El pasado miércoles 15 de noviembre, apenas un par de horas después de que aprobara la renuncia del ex ministro Arturo Zaldívar, el Senado recibió la terna que envió la presidencia de la república para sustituirlo, se trata ni más ni menos que de una antigua colaboradora suya, María Estela Ríos González, la terna incluye a la hermana del actual Jefe de gobierno de la Ciudad de México, Lenia Batres Guadarrama, y a la también hermana de la secretaria de gobernación en funciones; Bertha María Alcalde Luján, las últimas dos, activas militantes de Morena y ninguna de las tres con carrera judicial.
No obstante que el ex ministro Zaldívar tuvo la desvergüenza de renunciar aludiendo una “causa grave” cuando en realidad lo que buscaba era chamba con Claudia Sheinbaum, ahora la terna para sustituirlo es un compendio de fieles y adictas al proyecto de la autodenominada “Cuarta transformación”, mujeres sin experiencia en el ámbito del poder judicial, pero con lealtad ciega al presidente de la república, es un paso más en el objetivo de anular la independencia de uno de los tres poderes de la unión: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
María Estela Ríos González, con maestría en Ciencias Políticas y Derecho Laboral en la UNAM, es una antigua colaborado de López Obrador, fue Consejera jurídica e integrante de los Servicios Legales del entonces Distrito Federal durante los años 2000 a 2006, en 2014 fue directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, y desde septiembre de 2021, después de la polémica renuncia de Julio Sherer Ibarra, asumió como Consejera Jurídica de la presidencia de la república.
Lenia Batres Guadarrama, hermana de Valentina, han ocupado distintos cargos de representación popular, ambas hermanas por supuesto de Martí Batres, el actual Jefe de gobierno de la Ciudad. Lenia, licenciada en derecho y maestra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fue diputada federal de 2006 a 2009 y diputada local de 2009 a 2012, así como funcionaria en las alcaldías Miguel Hidalgo y Tlalpan, y en la administración de Sheinbaum como Jefa de gobierno, asesora jurídica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), actualmente también trabaja en la Consejería Jurídica de la presidencia como encargada de la consejería adjunta de Legislación y Estudios Normativos.
Por su parte, Bertha María Alcalde Luján, licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Estudios Internacionales por la Universidad de Nueva York, de 2007 a 2015 trabajó en la Reforma del Sistema de Justicia Penal, de 2018 a 2020 en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal como abogada general y jefa de oficina, también fue delegada de programas federales en Chihuahua y desde el 2021 es directora general de Operación Sanitaria en la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), desde donde fue propuesta por el presidente para presidir el Instituto Nacional Electoral a principios de este año, cargo que no logró.
Ella y su hermana Luisa María Alcalde, secretaria de gobernación, son hijas de Bertha Elena Luján Uranga, antigua colaboradora de Andrés Manuel y fiel servidora suya. Bertha Luján fue Contralora General de Gobierno cuando éste fue Jefe de gobierno de la Ciudad de México. En 2007 asumió como “secretaria del Trabajo” del denominado “Gabinete Legítimo”, después de que el ex candidato López Obrador tachara de ilegítimo a Felipe Calderón. Luján Uranga fue una de las personas que ayudaron a Andrés Manuel a construir Morena, labor que desempeñó en su estado natal, Chihuahua, y posteriormente a la fundación de este partido, ha sido secretaria general y después presidenta del Consejo Nacional del mismo.
Dicha lealtad le ha sido pagada con creces, pues no sólo le ha retribuido a ella sino desde hace años, a sus hijas, se trata de otro clan morenista, en donde se supone no impera el influyentismo, ni el nepotismo, pero como se ve, en realidad sucede todo lo contrario. Por ello, es que resulta escandaloso que en la terna para cubrir la vacante de un ministro de la Suprema Corte, se proponga a personas, no sólo sin experiencia en la carrera judicial, sino que forman parte de un proyecto político partidista, lo que hace imposible el ejercicio de imparcialidad necesaria para fungir como juzgadoras en la Suprema Corte.
Evidentemente esta terna recibirá un rechazo de la oposición y no será tan fácil que sea aprobada, pues para elegir a alguna de las personas propuestas, se requiere el voto a favor de las dos terceras partes del Senado, no obstante, debemos estar vigilantes del proceso pues según señala el artículo 96 de la Constitución, en caso de ser rechazada la totalidad de su terna, la presidencia debe enviar otra, la cual, en caso de también ser rechazada, “ocupará el cargo” de ministro quien el presidente de la república designe dentro de dicha terna. Así que no podemos descartar que sus propuestas sean deliberadamente inelegibles, con la intención de que sean rechazadas, para que al final del proceso, él cuente con la capacidad de nombrar a una persona que le sea incondicional.
