Las consultas que solicitan EU y Canadá tienen que ver con diversos extrañamientos que a lo largo de estos años les han afectado por decisiones del gobierno mexicano en materia energética. No son nuevos, pero al no tener una respuesta optaron por llevar las cosas a consultas en el marco del T-MEC.
La respuesta del Presidente bien pudo mantener una distancia sin entrar en el sarcasmo. No se trata de decir sí en automático, sino de entender que los gobiernos de Canadá y EU están planteando reclamos, los cuales están canalizando a través de un tratado firmado por las tres naciones.
En el marco del derecho y obligaciones que tenemos en el tratado lo conducente hubiera sido, todavía estamos en tiempo, respetar la solicitud de consultas y atender las razones, se compartan o no.
Detrás de la solicitud pudiera estar la relación que guardan empresarios mexicanos con los de los otros países, pero ahí no está el eje del tema. Industriales estadounidenses del ramo han hecho saber por diferentes medios sus preocupaciones a partir de la aprobación de la ley de la Industria Eléctrica, la cual para ellos está violentando términos del tratado.
El asunto va a trascender. Es importante que haya acuerdos antes de llegar al panel de expertos, el cual determinará quién tiene la razón y lo más delicado para México está en la posibilidad de que haya algún tipo de penalización, como serían los aranceles.
Los gobiernos de Canadá y EU están apoyando y representando a los industriales de su país, porque asumen que han sido tratados injustamente violando términos de un tratado firmado de manera consensuada.
Uno de los problemas que se está enfrentando es que el Gobierno de México se maneja de manera desigual, en un buen número de casos, en lo que pasa por el Estado de derecho. Organizaciones independientes de Canadá y EU han señalado hechos que se han suscitado en el país. El currículum del gobierno mexicano pasa por pasajes desiguales en cuanto a la interpretación y aplicación de las leyes.
El debate sobre el Tren Maya es uno de los asuntos que tiene que ver con ello y que ha trascendido al país. Diversos organismos internacionales han planteado críticas respecto a la forma en que se está construyendo. Los señalamientos han crecido a partir del cuestionado decreto sobre que la obra es un asunto de “seguridad nacional”.
El tema pasa por una interpretación particular del Consejo Nacional de Seguridad que lo coloca por encima de las leyes. De nuevo el tema es el Estado de derecho, el cual se define a través de interpretaciones muy a la manera del gobierno.
El argumento que plantea la parte mexicana es que a través de las reglas de origen se tiene autonomía en todos los órdenes respecto al desarrollo, la explotación y comercialización de la industria energética.
En función de las reglas del T-MEC se han presentado desde hace tiempo algunas disputas ante las cuales el gobierno ha hecho caso omiso en la gran mayoría de ellas. Estamos ante una disputa Estado-Estado, a pesar de la reconocida insistencia de López Obrador del pleno respeto a la relación bilateral.
Hay otros elementos a considerar. Quizá el más importante sea que el Presidente habla de que “no pasa nada”, porque no considera que haya ninguna disputa de por medio, asume que el mismo T-MEC le va a conceder la razón.
Más vale que se llegue a acuerdos antes de entrar a los paneles. Los costos para todos son altos, pero para nosotros son de riesgo y más bajo la situación económica y la importancia que tiene el T-MEC y las penalizaciones que pudieran aparecerse.
La situación no cruza por el “no pasa nada” ni por el “uy que miedo”.
RESQUICIOS.
La gobernadora de Campeche no hizo acuse de recibo del amparo del impresentable Alito y dio a conocer más audios que pintan de cuerpo entero al presidente del PRI, de nuevo la ley en entredicho. Por su parte, el titular de Gobernación en campaña asumió de manera autoritaria el fin del INE; así andan.
Este artículo fue publicado en La Razón el 21 de julio de 2022. Agradecemos a Javier Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.
