La llamada entre Sheinbaum y Trump quiso vender continuidad, calma y “soberanía”. Pero el análisis muestra que ese discurso se desmorona cuando se contrasta con la realidad del país: el Estado mexicano ya no monopoliza la fuerza y, en amplias zonas, los grupos criminales gobiernan de facto. Hablar de soberanía sin ejercerla es puro ritual.
Considero que la mayor amenaza a la soberanía no viene de Washington, sino del control territorial criminal normalizado dentro de México. Y ahí aparece el punto neurálgico: la negativa del gobierno a clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas, y esto no es diplomacia ni semántica; es una decisión política que protege un equilibrio de poder basado en la coexistencia con actores armados.
Los cárteles usan tácticas que encajan en definiciones internacionales de terrorismo —coches bomba, minas, drones armados, terror sistemático—, pero reconocerlo implicaría aceptar la pérdida de control territorial, exhibir vínculos incómodos entre autoridades y crimen, y elevar las expectativas de acción estatal. Por eso se evita: no por debilidad, sino por autopreservación del régimen.
Estados Unidos enfrenta así un socio que pide respeto, pero evita nombrar a su enemigo interno. Sin un diagnóstico compartido, la cooperación en seguridad queda reducida a gestos simbólicos.
La ironía final es brutal: se invoca la soberanía para frenar una cooperación más profunda, mientras la narco-gobernanza la erosiona desde dentro. La continuidad que Sheinbaum promete no es estabilidad: es la confirmación del problema estructural.
