La administración de Ignacio Ovalle Fernández en Segalmex, la dependencia a cargo del abasto popular, se caracterizó por una feria de raterías (adjudicaciones directas y contratos simulados, contratistas fantasmas, desaparición de activos, sobreprecios y un largo etcétera) que, tan solo en los ejercicios 2019 y 2020 causaron daños al erario por más de 12 mil millones de pesos. El Presidente de la República se vio obligado a remover a Ovalle en abril pasado pero, en lugar de sancionarlo, su administración busca algún chivo expiatorio de quinto nivel para abajo, al tiempo que al removido le dio nuevo nombramiento en otro alto cargo de su gobierno.
Antes de tomar posesión como Presidente, López Obrador anunció la creación de la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). El decreto respectivo se publicó el 18 de enero de 2019. El nuevo organismo fusionó a Diconsa y Liconsa, dependencias encargadas de abastecer productos de primera necesidad y leche a los sectores populares. Ovalle Fernández, quien fue correligionario de militancia priista del actual inquilino del Palacio Nacional, fue nombrado su director.
Las revisiones de 2019 y 2020, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo a las cuentas de la nueva dependencia, detectaron graves anomalías. En su primer año, los auditores encontraron daños patrimoniales por simulación de compra de envases PET (99 millones de pesos) y de costales de polipropileno (182 millones); el pago de una nómina fantasma (295 millones); la penalización no cobrada a un proveedor de servicios de flete (288 millones). La ASF determinó 9 pliegos de observaciones y 4 solicitudes de aclaración por 3 mil 396 millones de pesos (auditoría 283-DE, Cuenta Pública 2019).
AMLO y su Secretaría de la Función Pública se hicieron de la vista gorda e impidieron que se denunciara administrativa y penalmente el robo multimillonario ocurrido en el primer año de su sexenio. Ovalle siguió en su puesto y continuó el atraco. Para el ejercicio 2020, las auditorías encontraron en Segalmex la simulación en los contratos de servicios especializados, irregularidades en el alquiler de vehículos, no correspondencia entre las adquisiciones de granos básicos y los controles de las bodegas, entre otras muchas anomalías. Se formularon 15 recomendaciones, 3 solicitudes de aclaración, 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 8 pliegos de observaciones, que suman un monto de 5 mil 640 millones de pesos (auditoría 327-DE, Cuenta Pública 2020).
Los auditores también revisaron las cuentas que en 2020 presentaron Diconsa y Liconsa, empresas que son parte de Segalmex. En la primera, se formularon 15 recomendaciones y 9 pliegos de observaciones con un monto por aclarar de 1 mil 413 millones de pesos (auditoría 320-DE, 2020), mientras que en Liconsa la ASF emitió 13 recomendaciones, 4 solicitudes de aclaración, 5 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 9 pliegos de observaciones, con un monto por aclarar de otros 1 mil 583 millones de pesos (auditoría 330-DE, 2020),
Solo en el ejercicio 2020, el daño patrimonial de la administración de Ovalle Fernández en Segalmex, Diconsa y Liconsa, alcanzó los 8 mil 626 millones de pesos. Para tener un balance del estropicio, a esta cantidad se deben sumar los 3 mil 396 millones detectados en la auditoría de 2019, más lo que se acumule cuando se revise la Cuenta Pública 2021, particularmente en los programas de abasto rural, abasto social de leche y de precios de garantía, así como adquisiciones, arrendamientos y servicios, inventarios y gasto corriente.
El 19 de abril anterior fue removido de su cargo Ignacio Ovalle, pero sus corruptelas no fueron sancionadas. López Obrador lo designó como flamante coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y en Desarrollo Municipal (Inafed). Si en Segalmex tenía un salario bruto de 154 mil pesos mensuales, en su nuevo puesto cobrará 141 mil al mes. Tal es el “ejemplar castigo” que AMLO dispuso por el descalabro de miles de millones de pesos a las finanzas públicas y al abasto popular.
Cincelada: En 1995, la hoy diputada de Morena Patricia Armendáriz fue partícipe del Fobaproa. La deuda la hemos pagado por décadas, la seguirán pagando las siguientes generaciones.
