En una apretada decisión de 5 votos contra 4, la Suprema Corte de Estados Unidos aprobó el proyecto del ministro Samuel Alito que permite a las autoridades detener indefinidamente a inmigrantes ilegales que han sido acusados de cometer delitos graves.
Generalmente, los inmigrantes podían solicitar una audiencia de fianza a los seis meses de detención y seguir su proceso migratorio en libertad; con la resolución de la corte ahora los detenidos no gozarán del beneficio de fianza y tendrán que permanecer encarcelados hasta que se les deporte o les otorguen la residencia permanente en un proceso que puede durar varios años.
En lo que se considera una decisión ideológica los ministros conservadores hicieron valer su mayoría y le dieron la razón al gobierno de Trump, que apeló la Sentencia del Tribunal de Apelaciones del noveno distrito que obligaba al gobierno a otorgar automáticamente una audiencia de fianza a los seis meses de detención.
Los cuatro jueces liberales votaron en contra al considerar que la ley no otorga facultades al gobierno para la detención de inmigrantes ilegales cuando ya han cumplido su condena.
EFE/David Maung
La prolongada detención es de esperarse porque las cortes de inmigración tienen un retraso en el manejo de casos que en algunos estados como California o Illinois llegan a ser de varios años de espera, lo que implica que los detenidos sufrirán encarcelamiento hasta que la corte decida si les otorgan la residencia en Estados Unidos o serán deportados.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha anunciado acciones de protesta porque considera que esta resolución es violatoria de los derechos humanos y que pone en estado de indefensión a los inmigrantes detenidos.
Tradicionalmente la corte no hacía distingos entre ciudadanos americanos y extranjeros al administrar justicia, no obstante la mayoría conservadora afianzada por Trump al nombrar al cuestionado ministro Kavanaugh, ha impuesto la visión de que este tipo de medidas no violan la constitución debido a que inmigración se considera una ley civil, no criminal y por lo tanto las reglas de debido proceso no son aplicables.
La única posibilidad para cambiar esta nueva interpretación de la ley es que el congreso estadounidense precise en la legislación los límites y condiciones de la detención migratoria.
Debido a la nueva interpretación, miles de inmigrantes que tenían posibilidades reales de ganar su caso y quedarse a vivir legalmente en los Estados Unidos firmarán su deportación voluntaria para no quedarse encarcelados por más tiempo y sin esperanza de salir bajo fianza.
