Andrés Manuel López Obrador enfrenta lo que quizá sea su mayor crisis política en el sexenio. Se encuentra en el ojo del huracán tras la publicación de un revelador reportaje del prestigioso periodista Tim Golden para la plataforma ProPublica.
Este minucioso trabajo periodístico pone al descubierto cómo, en 2006, su equipo de campaña habría recibido 2,000,000 de dólares de notorios capos de la droga, a cambio de favores políticos en caso de alcanzar la presidencia.
La base de esta investigación proviene de la DEA, la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos, y se apoya en una serie de documentos, testimonios de informantes y entrevistas con más de una docena de funcionarios tanto de México como de Estados Unidos.
El protagonista de esta historia es Roberto López Nájera, un operador del infame narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”. López Nájera, convertido en testigo protegido de la DEA tras la desaparición de su hermano a manos de La Barbie, devela cómo se gestó la entrega del dinero al equipo de campaña de López Obrador.
Nicolás Mollinedo, conocido como Nico, también emerge como personaje central en esta trama. Hombre de confianza y mano derecha de López Obrador durante su paso por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la figura de Nico trasciende la de un simple chofer, asumiendo roles clave en logística y seguridad.
El reportaje apunta a Nico como el receptor de los 2,000,000 de dólares provenientes del narcotráfico. Este financiamiento, según se señala, tenía como contrapartida la libertad operativa de los narcotraficantes y su influencia en nombramientos de mandos policiales clave, e incluso en el del Procurador General de la República en un eventual gobierno de López Obrador.
La historia se torna aún más compleja. La Barbie, miembro del grupo delictivo de los Beltrán Leyva, no solo habría financiado la campaña de López Obrador, sino que también planeó el secuestro del presidente del Tribunal Electoral Federal para influir en los resultados de la contienda presidencial de 2006. Aunque el secuestro nunca se llevó a cabo, su apoyo financiero a las protestas de López Obrador por un supuesto fraude electoral es un hecho notable.
Frente a este panorama, la respuesta del presidente López Obrador ha sido de rechazo y descalificación hacia las acusaciones presentadas por ProPublica. Mantiene una postura firme sobre la inocencia y la honestidad de su equipo, negando cualquier implicación en actividades ilícitas, y como siempre, aprovecha la situación para victimizarse y acusar una conspiración en su contra.
Sin embargo, lo que estamos viendo no puede ser considerado un hecho aislado. El 14 de febrero del año pasado, un testigo en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna mencionó a Andrés Manuel López Obrador. El hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del cártel de Sinaloa, declaró que pagó un soborno de 7,000,000 de dólares para una campaña, entregado a Gabriel Regino, subsecretario de seguridad de López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Acciones como la liberación y posterior recaptura de Ovidio Guzmán en el “culiacanazo”; las reiteradas visitas de López Obrador a Badiraguato, cuna de El Chapo, y sus gestos hacia la familia Guzmán, han enviado señales ambiguas que hacen cuestionar la línea divisoria entre la política y los intereses del narco.
Tampoco podemos omitir hechos como la exoneración inmediata del General Cienfuegos, acusado por vínculos con el narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos; la liberación exprés al ex gobernador preso por narcotráfico Mario Villanueva Madrid; las constantes adulaciones de José Luis González Meza, abogado de El Chapo Guzmán hacia el presidente o los guiños intercambiados con el “jefe de jefes” Miguel Ángel Félix Gallardo a través de cartas enviadas desde un penal de máxima seguridad.
Ahí están también los casos de personajes del movimiento político de López Obrador, como Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo grabada en video departiendo con el líder de la banda de “Los Ardillos” en el estado de Guerrero; o el del finado Sergio Carmona “rey del huachicol”, quien estableció una estrecha relación con diversos políticos de MORENA, incluyendo al presidente nacional de ese partido, Mario Delgado.
Está claro que la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente ha dado manga ancha a los criminales para delinquir, y coincide con un récord histórico de asesinatos en el sexenio. Esto ha exacerbado las sospechas sobre posibles nexos entre el gobierno y el crimen organizado.
El contexto electoral de 2021 arrojó más leña al fuego. La alianza opositora denunció la intervención de grupos criminales en las elecciones, beneficiando en gran medida a MORENA. Las acusaciones no se limitan al ámbito local: llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dejando entrever la magnitud y la gravedad del asunto.
Este cúmulo de acusaciones, insinuaciones y pruebas, aunque circunstanciales, desmorona por completo el sonsonete de “honestidad valiente” de López Obrador y pone en evidencia una red de intereses y acciones que, de confirmarse, podrían tener implicaciones no solo políticas sino también legales de gran alcance.
La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿Hasta dónde llegan las raíces de esta supuesta alianza entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el crimen organizado, y cuáles serán las consecuencias de destaparse completamente esta caja de Pandora?
