Un video certifica que el Instituto Nacional Electoral (INE) como autoridad independiente e imparcial es asunto del pasado: la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, acompañada de otras consejeras y consejeros, aparece a cuadro firmando los pliegos para dar el banderazo a la impresión de más de 600 millones de boletas de la elección judicial. En la escena también estampa su Visto Bueno la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien, al tiempo que ostenta su cargo en la administración pública federal, es una destacada dirigente del partido Morena.
La grabación del suceso, ocurrido el 21 de febrero de 2025 en las instalaciones que Talleres Gráficos de la Nación tiene en la colonia Peralvillo, se difundió por los medios gubernamentales de comunicación y fue replicada ampliamente a través de las redes sociales y la prensa, como para demostrar que continúa su curso la tragicomedia de la elección judicial.
Se recordará que en los tiempos del PRI como partido de Estado, la organización de las elecciones era una función que el gobierno realizaba a través de la Secretaría de Gobernación (Segob). Esta dependencia presidía la Comisión Federal Electoral, organismo que tenía a su cargo la integración del padrón de electores, la designación de los funcionarios (desde los distritales hasta los integrantes de las mesas directivas de casilla), la aprobación del número y de los lugares donde se ubicarían los centros de votación, el registro de las candidaturas y la resolución de todos los actos de la etapa preparativa de la elección, incluidas la elaboración de los materiales y las boletas. A través de esta mecánica, que también incluía el cómputo de los votos y la calificación de los comicios, el partido oficial era juez y parte en la contienda, pues todas las decisiones favorecían a sus candidatos y procuraban su triunfo sobre las opciones opositoras. Los comicios eran una farsa con resultados previamente decididos por el grupo en el poder.
En su momento cumplieron tal función de control electoral personajes de la calaña de Gustavo Díaz Ordaz (de 1958 a 1962) y Luis Echeverría Álvarez (1964 a 1969), quienes ocuparon el cargo en Segob antes de su destape como candidatos presidenciales oficialistas. Luego de hacer carrera de policía político dedicado a la persecución de la disidencia, también se desempeñó ahí un tipo que fue el autor del “fraude patriótico” de 1986 en Chihuahua y del fraude electoral de 1988, cuando se robó la Presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas: el inefable Manuel Bartlett Díaz (quien fue inquilino del Palacio de Cobián del 1º de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988).
Con el avance del pluralismo en la sociedad mexicana y como resultado de una larga lucha de la oposición, la transición a la democracia cristalizó en la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE) como instancia encargada de la organización de las elecciones. Con la reforma política-electoral de 1996 se consolidó su carácter autónomo, quedó instalado un Consejo General integrado por ciudadanos independientes de los partidos y del gobierno, y éste quedó excluido de los actos previos, propios y posteriores a la jornada electoral. Entre otras importantes funciones, el máximo órgano de dirección quedó a cargo del material y de las boletas electorales, cuyo diseño e impresión incluyeron desde entonces medidas de alta seguridad para garantizar la certeza.
La etapa de autonomía del IFE-INE llegó a su fin en abril de 2023 con el arribo de Taddei Zavala a la presidencia del órgano electoral, luego de una amañada tómbola que los diputados de oposición no impugnaron con la vehemencia requerida, y de la sumatoria de la mayoría de los consejeros electorales a la cargada morenista. Ya en el proceso electoral de 2024, en el arranque de la impresión de las boletas presidenciales, la consejera presidenta se había hecho acompañar por la actual dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, entonces secretaria de Gobernación. Como el que ocurrió en días pasados, aquél fue un acto violatorio de la autonomía del órgano electoral que no ha sido suficientemente reclamado por los partidos de oposición y por quienes reivindican a la cada vez más desvanecida democracia mexicana.
Cincelada: un disparate, el inicio de una reforma constitucional en protesta porque las bandas de narcotraficantes fueron catalogadas como “terroristas”. Nada qué ver con la soberanía nacional.
