Durante el fin de semana una nueva pifia, monumental de Andrés Manuel López Obrador, ocupó la atención en las redes sociales pues el presidente hizo ostensible su ignorancia de los indicadores económicos para atacar al “neoliberalismo” cuando, con esos mismos datos, en realidad estaba demostrando buenos indicadores. Poco duró la sorpresa al respecto ya que en las redes sociales, en particular en Twitter, Alfonso Ramírez Cuellar colocó una iniciativa de Morena que de inmediato concitó el rechazo generalizado de usuarios digitales, políticos, periodistas, intelectuales y ciudadanos.
De acuerdo con Morena, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debe revisar el patrimonio de los mexicanos y tener acceso a su información financiera para medir la concentración de riqueza del país. Para ello, dice, el INEGI “debe de tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata solo de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y las personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
Pocas iniciativas como ésta han provocado un rechazo tan generalizado y contundente como ésta, entre otras razones, porque exhibe el talante autoritario del gobierno y pone en alerta a la sociedad sobre un continuo embate del gobierno su partido contra la democracia y, en este caso, los mínimos derechos individuales.
En las últimas horas, en algunos espacios periodísticos, ha trascendido la especie de que muchos militantes de Morena no coinciden con dicha iniciativa. Pero como sea conviene no dejar de tener en cuenta el tema pues el partido tiene mayoría en el Congreso y podría, si lo decide así, sacar adelante este despropósito y modificar la Constitución. Esperemos que no.
