Un funcionario de medio pelo de la SHCP decidió por sus pistolas la “suspensión temporal” del sistema de procesamiento e información de las contrataciones públicas. Dijo que “nadie está obligado a lo imposible”, pero en realidad es un intento de ocultamiento del capitalismo de cuates que lleva a cabo el gobierno de la 4T. Puesto que es un tema de la mayor trascendencia, no hay duda de que detrás de la determinación del empleado en cuestión se encuentra la orden del titular de la secretaría y del propio Presidente de la República.
Luis Carlos Jaso García es un funcionario de tercer nivel de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Funge como titular de una Unidad dependiente de la Oficialía Mayor de la secretaría que dirige Rogelio Ramírez de la O. El 18 de julio, Jaso se dio el lujo de aplicar retroactivamente una decisión de por sí arbitraria, ya que decretó la cancelación de la plataforma pública de las contrataciones gubernamentales “a partir de las 16:00 horas del 15 de julio de 2022”. Aunque el empleado público menciona un supuesto “DICTAMEN TÉCNICO Y SUSPENSIÓN TEMPORAL” (que, en caso de existir, no fue dado a conocer), solo expuso como razones de su determinación unas inciertas “causas ajenas” a la Secretaría y la “inoperatividad por parte de los usuarios”. Ridículamente, sentenció que “nadie está obligado a lo imposible” y quitó de internet la información pública de los contratos gubernamentales.
El Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, es una obligación legal del gobierno mexicano. Así lo manda la Constitución, que en su texto dice que “Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública…” (artículo 6) y que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con… transparencia…” (artículo 134).
En las leyes reglamentarias se desarrolla esta obligación del Estado. El CompraNet está normado por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como por las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública, que obligan a la SHCP a transparentar la información de todos los procedimientos para la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios que se hagan con recursos públicos federales. Ninguna ley le otorga facultades a dicha secretaría, a la Oficialía Mayor de la misma ni mucho menos a alguna dependencia equis de ésta, para suspender ni siquiera temporalmente la transparencia de la información pública en la materia.
Como quedó probado por la Auditoría Superior de la Federación cuando auditó el CompraNet, en el ejercicio 2020 el gobierno suscribió 157 mil 786 contratos en total. Solo 18 mil 610 (el 12%) se sujetaron al procedimiento de licitación pública obligado. En cambio, el 88% (equivalente a 134 mil 385 contratos) se otorgó mediante adjudicación directa o invitación restringida, procedimientos que permiten la confabulación de servidores públicos y contratistas para que éstos sean seleccionados a cambio de favores o de pagos ilegales. Esta característica del capitalismo de cuates que lleva a cabo el gobierno de la mal llamada 4T se ha denunciado en diversas ocasiones en esta columna, la última de las cuales se publicó a fines de febrero de este año.
La suspensión de CompraNet y su posible cancelación es un atentado al derecho ciudadano de acceder a la información, particularmente en lo que se refiere a los contratos que involucran recursos públicos. El fin de esta antidemocrática decisión es encubrir las componendas del gobierno de López Obrador con los contratistas y con sus empresarios consentidos.
Cincelada: La reportera Reyna Ramírez puso en evidencia a los de la Corte de Los Milagros de Palacio Nacional y los llamó paleros. Ejemplar reivindicación del oficio periodístico.
