La Ley de Planeación obliga a que la ciudadanía sea tomada en cuenta en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) pero, en lugar de ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum simuló un proceso de consulta en foros cuasi clandestinos, con acceso restringido, en los que participaron exclusivamente burócratas y “vividores de la nación”. El equipo comandado por el ex vocero de AMLO elabora el PND 2025-2030 circunscribiéndose a los 100 compromisos de Sheinbaum que, hay que decirlo, son un refrito de los que hace seis años anunciara López Obrador.
Las “10 mil 526 propuestas del pueblo de México”, emanadas de 57 foros de consulta que supuestamente se realizaron entre el 6 y el 19 de enero pasados, no son más que fingimiento. La presidenta excluyó de la consulta a los distintos sectores sociales, a sindicatos, organizaciones agrarias, cámaras empresariales, al tiempo que hizo caso omiso de las propuestas de los especialistas en la materia e ignoró olímpicamente las que formularon centros de investigación interdisciplinaria de alto nivel, como el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
Pese a tal actitud omisa del gobierno, violatoria de los principios constitucionales que rigen la planeación democrática del desarrollo, es pertinente señalar la orientación que debiera tener el PND 2025-2030 para que México enfrente los grandes problemas nacionales que le aquejan.
Como lo ha señalado el economista José Luis Calva, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, nuestro país requiere de 1 millón 350 mil nuevos puestos de trabajo remunerado cada año para las sucesivas generaciones de jóvenes demandantes de empleo. Lograrlo implica dejar atrás la inercia neoliberal de bajo crecimiento de la economía, que promedió tan solo el 2.3% anual entre 1983 y el 2018. Esta inercia se agudizó en los últimos años, pues la economía creció menos del 1% durante el sexenio de López Obrador y las perspectivas no son buenas para 2025, año para el que se prevé un crecimiento de tan solo 0.8%.
El estancamiento económico origina que el 56.6% de la población económicamente activa (PEA) esté en la economía informal. Se trata de 32 millones de trabajadores con empleos precarios, bajos sueldos y carencia de prestaciones. A ellos se deben sumar 5.7 millones que se encuentran en el desempleo encubierto (personas que no aparecen en la estadística del desempleo porque, al perder la esperanza de conseguirlo dejaron de buscar trabajo, así como otros 2.5 millones de trabajadores que se ubicaron en el desempleo abierto (quienes buscaron activamente trabajo, pero no lo encontraron). En vez de reconocer la gravedad del problema, el grupo en el poder manipula las estadísticas para jactarse de un bajo nivel de desempleo que solo existe en su imaginación.
Lo cierto es que México requiere de un crecimiento económico anual superior al 6% para enfrentar los retos del desarrollo. Es posible lograr la expansión económica si se abandona el neoliberalismo que, en su variante populista, adoptó la 4T, modelo que el actual gobierno amenaza con continuar al amparo de su “segundo piso de la transformación”. Como dijera José Luis Calva, se precisa de una “versión 2.0” del modelo de la estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado, el que deberá incluir una política de fomento industrial que no se limite a las maquiladoras, sino que promueva la industria de bienes de capital y de alta tecnología, el desarrollo y la innovación tecnológica propios, una educación de excelencia y servicios públicos de alto nivel, comenzando por el restablecimiento de la seguridad.
El nuevo modelo deberá basarse en una reforma tributaria que fortalezca las finanzas públicas y permita al Estado emprender políticas de desarrollo de mediano y largo plazo. Entre otras, esas orientaciones debieran contenerse en el PND 2025-2030. Es deseable que se dejen de lado las ocurrencias coyunturales, se acabe el empecinamiento en obras faraónicas, se cierre la industria del clientelismo electoral y se emprenda una verdadera política de desarrollo social.
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