Son 733 mil millones de pesos los presupuestados para el año 2024 en los programas sociales que manejan los mal llamados servidores de la nación. Así lo propuso el Presidente de la República en su proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2024 (PEF 24). Este monto presupuestal, que suma los 16 programas sociales que maneja esta burocracia, representa casi el triple de lo que manejó 2019, el primer año del sexenio. Este dinero se ha usado y se usará en el operativo de clientelismo electoral tan sistemático y poderoso, que hace palidecer al corporativismo de la época de oro del partido de Estado en la década de los sesenta.
Está demostrado que el ejército electoral de AMLO usa indebidamente tales recursos públicos para respaldar las campañas de Morena. Se condiciona a los beneficiarios amenazándolos con que “si no gana Morena perderán los apoyos que les da López Obrador”, se hace casa por casa un proselitismo que les está prohibido por el artículo 134 de la Constitución, se reproducen los ataques que cada mañana lanza el presidente contra sus opositores.
Así, esta burocracia ha hecho fraude contra los partidos de oposición en las elecciones locales de los últimos años y en las federales de 2021. Pero de su delincuencial actuación no se ha salvado ni la militancia de Morena, pues se han entrometido hasta en procesos internos del partido oficial, como recientemente lo hicieron en apoyo de la corcholata preferida.
La Cámara de Diputados puede poner topes al ilegal operativo, para lo cual debe incluir las siguientes reglas presupuestales en el decreto del PEF 24:
1) Blindaje electoral, de manera que los beneficiarios puedan seguir recibiendo los apoyos a que tienen derecho, sin que se pueda hacer uso proselitista de los mismos: las dependencias responsables deberán entregar el padrón actualizado de beneficiarios de cada programa en el mes de enero y notificarlo al INE; para garantizar la imparcialidad, la dispersión de recursos a los beneficiarios se hará en procedimientos supervisados por la autoridad electoral; el uso electoral de los programas sociales será conocido y atendido de inmediato por el INE (faltas administrativas) y por la Fiscalía Electoral (delitos electorales).
2) Cancelar la nómina y gastos de operación de los servidores de la nación, cuyo monto anual alcanza los 6 mil 100 millones de pesos cada año. Esta cancelación debe incluir los elevados sueldos de los superdelegados de AMLO y los coordinadores regionales, (quienes perciben entre 72 mil pesos mensuales y 126 mil pesos mensuales, más prestaciones).
3) El presupuesto autorizado a cada programa no podrá ser ampliado durante el ejercicio 2024, ni transferirse recursos arbitrariamente de uno a otro.
4) La ejecución debe pasar a las secretarías y dependencias que son las originalmente responsables de cada programa social. Por ejemplo: Sembrando Vida y el programa de Fertilizantes debieran estar bajo la responsabilidad de personal especializado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que La Escuela Es Nuestra debiera operarse y estar bajo la supervisión de personal especializado en el mantenimiento de inmuebles escolares. En todo caso, el personal de los servidores de la nación que no enfrenten denuncias de corrupción o uso electoral de los apoyos (si los hubiera) podrán ser transferidos a las dependencias respectivas.
5) Las dependencias responsables no podrán “delegar”, “transferir” ni “convenir” su carácter de ejecutores del gasto de los programas sociales, lo que incluye la dispersión de los apoyos, su debida comprobación, la rendición de cuentas y, en su caso, las responsabilidades aplicables.
Con la incorporación de estas reglas presupuestales al Decreto del PEF 24, la Cámara de Diputados estaría haciendo realidad su función constitucional de control del Poder Ejecutivo, además de que daría un paso trascendente en la defensa de la efectividad del sufragio y la expresión auténtica de la voluntad popular.
Cincelada: Brugada será descartada por género. El oficialismo deberá optar entre el Doctor Muerte y el pupilo de García Luna, que no puede negar su participación u omisión en el caso Ayotzinapa
