Las reformas electorales pueden ser muy relevantes, para bien y para mal. Pueden incluso ayudar a una Revolución; tenemos el ejemplo de México, donde Francisco Madero implicaba contra el porfirismo una reforma para hacer efectivo el sufragio, así como el ejemplo de Francia, donde uno de los disparadores revolucionarios fue una propuesta para desaparecer la autocalificación corporativa de las elecciones de los “Estados Generales” (vea el pequeño gran libro Amanecer. Crónica del inicio de la Revolución francesa, de Luis Fernando Granados, publicado por la excelente editorial Grano de Sal). Las reformas electorales también pueden servir para desmontar un autoritarismo y transitar a una democracia, como fue en nuestro país en las últimas décadas del siglo XX, o al revés: para destruir o terminar de destruir una democracia y/o para transitar al autoritarismo y protegerlo. En estos últimos casilleros se guardan los casos del PRI y del neoPRI, alias Morena.
1946 fue un año muy importante en la vida de México. Es el año en que el partido oficial se transformó en PRI, Partido Revolucionario Institucional, y Miguel Alemán llegó a la presidencia de la república, una república no democrática. También fue el año en que ese partido llevó a cabo la reforma que definiría y fijaría por décadas el rumbo institucional electoral del país.
En enero del 46, un congreso dominado por el aún PRM y el presidente Manuel Ávila Camacho entregaron el nuevo arreglo legal: partidista y gubernamental como antes pero ahora centralizado: incluía la creación de una Comisión Federal de Vigilancia Electoral, dependiente políticamente de la secretaría de Gobernación y por tanto del poder Ejecutivo. Esa comisión sería no la simple vigilante estatal sino la organizadora priista de las elecciones, con el padrón electoral bajo su control, es decir, con un padrón al servicio del gobierno y del partido –porque el secretario de Gobernación controlaba a la Comisión y era un político priista, priista como el gobierno y el presidente que mandaba sobre el secretario y lideraba nacionalmente al PRI.
Cerrados el paréntesis cardenista y la “unidad nacional” avilacamachista que rigió durante la Segunda Guerra Mundial (esa política de Ávila Camacho derivó del pacto Estados Unidos-URSS contra Hitler), el Partido Comunista Mexicano o PCM fue incapaz de ver lo que resurgía y siguió colaborando con la falsa democracia. Esto es que malinterpretó al licenciado Alemán y lo apoyó. No fue su candidato legal pero sí fáctico: Alemán apareció en la boleta presidencial del 46 como candidato del PRI, el primero en la nueva etapa del partido oficial, mas fue informalmente el candidato del PCM. ¿Por qué hablo del Partido Comunista? Porque ya presidente, Alemán no podía sino decepcionar a los militantes comunistas pero no únicamente: también los reprimió y –lo que aquí es más relevante- hizo una reforma legal para que el partido perdiera el registro. Esta reforma es parte de la reforma electoral de 1951, que también dio más poder al secretario de Gobernación federal en la comisión electoral y centralizó más todo el proceso. Con ese sistema se llevó a cabo la elección presidencial de 1952, cuyo ganador fue el priista Adolfo Ruiz Cortines con el 74% de los votos oficiales. El 74.3%, exactamente.
Después vino la reforma de 1954, que endureció los requisitos para ser partido legal y con ello provocó la extinción formal definitiva de la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano liderada por Miguel Henríquez Guzmán. La FPPM había retado al PRI en las elecciones del 52 (sobre el reprimido henriquismo debe leer a Elisa Servín). De 1954 a 1977 no hubo ninguna reforma electoral mayor. Ni una, prácticamente. Sólo se cambió el nombre de la Comisión Federal de Vigilancia Electoral por el de Comisión Federal Electoral en 1973. Son 23 años de estabilidad e inmovilismo que sumados a los 8 que hay entre 1946 y 1954 nos dan un total de 31 años de dominio del partido oficial mexicano solamente con las siglas PRI. Es el periodo (1946-1977) que llamo de hegemonía pura o el PRI clásico.
En consecuencia, el Partido Comunista estuvo ilegalizado desde 1952 hasta 1978, cuando volvió a la legalidad tras otra reforma electoral bajo nuevas circunstancias: la reforma político-electoral de 1977, mejor conocida como “la reforma de Reyes Heroles”. Ésta, además de legalizar al PCM, disminuyó los requisitos para registrar partidos, los declaró entidades de interés público, les dio acceso a radio y televisión, y creó la representación proporcional (que no fue propiamente creada en la casi irrelevante reforma de 1963). Así, con esa liberalización política del régimen tras las crisis del 68 y de la elección de 1976 en que el priista José López Portillo no tuvo competidores legales, inició la transición democrática contra la que se define el proyecto del priista AMLO.
Esa transición es criticable pero no por lo que dijo López Obrador… Lo que ella no resolvió, tampoco lo resolvió él, ni lo resolverá el obradorismo; lo que se hizo bien, lo destruyeron los obradoristas, como la reforma electoral de 1996 que creó al IFE autónomo. Sí, el partido de AMLO está haciendo retroceder y empeorar más al país. En esa línea, sigue la reforma electoral que codiseña el ex comunista Pablo Gómez. ¿Lo hace por comunista? Hay que ser serios…
Gómez, transformado en policía financiero y ahora en diseñador electoral, no es de izquierda como integrante de la coalición gobernante. Lo fue. Pero a la izquierda la dejó hace muchos años en alguno de sus restaurantes de lujo favoritos, y en la obsesión por el ejercicio del poder. Le quedó el autoritarismo soviético, no el económico sino el político, que unió al autoritarismo obradorista. De ahí también la próxima reforma electoral que él opera. Esa reforma de 2026 será el final de la transición autoritaria.
Lo será porque con ella se completará el cambio hacia fuera de la democracia. ¿O alguien es suficientemente iluso para creer que Morena no usará su crecido poder para protegerlo, consolidarlo y expandirlo? Quienes hicieron denuncias penales por “traición a la patria”, descalifican absolutamente toda crítica, han sido colonialistas respecto al INE, se sobrerepresentaron en el congreso e hicieron la reforma judicial que también fue una reforma electoral de causa y efecto autoritarios, ¿harán otro cambio electoral democrático, equitativo, justo, basado en el conocimiento técnico? ¿Qué pueden querer e intentar ellos frente a la elección intermedia de 2027? En cuanto a la hegemonía de Morena, la reforma previsible equivaldría a la priista del 46. Después podría haber reformas morenistas de ajuste autoritario como fueron las de 51 y 54, con alguna concesión mínima como en la de 63. Ojalá no pase tanto tiempo para llegar a una reforma liberalizadora como la del 77, pero es cierto que por años no habrá ninguna reforma de democratización electoral como la de 96.
Extra: las “audiencias públicas” para la reforma electoral obradorista iniciaron en Puebla, el estado malgobernado por un hijo político de Mario Marín, el neofifí doblemente volátil Alejandro Armenta. Iniciaron con muy bajo nivel, académicos farsantes, paleros, y nulo impacto social.
