En cada vez más flancos el presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta el talante autoritario y conservador que le ha impuesto a su gobierno. La descalificación que promueve contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ratifica su intolerancia contra las instituciones que pueden hacer contrapesos al gobierno y, sobre todo, su indisposición para cumplir con la ley.
El diferendo más reciente entre el presidente y la CNDH ha sido con motivo de las estancias infantiles. El licenciado López Obrador no admite la recomendación que el 31 de mayo dio a conocer ese organismo para que sea rehabilitado el programa que permitió mantener más de 9 mil estancias infantiles. Esa recomendación fue respondida en un documento grosero, confuso y embustero, suscrito por la señora Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de Desarrollo Social.
Las primeras páginas de ese escrito, en vez de discutir la Recomendación, están dedicadas a injuriar a la CNDH. Con demasiada desmemoria allí se dice, entre otras cosas, que la Comisión “se convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad del régimen de injusticias, corrupción y privilegios”.
Desde que fue creada hace 29 años, en junio de 1990, la CNDH ha tenido una relación de frecuente tensión institucional con el poder político. La naturaleza de sus funciones la hacen distinta y en ocasiones distante del gobierno. La autonomía plena que obtuvo en 1999 le permite señalar excesos y omisiones cometidos por autoridades y proponer medidas para repararlos. Quizá a veces, en diversas épocas, las resoluciones de la Comisión nos han podido parecer insuficientes; pero es absolutamente falso que no haya actuado especialmente ante las más conocidas y por desgracia frecuentes violaciones a los derechos humanos.
La subsecretaria considera que la CNDH nada hizo “para terminar con la guerra de exterminio que se desató por órdenes de Felipe Calderón” y que sus titulares “nunca exigieron justicia frente a las infamias cometidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quien… se esmeró en ocultar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa…”
Afirmaciones como ésas en un documento oficial, firmado por una funcionaria pública de alto rango, son calumnias ante las que por lo menos resulta indispensable exigir explicaciones. La subsecretaria Montiel tendría que precisar contra quiénes desató el gobierno la “guerra” que tan improvisadamente diagnostica. Pero antes que nada habría que recordarle que si hubo algo inocultable en el sexenio anterior fue la muerte de los jóvenes de Ayotzinapa. Quizá sería demasiado pedirle que lea las 2178 páginas del informe que presentó la CNDH acerca de la desaparición de esos estudiantes y que constituye la investigación más amplia que se ha realizado al respecto.
La subsecretaria ni siquiera leyó con esmero las 241 páginas de la recomendación sobre las estancias infantiles. A partir de 204 quejas que recibió y que involucran a 5340 agraviados, la CNDH examina las consecuencias que ha tenido la cancelación del programa que les permitía a las madres de familia, y a padres solos, elegir la estancia para llevar a sus niños. Los derechos de esos madres y padres, de sus hijos y de los trabajadores de las propias estancias, son defendidos en el estudio y las recomendaciones de la Comisión. Entre otros cuestionamientos al desempeño de la Secretaría de Bienestar (SB), allí se mencionan la ausencia de un diagnóstico serio antes de tomar esa decisión, los resultados favorables que en cambio registraron otros estudios acerca de ese programa como el que hizo la Auditoría Superior de la Federación y el hecho de que las irregularidades documentadas por la SB fueron escasas. Al cancelar ese programa, el gobierno cometió una arbitrariedad que afecta a decenas de miles de familias y, además, calumnió a derechohabientes y administradores de estancias infantiles a los cuales acusó de corrupción sin haber presentado pruebas.
La CNDH encontró que la Secretaría de Bienestar, la de Hacienda y otras dependencias afectaron derechos de los beneficiarios de estancias infantiles y las instruyó para restablecer ese programa. La subsecretaria, en su exacerbada respuesta, se refiere a “las llamadas estancias infantiles, promovidas por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.
Aunque fuesen adherentes de un partido —de lo cual no hay evidencia— quienes se han inconformado por la cancelación de las estancias tienen plenos derechos. Esa chapucera politización de un asunto de por sí delicado y agraviante para muchas personas manifiesta el sectarismo del gobierno y, sobre todo, la ligereza con la que toma decisiones que perjudican a centenares de miles.
Si el descuido de la subsecretaria enviada a descalificar a la CNDH ya era alarmante, el apoyo que el presidente López Obrador expresó el viernes 28 de junio a ese documento y su rechazo para atender a las recomendaciones de la Comisión resultan especialmente graves. La CNDH lamentó, ese mismo día, “que en lugar de emprender acciones para un real respeto y vigencia de los derechos humanos en nuestro país, se opte por desinformar y, sin argumentos de sustento, pretender generar en la sociedad una percepción equivocada…”
Nunca, en sus tres décadas de existencia, la CNDH había sufrido una agresión de esa magnitud dispuesta por el gobierno. Cada año el presidente de la República asistió al informe anual de la Comisión en donde, con frecuencia, se hicieron señalamientos que no le gustaron al Ejecutivo Federal. Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, reconocieron la interlocución con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y escucharon lo que ese organismo tenía que decirles. Andrés Manuel López es el primer presidente que se niega a recibir en persona el informe de la CNDH.
Si hubiera acudido a la presentación del informe anual, el 3 de junio pasado, López Obrador habría tenido la oportunidad de conocer de viva voz las reflexiones del presidente de la CNDH, el maestro Luis Raúl González Pérez, quien recordó el carácter indispensable que tienen la pluralidad y el intercambio entre las instituciones del Estado: “no será debilitando la institucionalidad democrática, ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de la legalidad y del respeto a la dignidad humana”.
El presidente López Obrador se habría beneficiado —y de esa manera el país— de haber escuchado estas palabras de Benito Juárez citadas por el presidente de la CNDH: “Un sistema democrático y eminentemente liberal como el que nos rige, tiene por base esencial la observancia estricta de la ley. Ni el capricho de un hombre solo, ni el interés de ciertas clases de la sociedad forman su esencia”.
Decisiones como la participación institucional de las fuerzas armadas —a través de la Guardia Nacional— en la persecución a la delincuencia, así como el daño a derechos ciudadanos con la cancelación de proyectos del poder público, hacen más necesario que nunca el trabajo esmerado e independiente de la CNDH. Es inadmisible que a los derechos humanos y a la Comisión encargada de reivindicarlos se les quiera menoscabar debido al capricho de un gobernante.
Este artículo fue publicado en La Crónica de Hoy el 1 de julio de 2019, agradecemos a Raúl Trejo Delarbre su autorización para publicarlo en nuestra página.
