consecuencias en futuras candidaturas.
Pero en política, las amenazas sólo funcionan cuando existe poder suficiente para sostenerlas. Y hoy, el Plan B exhibe algo más que un intento de control electoral: revela a una presidenta que se sabe cada vez más sola.
X: @diaz_manuel
