El periodista Ricardo Ravelo aseguró el pasado 17 de marzo que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, una lista con los nombres de 20 periodistas que, presuntamente, reciben dinero de grupos del crimen organizado que operan en la entidad como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Con motivo de la presentación de su más reciente libro Ejecuciones de periodistas, los expedientes, el director de la revista Variopinto fue más lejos y aseveró que Duarte de Ochoa sabe que los informadores incluidos en dicha lista, son los próximos que pueden ser asesinados.
El exreportero de Proceso, quien se ha especializado en temas de seguridad, afirmó que en un país como México, donde el narcotráfico ha trastocado prácticamente todas las esferas, el periodismo no podía ser la excepción y de ello se han desprendido algunos crímenes en contra de informadores, no solamente en Veracruz sino en otras entidades de la república.
Las reacciones a estas revelaciones no tardaron en llegar. El titular de la Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, confirmó que enviaría un exhorto al mandatario veracruzano, Javier Duarte, para que aclare si existe o no la lista de 20 informadores vinculados al narcotráfico y bajo amenaza de ser asesinados, y en caso afirmativo, actuar conforme a derecho.
Cuestionó que declaraciones como las vertidas por Ravelo, sin que haya de por medio pruebas o investigaciones que acrediten la presunta relación de organizaciones delictivas con periodistas, sólo contribuyen a la criminalizar a los informadores y justificar las agresiones en su contra.
Morales apuntó que algunos periodistas han recurrido a la CEAPP para denunciar amenazas del hampa, además de tener registro de tres casos de reporteros que han tenido que huir del estado o cambiar de trabajo, sin embargo, dijo no contar con elementos contundentes que comprueben su asociación con los cárteles. No descartó hacer extensivo el exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las respuestas a Ravelo también llegaron desde el ámbito periodístico, el 18 de marzo la columnista Silvia Núñez Hernández, publicó en el portal AGN Veracruz un texto en el que reclama a Ravelo que lance una acusación tan seria sin sustentarla con evidencias y sin dar los nombres de los reporteros presuntamente coludidos con la delincuencia, poniéndose así al mismo nivel del gobernador Javier Duarte, quien sugirió que los asesinatos de periodistas se deben a que “andan en malos pasos” o no se “portan bien”. Lo responsabilizó de calumniar a la prensa veracruzana.
Exigió al gobernador hacer pública la lista de la que habló Ravelo y la Sedena interponer una denuncia ante la PGR sobre la información confidencial que dice tener acerca de los presuntos nexos de informadores con Los Zetas y el CJNG, ya que de no hacerlo se convertirían en sus cómplices.
Sentenció: “A poco le gustaría a Ricardo Ravelo que yo afirmara –con el afán de calumniarlo como él lo hace con la prensa en Veracruz- que su libro fue subsidiado por el gobierno del estado, o por algún politiquillo de pacotilla que integra este mal gobierno, con la única intención de desacreditar su esfuerzo. ¿Verdad que se molestaría mucho? ¿Verdad que inmediatamente respondería aclarando que su libro lo hizo con un verdadero esfuerzo personal y no por fines lucrativos? ¿Verdad que diría que él realizó su “obra” por decisión propia y no porque le pagaron en el gobierno de Javier Duarte para manchar la memoria de los periodistas asesinados y tampoco para justificar el asesinato de más colegas en Veracruz? ¿Verdad que se molestaría mucho que uno dijera a él siempre escribe por encargo y con muchos billetes por delante?”
El pasado 7 de diciembre en su columna “Rúbrica”, el periodista Aurelio Contreras denunció una campaña del gobierno de Javier Duarte en contra de los medios que han mantenido una línea crítica a su gestión, uno de ellos el diario Notiver, a cuyo director se pretendió cooptar a través de la Coordinación de Comunicación Social, y al no conseguirlo, optaron por la difamación. Puntualizó: “A través de pasquines impresos y electrónicos, el duartismo lanzó una ofensiva contra el periódico y directamente contra Alfonso Salces, en la que además, han involucrado a su familia y a los reporteros asesinados, que ya no se pueden defender de las infamias. Incluso, financiaron la publicación de un libro de un exreportero de Proceso –ligado directamente al ex secretario de Gobierno y hoy coordinador de la bancada veracruzana del PRI en San Lázaro, Erick Lagos Hernández– en el que se afirma que todos los reporteros de Notiver asesinados tenían ligas con el crimen organizado, sugiriendo que el propio periódico también las tendría. Sin presentar pruebas”.
A pesar de nunca haber mencionado su nombre, Ricardo Ravelo se sintió aludido por lo difundido en “Rúbrica” y envió una carta a los diarios veracruzanos que publican la columna, en la que acusa a su autor de injuriarlo.
El lunes 21 de marzo, cuatro días después de las acusaciones de Ravelo en la presentación de su libro, el Fiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aseguró que en la dependencia a su cargo no ha llegado información sobre la lista de20 periodistas presuntamente vinculados al hampa.
Al momento de concluir la presente nota, Ravelo no ha emitido pronunciamiento alguno sobre los señalamientos de la columnista Silvia Núñez, ni tampoco sobre el desmentido de la Fiscalía estatal. La lista simplemente nadie la ha visto y tanto el gobierno de Javier Duarte como la Secretaría de la Defensa y el propio Ricardo Ravelo tienen la obligación de esclarecer los presuntos nexos de informadores con la delincuencia y no abonar aún más al clima adverso que vive el periodismo en Veracruz.
