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viernes 27 diciembre 2024

Un insólito comunicado

por Luis de la Barreda Solórzano

Es verdaderamente insólito el comunicado en el que la CNDH anuncia la desaparición de la oficina especial para el caso de los 43 normalistas victimados en la noche triste de Iguala, la cual fue instaurada por el maestro Luis Raúl González Pérez, quien entonces presidía el organismo, por la gravedad del suceso con el propósito de que éste fuera objeto de una indagación profunda.

Esa oficina, a cargo del maestro José Larrieta, realizó una minuciosa y ardua investigación sobre ese crimen masivo, de la cual es fruto una voluminosa y detallada recomendación —un impresionante documento de ¡2,178 páginas!— que revela el escrupuloso profesionalismo con el que trabajó el equipo de Larrieta.

El comunicado afirma que la oficina fue creada como parte de las investigaciones de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, “cuando 80 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que viajaban en dos autobuses en el norte de Guerrero camino a Ciudad de México fueron interceptados y uno de los vehículos, con 43 de los normalistas, desapareció tras un enfrentamiento contra policías municipales y miembros de la delincuencia organizada”.

Cualquiera que haya seguido las noticias sobre tan doloroso episodio advertirá los inauditos errores en que incurre el comunicado. Para evitarlos no hubiera sido necesario leer la recomendación, sino simplemente atender a lo que reiteradamente se ha dicho y escrito en los medios de comunicación.

1. Los alumnos que salieron de Ayotzinapa no fueron 80, sino entre 108 y 120. En la recomendación se identifica a 108.

2. Fueron dos los autobuses en los que los normalistas se transportaron desde Ayotzinapa, pero se apoderaron de otros cuatro en Iguala. Por tanto, tal como se demuestra y se explica en la recomendación, seis autobuses estuvieron involucrados de algún modo en los hechos.

3. Los autobuses en que se trasladaron los normalistas iban —y llegaron— a Iguala, no a la Ciudad de México. En este punto coinciden todas las instancias que han participado en las investigaciones.

4. Los dos autobuses que salieron de Ayotzinapa jamás fueron interceptados en su trayecto a Iguala. Lo fueron más tarde, en dos sitios distintos de esa ciudad.

5. Los 43 normalistas desaparecidos fueron sustraídos de dos autobuses, no sólo de uno.

6. Hubo dos rutas de desaparición: a) de 23 a 28 alumnos fueron sacados del autobús 1568, interceptado en Juan N. Álvarez y Periférico, y b) de 15 a 20 fueron bajados del autobús 1531, interceptado en el Puente del Chipote.

7. Ninguno de los autobuses, ni los que salieron de Ayotzinapa ni los que fueron tomados en Iguala, desapareció.

8. No hubo enfrentamiento alguno de los normalistas ni con policías municipales ni con miembros de la delincuencia organizada ni con nadie. Los normalistas, como se señala en la recomendación, no iban armados aquella noche.

9. Está plenamente demostrado que los normalistas fueron sustraídos de los autobuses y capturados exclusivamente por elementos policiacos, sin intervención de sicarios no uniformados.

10. Los sicarios tomaron parte en los hechos más tarde, después de la captura, no en la intercepción de los autobuses ni en la sustracción de los normalistas de los vehículos.

Un asombroso rosario de yerros en solamente cuatro líneas. Ésta es ahora, ¡ay!, la CNDH. Nada tiene que ver con aquélla que presidió el inolvidable doctor Jorge Carpizo, la institución del ombudsman que actuaba con profesionalismo, objetividad y autonomía en su delicada tarea de defender los derechos humanos.

Esas características irritaban tanto al gobierno actual que, en una actitud sin precedente, el propio Presidente de la República calumnió al anterior titular del organismo aseverando que guardó silencio cómplice ante los abusos de los gobiernos de la época neoliberal, los cuales, sin excepción, fueron objeto de recomendaciones bien fundadas y motivadas en las que se exigía castigo a los responsables y la correspondiente reparación.

El aniquilamiento de la CNDH —la institución quedó aniquilada, aunque las siglas subsistan— es una desgracia mayor para nuestro Estado de derecho y nuestra vulnerada democracia. La grosera imposición de la actual titular fue un descarado atropello. El comunicado que aquí se comenta es una muestra de la impostura del organismo en su nueva era.


Este artículo fue publicado en Excélsior el 6 de febrero de 2020, agradecemos a Luis de la Barreda Solórzano su autorización para publicarlo en nuestra página.

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