Para el presidente Andrés Manuel López Obrador todo lo importante pasa por la voluntad de acumular poder, ya sea sometiendo a los demás poderes o extinguiendo a los órganos constitucionales autónomos; por eso, en lugar de destinar su tiempo a una eficiente administración pública -que es la razón de ser del poder Ejecutivo- lo dedica a mantenerse en campaña permanente como si no hubiera alcanzado ya el objetivo que buscaba; como si el poder fuera un fin en sí mismo y no un medio para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Parece ya un lugar común señalar que con el objeto de crear y mantener a sus clientelas electorales el presidente ha desfondado al Estado, destruyendo programas e instituciones para transferir recursos que apuntalen su poder e influencia, por eso se mantiene impasible ante el drama del desabasto de medicinas para los niños con cáncer, los cientos de miles de muertos por covid, la pérdida exponencial de empleos y el cierre masivo de millones de microempresas. Lo suyo es contar votos, no gobernar un país. Es palpable que las labores de gobierno y administración pública le disgustan profundamente. Lo de él es la campaña, los reflectores, el aplauso.
Además, es un presidente que no entiende el mundo del siglo XXI ni el lugar que México tiene en la política global. Él cree que podemos encerrarnos en nuestro caparazón nacionalista y volver a las políticas del desarrollo estabilizador del siglo XX. Olvida intencionalmente todos los tratados internacionales que vinculan a México con el mundo. En su afán de acusar al “periodo neoliberal” de todos los males, es incapaz de reconocer que los tratados de libre comercio y el cumplimiento de contratos y acuerdos por parte del gobierno transformaron al país en una potencia exportadora y en uno de los mayores receptores de inversión extranjera en el mundo. Vaya, es tan limitado su horizonte de miras, que cree que una frase en el T-MEC que ratifica la propiedad inalienable de México sobre sus hidrocarburos y una ambigua referencia a la soberanía le permiten violar la Constitución, los tratados y las leyes vigentes en materia de energía. La Constitución, las leyes secundarias, el T-MEC y particularmente el tratado multilateral con la región Asia Pacífico (CPTPP) establecen un modelo de libre mercado en energía en el cual se reconoce la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, pero se permite y fomenta la inversión privada, nacional y extranjera. Si bien Estados Unidos no es miembro del CPTPP, México está obligado a otorgarle el mismo trato. Todo esto hace previsible que el trasnochado estatismo del presidente en materia de energía y las resoluciones de su gobierno que atacan a la inversión privada en el sector deriven en sendas controversias contra México, que seguramente perderemos. Lo mismo pasa con la intención de López Obrador de eliminar al IFT. Quizá el presidente no sabe que incumplir estos tratados comerciales puede derivar en sanciones arancelarias en cualquier tipo de exportaciones mexicanas. Su necedad estatista puede dar lugar a que Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón impongan graves barreras arancelarias a las exportaciones mexicanas, lo que inmediatamente impactará al peso, a nuestro endeble grado de inversión, a los intereses que debemos pagar por la deuda externa y a la recaudación fiscal.
Además de los tratados comerciales, el presidente está violando también el Acuerdo de París sobre el cambio climático y diversos acuerdos en materia de colaboración contra el crimen organizado. Si no se corrige el rumbo, México pagará muy caro el afán del presidente López Obrador por convertirse en el único poder y ser el único que toma decisiones.
Este artículo fue publicado en El Economista el 20 de enero de 2021. Agradecemos a Gerardo Soria su autorización para publicarlo en nuestra página.
