Al grito de “ríndanse, los tenemos rodeados…”, el presidente López Obrador tomó por asalto al Poder Judicial, luego de un tremendo cañonazo que sacudió los cimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la República entera.
La relación entre los Poderes Ejecutivo y Judicial ya se había tensado mucho desde que López Obrador asumió el cargo, y desde ese día el presidente entendió que no había posibilidades de acuerdo y que la SCJN no se tomaba por consenso sino por asalto.
Así, desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo se urdió una estrategia para tomar a la mala y de un sólo golpe al Poder Judicial, con la colaboración de sus generales que comandan fuerzas especiales en el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y de la policía política de la Secretaría de Gobernación.
Desde luego, el comandante en jefe de esta operación y orquestador del asalto, fue el presidente de la República.
El golpe se preparó con todo detalle y se cuidaron los distintos escenarios de la batalla; se buscaron los puntos débiles del adversario; se calcularon sus fuerzas de resistencia y ataque; se escogió el armamento político, fiscal y judicial necesario para dar un golpe fulminante; y se preparó una segunda etapa de acciones para después del asalto en la idea de sofocar y anular cualquier intento de respuesta desde adentro o el exterior.
Los objetivos eran claros: a) que el presidente López Obrador tuviera una SCJN y un Poder Judicial que respaldara constitucionalmente los grandes cambios de la transformación que se ha propuesto; b) que aquellos jueces y magistrados que abiertamente o de forma velada no comulgaran con esta idea de transformación, ubicados como la ‘fracción conservadora’, quedaran totalmente inhabilitados para intentar cualquier cosa; c) y que la fracción de jueces y magistrados que le son favorables, reconocidos como los reformistas, quedaran bien posicionados y al mando de este Poder.
El asedio a la SCJN comenzó con presiones y amenazas de orden táctico con la finalidad de debilitar y desacreditar aun más al Poder Judicial antes de ejecutar el asalto final. Principalmente en dos líneas de acción: a) con el apoyo de sus fuerzas legislativas en la Cámara de Diputados se señaló la corrupción y los privilegios de jueces y magistrados, a fin de ajustar presupuesto asignado y salarios; b) con el apoyo de sus fuerzas legislativas en el Senado se buscaron alternativas para incrementar de forma ficticia el número de integrantes de la SCJN para darle el número mágico al Ejecutivo que le permitiera el control sobre este Poder.
Incluso se orquestó un plantón “ciudadano” a las afueras de la SCJN para meter más presión en el cerco que se tendió sobre los jueces y magistrados.
De forma paralela, para ir cerrando la pinza e iniciar la toma desde adentro, el presidente López Obrador hizo uso de todas sus facultades para poner dos ministros carnales y colocar en la presidencia de la SCJN a un ministro que le fuera más incondicional o de confianza.
El sitio al Poder Judicial se prolongó por varios meses hasta que llegó el momento esperado para decidir el asalto. La decisión de instrumentar la fase definitiva se tomó cuando, desde la fracción conservadora, un juez le dio entrada a las impugnaciones que frenaron las obras del aeropuerto de Santa Lucía.
El presidente López Obrador no podía permitir que desde el otro poder, el Judicial, el juez Arturo Camero interpretara la ley y diera la razón a sus adversarios. Entonces pegó el grito en el cielo, acusó, señaló, amenazó y reclamó. No sólo presionaron para cambiar el sentido de la decisión del juez con el argumento de la seguridad nacional o la razón de Estado, con la intervención del Ejército como querellante, sino que advirtieron que esto no podía volver a pasar. La suerte estaba echada.
Entonces el presidente dio la instrucción de desatar el infierno sobre la SCJN porque no iba a tolerar que desde este Poder se favoreciera el bloqueo a sus iniciativas de gobierno.
El primer blanco fue el ministro Eduardo Medina Mora. La operación de inteligencia financiera, judicial y política, fina y decidida desde el más alto nivel, estaba ya preparada con antelación y sólo se esperaba la indicación para iniciar el ataque. Se cumplió el objetivo inmediato de descabezar, destruir, desmembrar, amedrentar y meter pánico en el Poder Judicial. El instrumento fue el chantaje: la libertad o el cargo.
Se acordaron los términos de la rendición del ministro, cuando todavía salía el humo de todos los rincones del Poder Judicial y de manera particular, de su centro de operaciones, la SCJN.
No se cuidaron las formas legales, pues no quedaron claras las razones de la renuncia, el presidente se apresuró a aceptar la renuncia y anunció que al ministro se le investigaba por actos de corrupción, y en seguida la fracción del partido oficial en el Senado promovió la aprobación de la renuncia sin mayores explicaciones, cosa que finalmente sucedió.
Concluido el asalto, entró en acción la fracción aliada del presidente López Obrador en el Poder Judicial: el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dijo que el Poder Judicial no era contrapeso ni oposición política al gobierno; atacó al expresidente Felipe Calderón acusando que él sí había ejercido presión contra el Poder Judicial, desmintió que el presidente López Obrador haya ejercido alguna presión contra ese Poder; anunció la destitución del juez del Primer Circuito, Arturo Camero Ocampo, acusado de corrupción; y fue al programa estelar de la Cuarta Transformación en la TV para dejar constancia de su activismo a favor del presidente López Obrador.
Así como Mario Delgado y Ricardo Monreal le pastorean al presidente su fuerza de legisladores, ahora el ministro Arturo Zaldívar se dispone a pastorear a jueces y magistrados afines a la 4T. Está tan contento López Obrador por los resultados, que de forma entusiasta le ha dado su respaldo al ministro Zaldívar y le hizo entrega simbólica del nombramiento de General en Jefe de sus fuerzas en el Poder Judicial.
Porque es claro que el asalto al Poder Judicial contó con el respaldo de esta fracción de jueces y ministros que encabeza el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.
No sólo Medina Mora y el juez Camero salieron como los derrotados más evidentes de la fracción conservadora. El golpe también llegó hasta Claudio X González, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y a Gustavo de Hoyos, líder de Coparmex.
Pero la derrota que sí duele es la de la autonomía e independencia del único Poder que podía hacer contrapeso constitucional a un Ejecutivo concentrador del poder, y que no se sujeta necesariamente a ninguna ley si no le conviene.
Ya nada más resta que el Senado le apruebe al presidente López Obrador un ministro de la terna que le presente para cubrir la vacante que dejó el ministro defenestrado. Quien sea seguramente se va a distinguir por plegarse a los designios del presidente. Después de la sangre derramada, ningún ministro sacará la cabeza y más de uno de los que sobreviven de la fracción conservadora seguramente terminarán alineándose al Poder Ejecutivo.
Así, el presidente López Obrador se apuntó una victoria decisiva, pues el Poder Judicial y su SCJN, asediados por el Poder Ejecutivo, han caído.
Como dice el héroe popular de la TV mexicana: “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?” A ver quién o quiénes dicen “¡YO!”.
Mientras tanto, la primera prueba de fuego de la SCJN será la llamada Ley Bonilla, una vez que el gobernador se decida a publicarla: pondera la resolución del TEPJF en el sentido de que son 2 años o considera como válidos y vinculantes los resultados de la consulta que votó por el sí a los 5 años. Favorables al partido oficial y a su gobernador Bonilla, con la complacencia del presidente; o a favor de los organizadores de la elección, los jueces y las reglas electorales, y de la Constitución.
El último clavo
El asalto que sigue: INE.
La confrontación está en curso y podría ser de consecuencias impredecibles. No se ven posibilidades de algún acuerdo, no hay puentes. En la CNDH ya renunciaron a la diferencia y sacaron la bandera blanca. Buscan el diálogo. ¿Harán lo mismo en el INE? ¿Están mejor pertrechados, como para resistir el asalto que viene? ¿Hay algún Arturo Zaldívar en su interior que traicione la institución y salve a su fracción, plegándose con el otro poder? Mientras tanto, sepan que serán investigados hasta por debajo de las piedras por la UIF, la FGR y Gobernación.
El asedio ya empezó desde las fracciones parlamentarias del presidente López Obrador: ajustar presupuesto, estructura y sueldos, y, desde la misma presidencia, se busca desacreditar y debilitar a la institución.
La pregunta es para cuándo será el asalto, no si se va a dar. Lo seguro es que sería antes de las elecciones del 2021.
El presidente del INE se niega a cualquier ajuste en el presupuesto y estructura del organismo que representa; desafía al poder al rechazar la llamada Ley Bonilla y cuestiona con dureza la consulta “patito” que convocó el congreso local y cuyos resultados son favorables a la ampliación del mandato; y por si fuera poco le pone sanciones al Poder Ejecutivo por el uso indebido de recursos públicos con los “Servidores de la Nación” y su estructura de Superdelegados. Esos podrían ser los puntos de quiebre. Es cuestión de tiempo.
¿Ustedes qué creen?
