El colectivo Seguridad sin Guerra está compuesto por familias de víctimas, académicos y representantes de 140 organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos, la paz y la justicia. El movimiento surge en respuesta a la ley de seguridad interior y se ha abocado a hacer conciencia sobre la gravedad de aprobar una ley que normaliza la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Hace diez años, en el momento histórico menos violento de nuestro país, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la Guerra al narcotráfico y sacó al Ejército de los cuarteles. En dos años, elevó el número de los asesinatos dolosos de ocho por cada cien mil habitantes a 24 por cada cien mil y dejó 100,000 muertes en su sexenio. Esa política la continuó el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y todo indica que su sexenio va a terminar con el mismo número de crímenes dolosos por cada cien mil habitantes y un poco más de 120,000 asesinatos. La presencia del Ejército en las calles, cumpliendo tareas de policía, no sólo no ha logrado disminuir los niveles de violencia, sino que los ha agravado.
El colectivo plantea, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, que la seguridad pública no corresponde a los militares. Los soldados no se forman como policías. Quienes integran el colectivo reconocen que es indispensable regular la actividad de las Fuerzas Armadas, pero no consideran que una ley de seguridad interior sea la vía para dar certeza jurídica a nadie. En su visión, basada en evidencia, esta ley no responde a la problemática que ha llevado a las Fuerzas Armadas a permanecer en la calle y tampoco toma en cuenta los efectos negativos y perversos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.
México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia y para eso se requiere un programa para formar policías confiables, eficaces y con capacidad preventiva. A la par es urgente trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Una ley como la que ahora se propone implica dejar para siempre a las Fuerzas Armadas haciendo tareas de policía. Eso no le conviene a nadie.
El colectivo ha analizado a fondo las propuestas que se discuten en el Congreso —la del senador Roberto Gil y la del diputado César Camacho— y concluye que ninguna regula el uso del Ejército de manera satisfactoria. En su lugar proponen una serie de medidas que se pueden ver en www.seguridadsinguerra.org.
La aprobación de la ley de seguridad interior mandaría la señal de que la estrategia de seguridad ha sido exitosa y la realidad es la opuesta. La evidencia es múltiple: tanto los crímenes como la violación de los derechos humanos han aumentado y se ha extendido la percepción de inseguridad y la desconfianza social hacia las instituciones que la deben proteger. El despliegue militar constante en las calles, ya son diez años, afecta cada vez más a las Fuerzas Armadas y aleja la posibilidad de construir las policías que necesita el país. El colectivo propone que “es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra”. Hay que tener en cuenta su propuesta. No equivoquemos la solución.
Este artículo fue publicado en El Economista el 02 de marzo de 2017, agradecemos a Rubén Aguilar Valenzuela su autorización para publicarlo en nuestra página.
