Ignacio Zavala revela, en un artículo publicado hoy en el diario “El Financiero”, que Hernán Gómez cobró dos millones 218 mil pesos por sendos contratos de asignación directa con la Conapred, adscrita a la Secretaría de Gobernación, en 2016 y 2017. Zavala obtuvo las cifras gracias a la Ley de Transparencia.
Lo primero que vale la pena anotar es que Hernán Gómez está en su derecho de cobrar esas cantidades y más, en el marco de las normas y según las capacidades profesionales que tenga, en su caso credenciales académicas que están fuera de duda. Incluso habla bien de él que haya sido crítico del gobierno federal aunque prestara sus servicios en una de las dependencias del mismo. También habla bien del gobierno federal, que lo integró en su planta laboral aún cuando el académico y articulista ejerciera la crítica de su administración (habrá que ver si en el próximo gobierno existe la misma disposición, todo parece indicar que no).
Lo segundo que vale la pena advertir es que la pureza no existe, encarnada en nadie, más aún, que pretenderla en el ámbito público es propio de regímenes autoritarios pues la pureza (supuesta) siempre ayuda a quien pretende situarse por encima de los demás y juzgar sus actos desde la atalaya del dictado políticamente correcto. Repito, Hernán Gómez trabajaba para una dependencia de Gobernación mientras, en el ámbito de su labor periodística señaló a diferentes colegas de representar al régimen actual y pretender mantener sus privilegios y eso implica no aceptar que los otros puedan pensar diferente a él, quien en los últimos años ha sido un acérrimo defensor de buena parte de los planteamientos de Andrés Manuel López Obrador y Morena (en desdoro, en mi opinión, del rigor que exigen las prendas académicas). ¿Hernán Gómez prestó otros servicios en otra dependencia del gobierno actual? No sabemos por ahora (ojalá que él mismo lo dejara claro).
Lo tercero que vale la pena advertir es que la ley de transparencia es útil, entre otras cosas, para ventilar nuestro intercambio público y obligar a quienes señalen o acusen a otros a soportar sus dichos con hechos incontrovertibles; es moneda corriente la descalificación de los otros que no piensan o creen lo mismo que los portavoces o periodistas afines a AMLO a quienes se les acusa, con ese lenguaje tan soez que ya conocemos, de recibir chayote. Nadie en su sano juicio podría decir que Hernán Gómez ha sido agente de gobernación del mismo modo en que nadie puede asegurar que todos aquellos que cuestionan al Presidente electo tienen incentivos perniciosos. Otro asunto es que, en efecto, en varias ocasiones Hernán Gómez ha rebajado el debate descalificando sin más pruebas que la pontificación (en ese terreno lo ha hecho con analistas que tienen amplio reconocimiento ético y académico en México y el mundo, como lo es Raúl Trejo Delarbre).
Lo último que vale la pena anotar es que, en efecto como varias veces ha señalado el mismo Hernán, la publicidad oficial no debe ser resorte para que los medios y los periodistas toquen la partitura del gobierno en turno. Vale mucho la pena que haya una ley que defina reglas de asignación que le impliquen también responsabilidades a los medios de comunicación (el tema lo he desarrollado varias veces).
PD. De 2014 a 2016 fui jurado del Premio de Periodismo contra la Discriminación organizado por Conapred. No cobré un solo quinto, como nunca que cobrado en ninguna administración del gobierno federal (por cierto, nunca en mi vida en ningún sitio he cobrado un millón de pesos en un año)
