México se encuentra ya en el escenario que el Dr. Hugo López-Gatell llamó literalmente “muy catastrófico”, pues la pandemia de Covid-19 ya quitó la vida a más de 60 mil personas.
Haber llegado a este nivel de muertes permite afirmar que la estrategia de la austeridad ha sido un fracaso. Que fue un crimen social haberla mantenido cuando el presidente de la república decidió que el 1 de junio empezaría la nueva normalidad.
Al 31 de mayo, con tres meses de pandemia, el gobierno federal registraba 90 mil 664 contagiados y 9 mil 930 muertos. Pero del 1 de junio al 21 de agosto, en un periodo menor al anterior, esas cifras se multiplicaron por 5, pues se le sumaron 459 mil 70 contagiados y 49 mil 680 muertes.
La nueva normalidad, con la que el gobierno inauguró la reapertura de actividades económicas y sociales, fue de sufrimiento para miles de familias que vieron a sus parientes enfermar y morir. Pero la estrategia no cambió. La austeridad siguió causando estragos.
Ya desde el inicio de la pandemia, el gobierno de López Obrador le había pasado tijera al presupuesto de salud. Y a pesar de que la enfermedad se prolongó, se negó a comprar todos los materiales que se requerían para enfrentar al Covid-19, y a otorgar apoyos económicos a quienes perdieron empleos y salarios.
Si bien es cierto que se invirtió en preparar camas Covid-19, también es cierto que al personal médico se le dejó con sus equipos incompletos, muchos de ellos tuvieron que comprar sus propios materiales. Y esta criminal austeridad llevó a que 20 de cada 100 trabajadores de la salud se contagiaran, cuando en los Estados Unidos ese porcentaje fue de 3.5%. Pero lo éticamente inaceptable de la austeridad, es que provocó contagios y muertes que el gobierno pudo evitar.
En abril el INEGI registró que 12.5 millones de personas había perdido trabajo e ingresos por el aislamiento social. Pero el gobierno se negó a proporcionar un Ingreso Mínimo Vital (3,746 pesos por tres meses) para los 10.5 millones de trabajadores informales desempleados, y el seguro al desempleo para los 2 millones de trabajadores formales despedidos. Sin dinero, la gente se vio obligada a salir y no pudo cumplir con la cuarentena.
La decisión gubernamental de ahorrar frenó la compra del número suficiente de pruebas, y se prefirió esperar a que los enfermos llegaran a morir a los hospitales. Por eso la tasa de mortalidad de la pandemia en México es del 12% cuando el promedio mundial es 5%
No se hubiera llegado al escenario “muy catastrófico” si desde el primero de junio se hubiese pasado a una estrategia activa, como la aplicada por los países asiáticos, para organizar al personal médico, aplicar pruebas de diagnóstico para localizar a los contagiados en sus domicilios y centros de trabajo, proporcionales la atención médica y aislarlos en cuarentena.
La pasiva estrategia de López-Gatell no debe continuar. Nos acercamos al momento de la influenza estacional que brota en el otoño e invierno. Si por desgracia se combinan las dos enfermedades el sufrimiento del pueblo será mayor, pues se estima que a fin de año los muertos podrían ser 120 mil. Y esto se puede evitar, solo es cuestión que el gobierno federal cambie su estrategia, invierta en apoyo social y en pruebas, y se ponga a trabajar.