Bajo la firma de Julio Roa, el 12 de agosto apareció en el semanario Proceso un reporte titulado “El ‘top ten’ del ‘chayote’”, el cual fue publicado cinco días después en el sitio web En la Polítika con la cabeza “El Top 10 de los ‘periodistas’ mantenidos, con el presupuesto público”; en él se hace referencia a diez periodistas que facturaron los mayores montos en publicidad oficial durante 2017 por administrar sus sitios digitales de noticias.
Roa alude a estos comunicadores como un grupo selecto que ha obtenido millones de pesos y que acaparan la mayor parte de recursos en la publicidad destinada a sitios de Internet, y atribuye su hallazgo al informe “Dinero bajo la mesa” elaborado por la académica María Amparo Casar, quien preside la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Im punidad (MCCI), y por Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del INE y actual director general de la consultora Integralia.
¿Quiénes son y por qué se les señala?
El grupo lo integran Joaquín López-Dóriga, con una facturación de 33 millones de pesos, Federico Arreola, director de SDP Noticias (22 millones 820 mil pesos), Óscar Mario Beteta (15 millones 167 mil 969), Raymundo Riva Palacio (8 millones 316 mil), Ricardo Alemán (5 millones 936 mil), Pablo Hiriart (3 millones 199 mil), Jorge Fernández Menéndez (2 millones 800 mil), Rafael Cardona (2 millones 664 mil), Adela Micha (2 millones 100 mil) y José Cárdenas (2 millones 58 mil).
En el reporte de Roa, que asegura basar su contenido en el trabajo de Casar y Ugalde, se hace una serie de comparativos sobre los niveles de tráfico y visitas de los sitios digitales de los periodistas arriba mencionados, que son mucho menores respecto a otros portales más populares como Aristegui Noticias o Sin Embargo que han recibido poca o nula publicidad en los últimos años; lo anterior, a fin de destacar la discrecionalidad con que se asigna la publicidad oficial. Subraya que los portales de Óscar Mario Beteta, Pablo Hiriart y Rafael Cardona no pudieron ser localizados entre los 100 mil sitios más visitados en México. Para la información relativa al nivel de audiencia y su ubicación en el ranking de sitios web, se menciona a la herramienta Alexa como fuente.
“La anterior lista de periodistas beneficiados con recursos públicos deja ver el enorme contraste que existe entre este selecto grupo de periodistas y los periodistas de a pie lejanos a los círculos de poder que en promedio mensual ganan 7 mil 973 pesos según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO”, apunta.
La agresiva estrategia en las redes sociales
Además de la difusión en Proceso y su portal de Internet, Julio Roa ha utilizado su cuenta de Twitter para promover su reporte con una estrategia agresiva; del 15 y al 21 de agosto, ha registrado más de cien tuits diarios incluyendo respuestas e interacciones con otras cuentas en las que se hace mención de su trabajo.
La gran mayoría de los tuits directamente generados en la cuenta de Roa incluyen las fotografías de los periodistas aludidos y mensajes como los siguientes: “OJO: Este es el #Top10delChayote. Favor de difundir y exige #NoMásChayote”; “Ojo: Los periodistas del sistema están presionando a López Obrador y quieren que continúe el despilfarro a través de la publicidad oficial. Difunde información y demanda #NoMásChayote” o “Los periodistas del sistema quieren seguir manteniendo sus privilegios. Infórmate y difunde esta información que tiene muy encabronados a los periodistas del sistema”.
El objetivo que Julio Roa perseguía con su campaña de difusión se cumplió y Twitter se convirtió en un tribunal que hizo un juicio sumario en contra de los comunicadores. Retuiteó y festejó todo tipo de mensajes, desde memes hasta insultos hacia ellos.
De los acusados, sólo Raymundo Riva Palacio respondió: lo acusó de mentir y descontextualizar la información, y le recordó que por una situación similar The Guardian, uno de los medios para los que Julio Roa ha trabajado, se vio obligado a retractarse para evitar una demanda por difamación por un trabajo suyo. De hecho, ambos se enfrascaron en un intercambio de mensajes, en donde Riva Palacio intenta hacerle una serie de precisiones sobre su empresa periodística y los ingresos que recibe, y Roa lo reta a que negar que facturó 8 millones pesos. Por momentos, la confrontación subió de tono y en una de sus respuestas, Roa señala: “Los periodistas que aparecen en el Top 10 del chayote como Riva Palacio se harían un gran favor. Mejor manténgase calladitos. Salen con choros a decirnos porque necesitan la chichi del gobierno #PenaAjena”. En algunos mensajes, usuarios cuestionan al autor por la autenticidad de la información plasmada en su reporte y éste sostiene que se trata de “datos duros”.
¿Qué dice el reporte de MCCI e Integralia?
En mayo de 2018, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, presentaron a los medios de comunicación una extensa investigación titulada “Dinero bajo la mesa”, cuya denuncia central se concentra en los gastos ilegales que hacen los partidos políticos, especialmente en periodos donde hay procesos electorales.
A lo largo de ocho capítulos, los autores hacen una detallada descripción y documentación de los diversos mecanismos mediante los cuales los partidos y candidatos, se allegan recursos financieros para sus actividades y realizan gastos de los cuales no rinden cuentas. Éstos incluyen el uso de las estructuras gubernamentales en los diferentes niveles para crear clientelismo electoral, la simulación en la asignación de contratos para triangular recursos, la adquisición de espacios en medios de comunicación para favorecer a un partido o candidato o desacreditar a otros o el pago por encuestas poco confiables.
En el séptimo apartado se explica la relación entre la política y los medios de comunicación a través de la publicidad oficial, vigente en tiempos electorales y fuera de ellos. En él se presenta el análisis de un fenómeno que etcétera ha documentado ampliamente desde hace más de 17 años: los criterios arbitrarios con que se distribuyen los recursos destinados a la publicidad gubernamental y la falta de transparencia de los medios de comunicación respecto a los recursos que reciben por este concepto. Esta conjugación de factores es la pauta para que los millonarios presupuestos que destinan a este propósito, se concentren en unos cuantos beneficiarios principalmente en los medios electrónicos, por ser los de mayor y penetración.
Asimismo, detalla cómo se han distribuido discrecionalmente recursos a numerosos portales de Internet de reciente creación y sin suficiente impacto en cuanto a cobertura, alcance y número de seguidores; varios de ellos son dirigidos o administrados por periodistas en activo en diferentes espacios en prensa, radio o televisión. Con base en la información de Fundar y la Secretaría de la Función Pública, los autores de la investigación presentan un listado de los que más contratos publicitarios tuvieron durante 2017 de esos sitios web.
Los sesgos
Si bien es cierto que para su reporte “El top ten del chayote” Julio Roa utiliza datos de la investigación hecha por MCCI e Integralia, lo hace de manera parcial y sesgada. Veamos por qué:
En efecto, son coincidentes las cantidades reportadas a los sitios web de Federico Arreola, Pablo Hiriart, Ricardo Alemán, Jorge Fernández Menéndez, Adela Micha y José Cárdenas.
A lo facturado por Joaquín López-Dóriga y Óscar Mario Beteta según la tabla de MCCI e Integralia, Julio Roa le aumenta lo que los informadores recibieron por sus colaboraciones en Radio Fórmula. Y aun cuando el autor hace esta precisión, esa facturación ya no encaja en la categoría exclusiva de sitios Internet y por lo tanto, las cantidades ya no son las mismas.
En el listado elaborado por MCCI e Integralia nunca aparece Eje Central, el portal administrado por Raymundo Riva Palacio, cuya razón social es Estrictamente Digital S.C.
La investigación original no contiene referencia alguna al número de visitas en Internet y la ubicación de dichos sitios en el ranking de Alexa, ni tampoco a las valoraciones y comparativos que se hacen con otros portales como Aristegui Noticias o Sin Embargo. Esa parte del contenido es responsabilidad exclusiva de En la Polítika y su director, Julio Roa.
En ningún momento Casar y Ugalde le dan a su trabajo el manejo del “top ten de los periodistas millonarios” ni hacen señalamientos personalizados ni nada por el estilo. Se concretan a denunciar la relación medios-gobierno en sus diferentes modalidades, con los matices ya expuestos. Ellos mismos lo aclararon así a través de una carta dirigida a Proceso el 21 de agosto, que a continuación reproducimos textualmente:
En la edición no. 2180 del domingo 12 de agosto, el periodista Julio C. Roa utiliza información del reporte “Dinero bajo la mesa”, coordinado por María Amparo Casar, presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, para señalar los nombres de 10 periodistas que ‘acapararon la mayoría de los recursos públicos en el segmento de la publicidad oficial en internet’.
Aunque algunos medios o usuarios de las redes sociales lo han inferido, el estudio en ningún momento sugiere acto de corrupción alguno; simplemente enumera información pública del Sistema de Comunicación Social del gobierno federal. El estudio analiza la falta de reglas claras para asignar la publicidad oficial y los patrones de contratación en medios electrónicos, digitales y prensa escrita.
La Nueva Ley General de Comunicación Social, promulgada el 11 de mayo de 2018, es insuficiente para regular con reglas claras la publicidad oficial, ya que no erradica las malas prácticas en la contratación de espacios en los medios de comunicación. Según dispone la nueva Ley, la Secretaría de Gobernación tendrá el control del padrón nacional de medios de comunicación, así como el otorgamiento de contratos de campañas de comunicación social.
Las omisiones
En cambio, hay algunos datos igualmente duros que se omiten en el reporte publicado en Proceso y En la Polítika, y que vale la pena rescatar para comprender en toda su dimensión y complejidad la problemática alrededor de a publicidad oficial. Veamos:
En la lista de MCCI e Integralia aparece como uno de los sitios digitales con mayores ingresos por publicidad Cultura Colectiva, una plataforma multimedia administrada dedicada a temas de entretenimiento, cultura y sociedad. Recibió un total de 11 millones 421 mil 628 pesos en 2017. Cabe mencionar que, el año pasado, esta plataforma firmó una alianza con la productora Argos, de Epigmenio Ibarra, para la realización de algunas series.
Otro fenómeno documentado por MCCI e Integralia, y que etcétera también ha reportado en diferentes momentos, consiste en que más de la mitad del espacio efectivo de las primeras planas de los principales diarios durante el año pasado se dedicó a notas basadas exclusivamente en declaraciones de una sola persona o institución, principalmente el Presidente de la república o los gobernadores, como una especie de propaganda encubierta. Se les conoce habitualmente como primeras planas oficialistas. Los principales beneficiarios de los gastos de comunicación en esta modalidad son El Sol de México (71%), Milenio (68%), Excélsior (58%), La Jornada (46%), El Universal (40%) y Reforma (31%).
Ante la arbitrariedad: la regulación, no el linchamiento
Según los reportes de Fundar citados en la investigación de MCCI e Integralia, en sus primeros cuatro años, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 40 mil millones de pesos en publicidad oficial y, de continuar la tendencia, el gasto podría llegar a los 60 mil millones al concluir su sexenio. Ante tal dispendio de recursos públicos, diversas organizaciones interpusieron un amparo que derivó en un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó la promulgación de una ley que regule la denominada publicidad oficial, la cual fue aprobada en abril pasado, aunque según las asociaciones civiles, ésta no pone un freno a la discrecionalidad que ha rodeado a la publicidad gubernamental.
Desde hace más 17 años, etcétera ha documentado la arbitrariedad y ha sido de los primeros medios en demandar consistentemente la conformación de un marco legal que establezca criterios claros para la publicidad gubernamental y también en transparentar sus ingresos al respecto.
La investigación de MCCI e Integralia retoma esta demanda y la documenta con el mismo objetivo; no así, En la Polítika y Proceso, cuya finalidad no es denunciar la discrecionalidad de la publicidad oficial, sino exhibir a algunos de sus beneficiarios con el único propósito de alentar una campaña de linchamiento en su contra en las redes sociales, lo cual no contribuye al análisis y la búsqueda de soluciones a esta problemática.
