A casi nueve meses de que se sometió a su revisión, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF tienen pendiente resolver el “Caso Servidores de la Nación”. Mientras resuelven, sigue vigente la sentencia SRE-PSC-0071-2019 del mismo tribunal, pero tres docenas de superdelegados imputados en la misma permanecen en la impunidad y siguen haciendo de las suyas. Uno de ellos es Pablo Amílcar Sandoval, hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública que es quien debería aplicar las sanciones pendientes. Aparte de ser Delegado Estatal de AMLO, el mencionado suspira por la gubernatura de Guerrero y está haciendo campaña anticipada con utilización de recursos públicos.
La Sala Regional Especializada (SRE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictó el 27 de diciembre de 2019 su sentencia en el expediente originado por la queja que el PRD interpuso en agosto de ese año. La Sala encontró violaciones al artículo 134 de la Constitución, señalando con nombre y apellido a los “superdelegados” de AMLO en 26 estados, de la siguiente manera:
- Por el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, la Sala responsabilizó a 14 Delegados Estatales de las siguientes entidades: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. También señaló esa responsabilidad a 22 Subdelegados Regionales y a 7 Servidores de la Nación.
- Por no acatar las medidas cautelares ordenadas por el INE, la Sala encontró responsables a 19 Delegados Estatales de Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
- Los Delegados Estatales de los Servidores de la Nación que incurrieron en ambas conductas son los de Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
- Los Delegados Estatales de Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Yucatán, 7 Subdelegados Regionales y 2 Servidores de la Nación fueron encontrados responsables de violar los derechos humanos de las niñas y los niños.
En resumen, fueron encontrados responsables los llamados “superdelegados” de 26 de las 32 entidades, a quienes la Sala identificó como responsables de al menos una de las conductas reprochables, entre ellos el mencionado Pablo Amílcar Sandoval.
La sentencia dio cuenta de la existencia de una estructura jerarquizada, pagada por el gobierno federal con dinero público, encargada del levantamiento del “Censo del Bienestar” y de la entrega de los apoyos de los programas sociales a los beneficiarios, cuya cúspide se encuentra en el despacho del propio Presidente de la República¹. No obstante, la sentencia de la SRE indebidamente eximió de responsabilidad al Presidente y a los miembros de su gabinete que están implicados.
La Sala omitió pronunciarse respecto de la carta que acompañó la entrega de las Tarjetas de Bienestar a los beneficiarios de los programas sociales. Suscrita por la Presidencia de México (sic) e impresa en papel membretado del Gobierno de México (sic), el Ejecutivo enlistó en ella los programas sociales de su gobierno, se refirió al llamado “Censo del Bienestar” y a la entrega de las tarjetas bancarias, afirmando que eran “el comienzo de la Cuarta Transformación”, lema propagandístico de su campaña electoral y de la del partido Morena.
Tampoco se pronunció la sentencia respecto de la prueba consistente en el discurso que dictó el Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández. El video respectivo está el expediente jurisdiccional y en el mismo consta que el alto funcionario federal afirmó que López Obrador se mantenía diariamente al tanto de sus actividades, por lo que no se puede alegar desconocimiento. Ausente del estudio de la Sala quedó asimismo el hecho público y notorio de que está en marcha la idea de una consulta de revocación de mandato, lo que prueba el interés directo que tiene el Presidente de la República en la promoción personalizada en su favor, pues busca el triunfo en dicha consulta.
La sentencia también omitió valorar las pruebas que vinculan directamente con las conductas reprochables a la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, y a Gabriel García. Resulta sorprendente que la Sala no les haya reprochado nada, puesto que encabezan la estructura que incurrió en las conductas violatorias de la Constitución y en el desacato al INE. Es también cuestionable la exoneración que los magistrados de la Sala Regional otorgaron al partido Morena. La Sala pasó por alto una valoración integral de las pruebas que evidencian que ese partido se benefició de las violaciones constitucionales y que, al menos, tiene responsabilidad por culpa in vigilando.
Es por lo anterior que el PRD impugnó la sentencia, impugnación que se turnó a la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, a quien tocó en turno su estudio junto con las que presentaron los infractores identificados y que fueron acumuladas al expediente.
En los meses recientes, nuevas denuncias se han interpuesto por promoción personalizada de estos servidores públicos, tanto en el ámbito federal como en el local. Tanto las quejas como los acuerdos de las autoridades y las sentencias de los tribunales electorales al respecto de las mismas, han tomado el “Caso Servidores de la Nación” como un precedente. Una de ellas es la referida a la promoción personalizada del presidente en las cartas entregadas a los beneficiarios de los créditos a las microempresas, lo que motivó la interposición de quejas del PAN, PRI y PRD. El INE adoptó medidas cautelares en su acuerdo del 30 de abril de 2020, mediante el que ordenó el retiro inmediato de la misiva, acuerdo que fue confirmado por la Sala Superior del TEPJF.
A pesar de que la sentencia SRE-PSC-0071-2019 está vigente, la Secretaría de Bienestar, su Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Función Pública han sido omisas en su cumplimiento, lo que alimenta el que los infractores reincidan en su reprobable conducta, protegidos por la impunidad.
1 La Sentencia SRE-PSC-0071-2019 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede consultar en: https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0071-2019.pdf
