Desde la tramposa formulación de la pregunta para la revocación de mandato, hasta las fullerías a que recurrió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para recabar las firmas de apoyo requeridas, la revocación de mandato es y será un ejercicio balín.
La acepción que el diccionario da a la palabra balín es “bala o proyectil de menor calibre que la ordinaria”. Pero, en el diccionario de mexicanismos, balín significa una “obra falsa, sin valor, prenda de pacotilla”, características que encajan exactamente con la consulta en que el Presidente se ha empecinado.
Al aprobar la ley de la materia, la mayoría morenista en las cámaras del Congreso de la Unión incurrió en inconstitucionalidad al establecer dos y no una pregunta a consulta. En la primera se pregunta si se debe revocar el mandato presidencial por pérdida de confianza y, en la segunda, la pregunta es si se le debe ratificar en el cargo. El problema es que en ninguna parte de su texto la Constitución habla de ratificación de mandato pues se entiende que, si al presidente nadie lo quiere retirar, o quienes eso pretenden son una minoría de los ciudadanos, el Ejecutivo seguirá ejerciendo el cargo durante el periodo para el que fue electo. Esta aberración jurídica ya fue analizada en el proyecto de sentencia del magistrado Jorge Pardo Rebolledo, quien propone que la segunda interrogante se declare inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acostumbrados a legislar sobre pedido, los legisladores de Morena se limitaron a cumplir órdenes y levantar su dedo para que el presidente pudiera emprender su propia ratificación a través de solicitudes ciudadanas, para lo que empleó una mascarada de asociación civil cuando, en realidad, las firmas fueron recabadas por los Servidores de la Nación, los gobernadores y los alcaldes morenistas. Éstos coaccionaron a los beneficiarios de los programas sociales, a los burócratas bajo sus órdenes e incurrieron, además, en desvío de recursos públicos para ese fin.
Como se sabe, para que se emita la convocatoria se requiere la firma de más del 3 por ciento de los electores en más de la mitad de los estados, equivalentes a poco más de 2.7 millones de firmas. El INE recibió de los promotores un poco más de 11.1 millones de firmas de apoyo, de las cuales 1.3 millones fueron presentadas por medio de una aplicación diseñada para el proceso y 9.8 millones en papel.
La verificación que el INE aplicó a las firmas presentadas en papel muestra un catálogo de millones de inconsistencias y falsedades. De acuerdo con el reporte del 26 de enero de 2022, solo 7.2 millones de estas pasaron una primera revisión, es decir, se descartaron en este primer paso el 26% del total de firmas presentadas, dado que 2.6 millones no pasaron la verificación de los requisitos físicos del formato en el que deben constar las firmas.
Las que pasaron la primera verificación se sometieron a una segunda prueba mediante la captura de sus datos. El INE capturó los correspondientes a 3 millones 60 mil firmas y esta revisión descartó otras 693 mil solicitudes inconsistentes (el 23% de las que fueron sometidas a la segunda verificación) por ser firmas duplicadas, credenciales inválidas, en suspensión de derechos y hasta 17,776 difuntos que firmaron desde ultratumba.
Pero no acaban con ello las triquiñuelas. Entre el 21 y el 25 de enero, mediante la aplicación en campo de una muestra estadísticamente representativa, personal del INE encontró en sus domicilios a 645 de los ciudadanos presentados como firmantes de la solicitud y descubrió que el 25% no la había firmado, es decir, que se trata de firmas falsificadas. La importancia de este hallazgo radica en que si, al total de 3.4 millones de firmas validadas se proyecta estadísticamente dicho porcentaje, el resultado (2.5 millones) queda por debajo de la cantidad requerida para que se convoque el ejercicio.
Pese a estas anomalías, sometido a una presión política sin precedente y sujeto a una legislación sesgada, el INE convocará el 4 de febrero a la revocación de mandato, a realizarse el próximo 10 de abril. Pero mal harían la oposición y la ciudadanía si dejan pasar las trampas de las cohortes de la 4T, pues cada una de ellas es grave delito electoral y en contra la administración pública. Todo, para que se haga una revocación balín que embelese al ego presidencial.
Cincelada: Si se le traba la lengua vuelva a intentarlo: el arzobispo de Parangaricutirimícuaro se quiere descircunscripcionalizar, el que lo descircunscripcionalice, buen descircunscripcionalizador será…
