El pasado 19 de marzo, la Procuraduría General de la República efectuó un operativo contra cuatro radios comunitarias en la región de la Mixteca de Oaxaca. El hecho no tendría mucho de particular de no ser porque detrás de ello se encuentra el poderoso vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión en el estado, Manuel Siordia, usando al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una campaña no sólo destinada al fracaso, sino de impredecibles consecuencias.
La mañana de ese sábado, personal encapuchado de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial de la PGR detuvo a Heriberto Hernández, indígena triqui de San Martín Itunyoso de 22 años, quien rentaba un cuarto donde se ubica La Tlaxiaqueña, ajeno a la emisora y a Héctor Cruz, mixteco de 34 años de edad, quien efectuaba la limpieza en La Perla de la Mixteca; cerró estas estaciones, además de Radical Stereo y La Máxima, ésta última emisora desde hace tres años del noticiero “Máxima Noticias” en el que colaboran periodistas comunitarios y que se enlaza con las radios comunitarias de, al menos, siete comunidades: San Juan Mixtepec, Santa María Cuquila, San Agustín Tlacotepec, Chalcatongo de Hidalgo, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Yolomécatl y de San Esteban Atatlahuca. Sin duda, uno de los medios de información de mayor alcance para las comunidades indígenas de la región Mixteca.
Lo inédito es que la acción ha sido acompañada de una cuidadosa estrategia de comunicación. De manera paralela, a partir del miércoles siguiente, el IFT inició una campaña publicitaria en prensa, con un anuncio y en radio, con dos spots. Completa el plan de medios la cobertura en espacios informativos.
TV Azteca difundió la noticia en sus emisiones locales. En “Conexión Nacional”, un noticiero que se transmite en más de 22 estados de la República Mexicana a través de 45 estaciones de radio, afiliadas a Radio Independiente de México, el propio Manuel Siordia, también director de la XEOU, una estación con casi 50 años, que desde Huajuapan transmite con cinco mil watts cubre precisamente la región Mixteca, concedió una entrevista a Roberto Díaz Guerrero, exdirector de Información Nacional en Medios de los Estados de la Presidencia de la República y exdirector del Sistema Morelense de Radio y Televisión, ahora Instituto Morelense de Radio y TV. Jaime Velázquez, director regional de Noticiaros de Radiorama, por su parte entrevistó, para su noticiero que se distribuye en diversas ciudades del estado, a Jaciel García, presidente de Mitla donde Signos y Sentidos, comunicación estratégica produce, para el Ayuntamiento, “Trabajando juntos con el corazón”, un programa tipo cabildo abierto que se transmite por tres de las seis estaciones de la esa comunidad zapoteca, ninguna de ellas comunitaria[1]; mientras que, seguramente alentados por el posible retorno del PRI a la gubernatura del Estado a través de Alejandro Murat, todos los noticieros locales de todos los grupos radiofónicos, difundieron la grabación de una entrevista que concedió el senador y candidato Benjamín Robles a una estación comunitaria.
No se requiere ser un avezado publicista para notar que los mensajes de radio y prensa firmados por el Instituto no corresponden a su estrategia de comunicación: no respetan la identidad de la marca, el tono de sus mensajes ni su discurso cuidadoso en el uso de los términos jurídicos tan indispensables para esa entidad reguladora. Más aún, las tres frases centrales o ejes de esa campaña coinciden plenamente con los ejes del discurso de la Cámara contra las radios comunitarias: “Se busca por robo”, “Transmitir desde una radio sin concesión es un delito”. “Las estaciones sin concesión nos afectan a todos”, lo que hace aparecer al órgano del Estado como un mero prestanombres de los industriales, un muñeco de ventrílocuo.
En los medios noticiosos, desde luego, la estrategia discursiva de la CIRT de mayor forma. Siordia, anuncia, cual vocero del Instituto, la determinación de las autoridades, admite que los operativos han sido esperados por años principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Nayarit, se lanza con señalamientos de delincuentes, pseudoperiodistas, incitadores de la violencia; los comunicadores, autorreconocidos añejos combatientes de las comunitarias, algunos de los cuales venden a políticos la cobertura de sus noticias en los espacios digitales y radiofónicos que dirigen, siguen el tema eje de la legalidad, minimizando toda otra realidad con frases del tipo “es un delito y punto”, “que se cumpla la ley”, “tal vez, tal vez pueden tener buenas intenciones”, intimidan a sus propios clientes con preguntas como “¿qué vas a hacer si llega la PGR a la estación durante tu programa?”.
En este punto, cuando ya la propaganda es la estrategia, lo que menos importa, claro está, son la información, la verdad y las audiencias. Violando el derecho de éstas, omiten, desde luego, que no hay tal delito, sino una infracción y, mucho menos, presentan la información de la contraparte o informan que su propio sindicato, en su pasada administración encabezada largamente por Fernando Miguel, operó sin concesión su propia estación.
El toque final, literalmente operativo de la estrategia, lo pone la PGR con las acciones de decomisos y aprehensiones que son a denuncia expresa de la propia Cámara, tal como lo han constatado, y expresado a este reportero, algunos denunciados que han seguido su proceso hasta llegar a buen puerto, la recuperación de su libertad y sus bienes.
Con esta inusitada ofensiva, la CIRT local calentó la plaza y moviliza a las radios comunitarias. A la semana siguiente, el viernes 25 de marzo, representantes de organizaciones sociales con presencia en la Mixteca, ciudadanos e integrantes de la CNTE participaron en un foro en la Escuela Normal Experimental Huajuapan para organizarse en defensa de las radios comunitarias, acordaron acciones en su defensa y realizaron una marcha el día siguiente. Por su parte, organismos de la sociedad civil comenzaron a emitir pronunciamientos, entre otros el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, la Casa de los Derechos de Periodistas, la Plataforma Nacional de Vinculación de Periodistas , la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C., Ojo de Agua Comunicación, Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, el Congreso Nacional de Comunicación Indígena y la Agencia Internacional de Prensa Indígena. Al tiempo, los activistas e impulsores de la radio comunitaria analizan, se organizan y alistan asambleas y reuniones con las comunitarias para definir posturas y acciones.
Las radios comerciales por su parte, disminuyen su potencia, apagan sus transmisores o bajan su antena por unos días. Las religiosas, más dispuestas al martirio, sólo escuchan, a veces, algunas y esperan.
Al enfocar la estrategia en la legalidad de las estaciones, la Cámara pretende ocultar la realidad política, económica y social que la asfixia en este peculiar momento de su historia; pretende encasillar en la ilegalidad tanto a radios comunitarias que responden a necesidades de información locales que ellos no satisfacen, como a radios comerciales que han surgido de sus propias entrañas que les disputan, no el pequeño mercado de la publicidad de los bailes, sino el más rentable de la información política, ahora en temporada alta por elecciones.
La siempre conveniente política editorial oficialista de las estaciones comerciales alienta fervorosamente el surgimiento de espacios de información y opinión alternativos; pero aún, cuán más oficialista la primera, más militante y radical las segundas. Esto, particularmente en la región de los operativos, que se ha traducido en confrontaciones casi personales entre comunicadores comunitarios cercanos a las posiciones e ideología revolucionaria de la Sección 22 con los de las estaciones del Ing. Siordia. Pero las comunitarias son las menos.
En el estado, como seguramente en el resto del país, las estaciones comerciales se han multiplicado en los pueblos y comunidades, alentadas fuertemente por lo que he llamado los damnificados de la radio comercial. Ante la necesidad de los concesionarios privados del interior del país de afiliarse a las grandes cadenas y franquicias nacionales para no sucumbir, éstas han tenido que renovar sus cuadros despidiendo a un número considerable de locutores, informadores y agentes de ventas que de la mano de sus propios ingenieros, no solamente han montado sus propias estaciones, sino que han abierto un mercado de instalación de éstas. Ello ha tenido un efecto multiplicador en sus propias audiencias, en fanáticos de la radio, personas de los propios pueblos que han soñado largamente con ser locutores y han encontrado la oportunidad de hacerlo. Estaciones todas ellas que repiten sus modelos de programación, sus vicios de locución y sus estrategias de comercialización, pero que han llenado el espacio de contenidos que los concesionados abandonaron, fundamentalmente de música excluida de sus catálogos y estilos nostálgicos de vinculación con el público. Satisfacen también un mercado publicitario de muy bajo costo, local, que ellos también han desechado con sus altos costos y amplias coberturas. Por cada radio comunitaria podría haber, al menos cuatro radios comerciales.
Por lo demás, la proliferación de estaciones de radio es un fenómeno global que responde a la coincidencia entre la necesidad de las personas de expresar sus opiniones, de los grupos y comunidades a ofrecer contenidos informativos y formativos locales con la accesibilidad económica de la tecnología necesaria para hacerlo. Nunca la legalidad ha sido freno para ello en ningún momento de la historia, más aún, bien le haría a la Cámara recordar que su origen comercial se encuentra en la ilegalidad de las originales radios piratas como la emblemática Radio Alicia.
Lo cierto es que la radio comercial del interior del país enfrenta una crisis sistémica: pierde credibilidad y audiencias conforme la sociedad se vuelve más abierta y plural, pierde mercados publicitarios frente a los nuevos medios digitales y, por si esto fuera poco, el propio IFT recién aprobó lo que tanto se afanó la Cámara en postergar, la reducción de la distancia entre estaciones, con lo que tendrá que admitir aún más nuevos competidores, que inclusive, podrían no ser sus afiliados, haciéndole perder representatividad y poder.
Los cierres de estaciones como política pública destinados al fracaso, así que también por eso el IFT debe detener su campaña como lo exige el movimiento por la democratización de los medios, dejar de jugar el papel de títere de la Cámara, diagnosticar correctamente la realidad y generar espacios múltiples de diálogo. El proceso es irreversible y todos debemos adaptarnos. Es la realidad mediática de los pueblos y comunidades del México de la globalización. Incluso el movimiento de radios comunitarias debe aprender a convivir con las radios comerciales y religiosas, todas ellas están ahí y ahí seguirán[2].
El propio Siordia señala que dos días después de los operativos en Tlaxiaco, dos de la cuatro estaciones decomisadas, reiniciaron sus transmisiones; es la lógica del mercado, si no transmiten, no cobran a sus anunciantes, lo sabe muy bien la Cámara. Por su parte, las comunitarias han dicho más de una vez que ahí donde cierren una vez, abrirán dos; es la lógica de la libertad, de eso no quiere oír hablar.
No es la ilegalidad lo que afecta a todos, sino el derecho de todos a comunicar lo que legalidad pone en juego.
Este artículo fue publicado en Enfoque Oaxaca el 05 de Abril de 2016, agradecemos a Renán Martínez Casas su autorización para publicarlo en nuestra página
