Este martes 1 de septiembre, el presidente López Obrador deberá, por mandato constitucional, presentar ante el Congreso de la Unión un informe sobre el estado que guarda la administración pública federal.
Esta obligación, es, teóricamente, uno de los principales actos de control del Congreso sobre el presidente, y así debiera entenderse por la representación popular para, en consecuencia, llevar este control constitucional sobre el ejecutivo hasta sus últimas consecuencias. Esto es: fincar responsabilidades penales y políticas al ejecutivo federal si este incumple en sus deberes y responsabilidades.
¿Cómo debiera actuar el Congreso ante el hecho de que el presidente haga uso indebido y fraudulento de los recursos de la Nación, al grado de poner en riesgo la vigencia de derechos humanos fundamentales, de hacer peligrar la viabilidad económica del país y la integridad de la soberanía nacional?
Ante ello, el Congreso debe ejercer sus facultades, incluidas las que recién le fueron asignadas al Senado, para fincar responsabilidades de carácter penal al presidente.
Hasta hace poco tiempo, al presidente solo se le podía acusar por traición a la patria y por delitos graves del orden común, pero resultado de tales reformas al texto constitucional, ahora puede ser señalado por corrupción y por fraude electoral que son delitos graves.
En esta circunstancia, el hecho de que el presidente se encuentre ejerciendo el presupuesto nacional sin sujetarse a los controles constitucionales y legales; sin la vigilancia obligada de la Secretaría de la Función Pública; y sin los límites que la Auditoría Superior de la Federación establece, podría configurarse como actos de corrupción que dañan el patrimonio de la Nación. El caso de que más del 70% de las obras que realiza el gobierno federal sean por asignación directa, y que muchos de estos contratos asignados arbitrariamente, recaigan en amigos del presidente o de sus allegados en el gabinete, se configura claramente como un acto de corrupción que debería ser observado y en su caso, sancionado por el Senado. Y esto mismo debería suceder con los escandalosos actos de corrupción que han cometido integrantes de su gabinete y otros altos funcionarios de la administración.
De igual manera, el Senado y la Fiscalía General de la República, deberían presentar sendas denuncias o atender las que ya fueron interpuestas por fraude electoral, en contra del presidente por la utilización de recursos del presupuesto nacional para hacer propaganda electoral en favor del gobierno y del propio López Obrador, y todo ello, mediante un ejército de empleados gubernamentales denominados “Siervos de la Nación” los cuales se encuentran bajo el control de la Secretaría del Bienestar. Los llamados “Siervos de la Nación”, día a día, elaboran un ilegal censo de personas para hacerlas beneficiarias de alguno de los programas asistenciales, y junto a ello, obligarlas a votar por el partido del presidente. El INE ya ha sancionado este hecho como propaganda que beneficia personalmente al presidente, y sin embargo, López Obrador continúa violentando la Constitución y la ley.
Esto es lo que el Congreso debería investigar y de esa manera, se podría convertir en el poder de control político, tan necesario para impedir los abusos de los presidentes de la República, cualquiera de ellos.
Para legislar sobre esto, es que se necesita una mayoría opositora en la Cámara de Diputados.
