Está anunciado: el día de hoy, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutirá el segundo paquete de cambios (y alteraciones) electorales propuestos por el gobierno de López Obrador, el multicitado “Plan B”.
Su contenido es bien conocido: se busca desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) ya no mediante la reforma a la Constitución, sino a través del cambio de cinco leyes y la emisión de una nueva, que en su conjunto, trastocan todo en las elecciones de México.
Un cúmulo intencionado de violaciones a la Constitución. La autonomía e independencia del INE se transgrede; el Servicio Profesional Electoral prácticamente desaparece, al eliminarse el 85 por ciento de sus plazas; se coloca al INE en una condición de incapacidad operativa para entregar credenciales, actualizar cartografía, convocar y capacitar a milllones de ciudadanos para organizar las elecciones; los órganos desconcentrados del Instituto se vuelven temporales, se les arrebata su calidad profesional; el gobierno vuelve a meterse en el padrón electoral mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que validaría la lista de los electores los mexicanos en el extranjero; se minimizan las capacidades de sanción y fiscalización del INE frente a los partidos políticos.
El panorama de conjunto, deriva en otra institución, otro INE, muy diferente a la que señala la Constitución. Dicho en una nuez: a través de cambios legales, se pretende erosionar e incluso nulificar las garantías constitucionales que nos han permitido elecciones libres y auténticas desde hace 30 años.
Pero la manera en que este menjunje legislativo fue aprobado, es quizás más graves: no hubo la mínima intención de llegar a acuerdos. ¿Consensos sobre las reglas de la disputa del poder político? Olvídenlo. El gobierno dictará como. Una involución salvaje de una mayoría que, por serlo, cree que puede saltarse constitución, ley y reglamentos.
Fue precisamente por este atropello que, en mayo, la Suprema Corte declaró inválidas las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (primera parte del “Plan B”). Pero mañana, el mismo pleno analizará el decreto de reformas a:
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
- Ley General de Partidos Políticos
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y
- Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral
Pues bien, esas cuatro normas que hoy se discutirán, padecen de los mismos vicios de las que ya fueron echadas por tierra por la misma Corte, e incluso más. Subrayemos:
- Todas las violaciones demostradas ya en la primera parte del “Plan B” vuelven a estar presentes en la segunda parte a discutirse hoy (se aprobaron en el mismo, viciado, proceso),
- La mayoría de diputados jamás expuso argumentos que demostraran el “trámite urgente” y que justificara aprobar en la misma noche
- Los legisladores no tuvieron, no pudieron, conocer las propuestas traídas a las carreras,
- No se publicaron ni se distribuyeron con anticipación mínima, requerida por el reglamento de la Cámara de Diputados,
- Dado un asunto tan importante, se saltaron el requisito de discusión en Comisiones, sin escuchar a los demás partidos, mucho menos a grupos afectados, interesados y otras minorías,
- Más de 500 disposiciones -que determinarían la contienda del poder político mexicano- nunca fueron dictaminadas y se aprobaron en solo 4 horas… una simulación
Pero el proyecto del ministro Javier Laynez va más allá: “existen violaciones adicionales, graves, al proceso legislativo que no habían sido planteadas en el asunto anterior”. Es decir: la segunda parte del “Plan B” esta envuelta en más vicios que la primera ya anulada. Vean ustedes:
- La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria fue sustituida por una versión modificada cuando estaba siendo discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, sin que se diera cuenta de la sustitución ni de las modificaciones a los legisladores.
- Las Cámaras modificaron artículos del proyecto ¡que ya habían sido aprobados por ellas en sesiones anteriores! O sea: modificación a la modificación a la modificación sin discusión ni argumento.
¿Esto fue constitucional? ¿Ese es el proceso, las leyes, los procedimientos que determinarán la forma en que se organiza la disputa del poder político en México?
Quizás la Suprema Corte responda hoy. Y creo, que para bien de la democracia mexicana, dirá que no… no es constitucional.
