Si algo ha contribuido a dejar crecer la crisis humanitaria que padece Veracruz en términos de seguridad y respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de la entidad, es la debilidad institucional de los organismos que deberían atender y defender las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Es el caso de los órganos supuestamente autónomos que deberían velar porque los derechos civiles y la dignidad de los sectores puestos bajo su tutela y jurisdicción fueran respetados, antes que nada, por la propia autoridad.
Sin embargo, en los hechos sucede todo lo contrario. La autonomía de estos organismos es de membrete, pues en realidad están sujetos a los intereses del Ejecutivo estatal, de quien dependen los nombramientos de quienes acceden a cargos directivos en dichas instituciones.
Como es público, el pasado 8 de marzo, en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía de El Lencero, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ofreció un desayuno para “festejar” el Día Internacional de las Mujeres con las policías de la corporación que encabeza.
Más allá de la discusión sobre si debe o no festejarse esa fecha -a juicio de quien esto escribe, debe conmemorarse un hecho de sangre que fue lo que dio origen a tal efeméride-, lo que sucedió ahí fue un acto totalmente execrable, misógino y degradante para todas las mujeres, así como revelador de la ignorancia del secretario de Seguridad Pública.
Arturo Bermúdez contrató a un cómico que se dedicó a hacer chistes sexistas, vulgares y discriminatorios. Y lo peor de todo. Utilizó a elementos de la Fuerza Civil -el organismo de élite de la Secretaría de Seguridad Pública, el que se supone tiene la más alta preparación y entrenamiento- para que bailaran semidesnudos encima de las mesas y “agasajaran” a las damas presentes haciendo striptease.
El pasado fin de semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó estos hechos y fustigó a Bermúdez Zurita. “La CNDH condena enérgicamente ese tipo de actuaciones, porque no contribuyen a mejorar la situación actual de la mujer, sino que perpetúa estereotipos y lenguaje sexista”, reza el comunicado correspondiente.
El organismo conminó al funcionario a que “contribuyamos con nuestros mensajes y actos a alcanzar la igualdad de género, para poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y garantizar la igualdad de participación y oportunidades en todas las esferas de la vida. Como sociedad no podemos seguir permitiendo que en nuestro país aún existan lastimosamente costumbres sociales, prácticas reiteradas que relegan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad, colocándola, en consecuencia, en una situación de desventaja en comparación con el hombre. Violaciones que se desarrollan en un ambiente de desigualdad y discriminación”.
En cambio, la postura de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, fue radicalmente distinta. Dijo que en tanto no exista una queja de parte de alguna mujer ante ese organismo “autónomo”, no se abrirá una investigación ni se emitirá recomendación ni condena alguna contra la Secretaría de Seguridad Pública, pues según ella, no pueden actuar de oficio.
Como tampoco actuó la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas -de la que Namiko Matzumoto fue secretaria ejecutiva desde su fundación hasta hace poco más de un mes- mientras se masacraba reporteros en Veracruz, ante la complacencia de la autoridad.
No basta con que la presidenta de la CEDH considere “condenable”, a título personal, la violación de derechos humanos en Veracruz. Su obligación es actuar, señalar cualquier acto de esta naturaleza y exigir castigo.
Pero el problema de origen de este tipo de órganos del Estado es que responden a los intereses del poder y no a los de los ciudadanos. Y las consecuencias de este tipo de simulación, están a la vista.
