Mal haría el gobierno al aplicar “el uso de la fuerza pública para hacer valer la ley”, tal cual le exigen diversas voces, contra la CNTE por tener secuestrada la educación y la vida productiva en cuatro estados.
Y no porque quienes rompen con impunidad el orden jurídico no merezcan que el Estado ejerza el monopolio de la violencia que le otorga la Constitución, sino porque, si lo hace, los mismos que se la exigen lo dejan solo, cuando vean las imágenes de un chipote provocado por un bastonazo.
Es un facilismo criticable exigir al gobierno uso de la fuerza para recuperar la armonía social y aclarar que “sin que ello signifique represión o afectaciones a los derechos humanos”. Qué lindo suena, ¡eh! Pero ¿se van a sostener en su posición cuando corra sangre?
Pocas veces antes se quedó el gobierno tan aislado como en el reciente caso Nochixtlán (19 de junio pasado), en el que el discurso prevaleciente es que murieron 11 personas debido al uso de la fuerza por parte de la Policía Federal.
En Nochixtlán los grupos que enfrentó la PF averiaron con proyectiles un helicóptero.
A través de altavoces los policías exhortaron a los manifestantes de Nochixtlán a dispersarse, pero éstos sonaron campanas para concentrar a más vándalos, que agredieron con cohetones, piedras y palos a los policías, a dos de los cuales rociaron gasolina e intentaron quemar.
Tan en su idea de provocar caos estaban que hasta incendiaron un tráiler de pollos vivos que nada tenía que ver con la PF.
Al subir de tono la confrontación en Nochixtlán la policía hizo “uso racional necesario de la fuerza” y empleó agentes químicos para replegar a los agresores. Pero son los policías quienes están en la picota pública. Peor, el jefe de los vándalos, Rubén Núñez, fue liberado de la cárcel.
¿Uso de la fuerza pública para hacer valer la ley? ¿Sí? Por favor, si hasta el Ombudsman, Luis Raúl González Pérez, olvida que la CNDH es parte del Estado mexicano, al que grupos radicales y ONG de dudoso financiamiento señalan por “usar la fuerza pública”.
Más todavía: no tiene en cuenta su responsabilidad como hombre de Estado y se desvive por quedar bien en sus declaraciones y recomendaciones, diciendo y haciendo lo que quieren escuchar y ver esos grupos.
González Pérez acusó “ejecuciones extrajudiciales” por parte de los elementos de la PF que participaron en un enfrentamiento con miembros del crimen organizado el 22 de mayo del 2015 en Tanhuato, Michoacán, en el que murieron 42 sicarios y un policía.
Ahí los sicarios ocuparon un lanzacohetes M-72 LAW, similar al que meses antes unos narcotraficantes activaron para derribar una nave de la Sedena, con saldo de nueve militares muertos, a 300 kilómetros de Guadalajara.
Sin embargo, nuestro Ombudsman no tiene idea de lo que mandó a escribir en su informe, pues en México no existe el término “ejecuciones extrajudiciales” como tipo penal por una razón muy simple: no existe la pena de muerte, o sea la ejecución judicial.
Así que el gobierno no debe oír a esos que le piden usar la fuerza contra la CNTE. Vamos, si cuando la usa contra aquellos que le tumban helicópteros y matan soldados, pocos lo apoyan. El propio Ombudsman defiende los derechos humanos de los criminales, no de quienes nos defienden de éstos.
En Tanhuato los policías se enfrentaron a narcos armados. Usaron la fuerza. Pero ahora les llaman asesinos y quieren llevarlos a los tribunales. ¿Entonces? ¿Uso de la pública para hacer valer la ley?
Mju.
Este artículo fue publicado en La Razón el 22 de agosto de 2016, agradecemos a Rubén Cortés su autorización para publicarlo en nuestra página.
