“Un derecho NO es algo que alguien te debe dar, un derecho es algo que NADIE te debe quitar.” – Eleanor Roosevelt.
A partir de la creación del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos) en junio de 2002, la transparencia y el acceso a la información pública son considerados derechos ciudadanos, ya que promueven la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.
El derecho a la información le ha resultado muy incómodo al régimen obradorista, el presidente jamás entendió que los ciudadanos son los dueños de toda la información que genera un gobierno. En países democráticos la ley obliga a los gobiernos a dar a conocer cualquier información que solicite un ciudadano, excepto la que tenga que ver estrictamente con temas de seguridad nacional.
El subterfugio que ha encontrado López Obrador para ocultar información y socavar este derecho, es la ‘seguridad nacional’. Al de declararse una obra como de seguridad nacional; todo lo relacionado con contratos, costos de construcción, permisos… queda b bajo la secrecía y la opacidad militar.
Convertido en el principal enemigo de la transparencia, el presidente instruyó a sus senadores a sabotear la designación de comisionados del organismo, y así logró dejar inoperante al INAI durante 145 días,
Y es que López Obrador está convencido de que él, y solo él, puede decidir qué se debe divulgar y qué no. La democracia, sin embargo, no puede sobrevivir en la opacidad.
Sin embargo, se impuso la ley por encima de los caprichos presidenciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revivió al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, autorizando que sesione con sólo cuatro de sus siete comisionados.
Lo lamentable, es que una vez más, se haya tenido que acudir a la Corte para que intervenga ante los abusos y excesos de los legisladores del régimen, ellos son responsables de que el instituto no haya resuelto 8 mil 236 recursos pendientes.
La comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra, ha sido clara: “el INAI no vino a ser cómodo a las autoridades, sino a garantizar dos derechos fundamentales como el derecho a saber y la protección de datos personales. Cumplimos con la función sustantiva de ser un contrapeso al poder público”.
Esa es la función primigenia de los órganos autónomos constitucionales, ser contrapesos ante el poder público; especialmente si se trata de un gobierno que dice estar en contra de la opacidad, pero que al mismo tiempo le desagrada la transparencia y la rendición de cuentas.
Como era de esperarse, una vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte falló a favor del proyecto del ministro Javier Laynez, los ataques a los ministros y a los actuales comisionados no se hicieron esperar.
La especialidad de la casa, atacar a quienes piensan diferente y a quienes, pese a los señalamientos, aún defienden la democracia y la pluralidad.
Bien por los ministros de la Corte que una vez más hacen valer la Constitución, bien por los comisionados del INAI que nunca se dejaron amedrentar.
Queda claro que el debilitamiento de uno de los órganos autónomos, deriva necesariamente en el debilitamiento de nuestra democracia; mientras que el fortalecimiento y el respeto irrestricto del principio de división de poderes, fortalece al Estado mexicano y enaltece las funciones y el desempeño de la función pública.
Una vez más, podemos afirmar con orgullo que a pesar de López Obrador y los suyos, en México la ley es la ley.
